El uso de bombas lacrimógenas ha estado en el debate, después de que carabineros las usó indiscriminadamente, en contra de quienes participaron en las últimas movilizaciones estudiantiles o en las de rechazo a HidroAysén. La nube tóxica que carabineros dejó en el centro de Concepción, el jueves 12 de mayo, motivó el regreso a casa de gran parte de sus transeúntes.
En la Universidad de Concepción se decretó la suspención de clases y actividades, en algunas facultades como la de Humanidades y Arte, el viernes 13 de mayo; un día después de que carabineros dejó heridos a 6 estudiantes, por haber disparado lacrimógenas a su cuerpo. El caso más relevante, por su gravedad, fue el de Paulina Rubilar, estudiante que recibió el disparo de una lacrimógena en su ojo y que hasta el día de hoy está sometida a tratamientos para su recuperación.
Estos hechos han hecho reflotar varios debates sobre el Estado policial al que estamos sometidos. Policial, porque la sociedad, en tanto se expresa y pide explicaciones, las respuestas las recibe de parte de la policía y ya se sabe de qué tipo son. Por otra parte, se ha retomado el debate sobre la inocuidad de las lacrimógenas y sobre la institucionalidad que supuestamente debe fiscalizar su ingreso al país.
Se asevera que su fabricación es israelí y que se les compra a Estados Unidos. Aunque puede dar lo mismo (EEUU – Israel), el manto de dudas sobre la fabricación y compra es causado porque de parte del Ministerio del Interior no se ha otorgado ninguna información. Seguramente, bajo el pretexto de "seguridad nacional".
Sin embargo, los tumbos que ha dado el Gobierno frente al tema, habla mal del tratamiento que tiene la mentada "seguridad nacional". En entrevista con el toxicólogo Dr. Andrei N. Tchernitchin, quien ha realizado estudios sobre los efectos del CS, compuesto químico que contiene el gas lacrimógeno nacional, narró a Resumen algunas de las situaciones que estuvieron detrás de la prohibición y posterior permiso del uso de bombas lacrimógenas que aconteció desde el 17 al 20 de mayo.
Tchernitchin cuenta que "el día 20 de mayo de 2011, aproximadamente a las 13:00 horas he recibido una llamada de la Dra. Pamela Burdiles, del Ministerio de Salud, solicitándome en forma urgente información sobre el disuasivo químico CS". Procediendo a redactar la información y enviarla a las 16:15 horas de ese mismo día.
"Después de enviar el informe, he tomado conocimiento que alrededor de las 12:00 del mismo día viernes se ha levantado la prohibición del uso de gases disuasivos, es decir con anterioridad a la recepción de mi informe y con anterioridad a la hora que me pidieran los antecedentes. En la página web del Ministerio del Interior el "Informe del Ministerio de Salud sobre la ausencia de efectos en salud de los gases disuasivos", que fue base para levantar la prohibición del uso de estos, se mencionaba que "el Dr. Tchernitchin había sido consultado", y figuraban algunas de las referencias bibliográficos de mis trabajos que les he enviado a las 16:15 horas, y que no tienen relación con mis afirmaciones".
En conclusión, afirma Tchernitchin que, "primero se levantó la prohibición y más tarde se redactó el informe en el cual se basó el Gobierno para levantar la prohibición". Es decir, se usó el nombre del toxicólogo para fundamentar una decisión que estaba tomada previamente a que se le consultara.
La información que Tchernitchin envió, es contundente; diversos estudios han declarado que el CS es abortivo. Los experimentos con ratas de Tchernitchin y los estudios de científicos israelitas, coincidieron en ello.
También, se menciona el "riesgo extremo al exponerse al CS", de parte de personas de 0 a 14 años y de parte de personas mayores de 60 años. Se agrega que "el CS presenta efectos adversos en personas hipertensas, o en personas afectadas por glaucoma, o en personas de tercera edad con problemas respiratorios".
Tchernitchin, también pone a disposición del Gobierno estudios que afirman "el efecto mutagénico del CS", es decir, alteraciones en la información genética. Además se adjuntan trabajos que demuestran la capacidad para producir malformaciones fetales del CS y otros efectos.
Todo este cúmulo de antecedentes, aunque fueron solicitados, no fueron considerados. Consultado por el control que hace el Ministerio de Salud de los agentes químicos que contienen las lacrimógenas, Tchernitchin responde que "ninguno, porque hasta este momento depende del Ministerio de Defensa y por lo tanto (el Ministerio de) Salud no tiene ninguna jurisdicción en el tema".
En tanto, el Estado chileno sigue usando las bombas lacrimógenas para disuadir o para impactarlas contra los cuerpos de los manifestantes, la Organización de Naciones Unidas, se sumó a lo que han afirmado científicos a cerca de sus efectos abortivos y otros perjudiciales.
No obstante, el tema de fondo que conlleva la discusión sobre el uso de estos compuestos químicos, es el carácter de esta democracia, que más parece ser la falacia con la que se deja a la clase política y empresarial gobernar impunemente.
Foto de Archivo: Lacrimógenas contra pescadores de Lo Rojas, Coronel, año 2009.
Artículo con la colaboración del periodista Arnaldo Pérez Guerra.
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