[resumen.cl] «En enero de 1981, Augusto Pinochet y la Junta Militar abolieron el seguro social y crearon un nuevo sistema de pensiones dictando el DL 3.500. El DL 3.500 obligó a los trabajadores chilenos a imponer el 10% de sus remuneraciones en cuentas individuales de sociedades anónimas denominadas administradoras de fondos de pensiones (AFP). Las AFPs son grandes empresas con fines de lucro cuyo principal objetivo es la rentabilidad y la seguridad de sus inversiones. El ahorro forzoso de los trabajadores que se ha acumulado, después de cuarenta años, es de 181.000 millones de dólares. El balance del sistema creado es que estos fondos se han invertido principalmente en otras grandes empresas, cuyos principales propietarios son 10 grandes grupos económicos». Esta es una de las conclusiones a las que arribó el Informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a los organismos públicos encargados de la fiscalización de inversiones de las AFP, tales como la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos.

El Informe lo puedes revisar a través de este enlace.

La ratificación de este documento se llevó a cabo con 66 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones el jueves 3 de marzo. Junto con consignar lapidarias conclusiones respecto al funcionamiento del sistema de AFP, también señala entre sus recomendaciones la derogación el DL 3.500.

El texto expone que «el sistema chileno de pensiones de capitalización individual falló en su objetivo primordial y fundamental de entregar buenas pensiones y estableció una institucionalidad débil, laxa y frágil, incapaz de regular el sistema y sus actores», agregando que «la regulación se ha transformado en autorregulación [...] Los conflictos de interés, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada: la institucionalidad demuestra una creciente incapacidad de controlarlos. Se habla incluso de la" puerta giratoria" o de "silla musical" para describir el circulo vicioso de favores y concesiones entre las administradoras de fondos y el órgano supervisor».

Marcha por el fin del sistema de AFP y derogación del DL 3.500

Respecto a los costos propios de este sistema de ahorro forzoso, asevera: «Antes de la privatización, la recaudación de las cotizaciones se hacía normalmente mediante un esquema centralizado bajo el control de las instituciones de la seguridad social. La entrega de dicha función a las administradoras privadas de los fondos de pensiones, creando así un sistema fragmentado de recaudación de cotizaciones, es más caro y menos eficiente e ineficaz». Y, luego especifica: «En Chile el costo de administración era 8% como porcentaje de las cotizaciones, según un estudio de la OIT, y este se elevaba a 19,5 % […] en 2010.»

En cuanto a las pensiones otorgadas por el sistema de AFP y su capacidad de sustituir los salarios de las y los trabajadores, explica: «Las prestaciones y beneficios previsionales se deterioraron y las pensiones son exiguas para la mayoría de los asociados, agravándose las desigualdades de género, y creando pensiones de miseria especialmente para el 57,2% de las mujeres [...] Las tasas de reemplazo según la Comisión Bravo llegaron a una mediana de 15% y sólo de 3,8% para los trabajadores de bajos ingresos».

El informe añade que «los riesgos, fluctuaciones y volatilidad de los mercados financieros se trasladó a los cotizantes, quienes pagan los costos de las perdidas y están obligados a seguir pagando las comisiones legales». En este contexto, «los costos fiscales del sistema son muy elevados, viéndose el
Estado obligado a incrementar los subsidios debido a sus bajos resultados y obligándolo a crear la pensión y el aporte previsional solidario, un sinfín de bonos de retiro, y otros subsidios».

Marcha por el fin del sistema de AFP y derogación del DL 3.500

Las y los autores del texto preguntan «¿a quién beneficia el sistema o quién resultó beneficiado?», para responder: «El discurso oficial y todos los esfuerzos por disfrazar el verdadero objetivo perseguido por el sistema de pensiones creado en 1981, se esfuma ante la abrumadora realidad de la concentración económica y el enriquecimiento desmesurado de los grandes conglomerados económicos derivados principalmente de las inversiones de las AFPs. De todos los propósitos del DL 3500 este es el único objetivo logrado: el fortalecimiento del mercado de capitales, la financiarización de la economía, la híper concentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad. Todo ello está respaldado con cifras irrefutables».

En un intento de hacer un balance general frente al contexto político, el documento establece que «gran parte de la crisis política y social de Chile está vinculada a los 40 años de abusos de la élite oligárquica vinculada a la concentración económica y del poder en Chile, de la cual el sistema de pensiones creado en 1981 es un pilar esencial».

Recientemente, con una amplia adhesión ingresó a la Convención Constitucional una Iniciativa Popular de Norma denominada Por el Derecho a la Seguridad Social: Por el fin a las AFP, que debiera ser discutida prontamente por las y los convencionales.

Fotografía principal: Archivo de Resumen.

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DL 3500