[resumen.cl] Una vez conocido el acuerdo de los partidos políticos con representación parlamentaria, con excepción de algunas agrupaciones de izquierda, se abren más dudas que certezas. Un ánimo de confusión está acechando a todo el mundo, mientras la calle no para de movilizarse, apretando hasta la asfixia a la élite política, con todos los costos humanos que el pueblo pone, el ahogo de las instituciones se hace cada día más evidente y este acuerdo es muestra de ello.

Gracias al mes de movilizaciones todas las instituciones chilenas se han visto cuestionadas, partiendo por el gobierno, las fuerzas armadas y hasta los medios de comunicación oficiales, esta revuelta ha puesto de cabeza a todo el mundo y las respuestas de los políticos deben revisarse minuciosamente, porque si de una cosa estamos seguros, es que todos desconfiamos. Lo cierto es que el gobierno ya no tiene iniciativa y esto ha hecho que los partidos de derecha se vean descolocados, cuestión que están aprovechando los partidos opositores.

Los grupos movilizados, por otra parte, están reaccionando fuertemente en contra del acuerdo de la cocina dada su nula participación en el proceso institucional, pero por otra parte no muestran mayor desarrollo de iniciativas que organicen un mecanismo popular constituyente, esto hace pensar en una lucha por quien detenta la legitimidad del proceso o el sometimiento a los partidos del orden, las próximas semanas serán claves para resolver esto.

Si bien es cierto que la calle obligó a mostrar la verdadera cara de la elite política, y desenterrando a Jaime Guzmán, acordaron un mecanismo gatopardista y con amarras para una nueva carta fundamental que establece algo parecido a una asamblea constituyente (convención constitucional), pero con los quórums propios de la vieja constitución pinochetista. De las cosas que hemos ido viendo hay varios elementos preocupantes

1.- el quórum restringe a un 66% de los votos en la convención para aprobar una disposición o artículo de la nueva constitución, esto pudiera verse como una posibilidad, pero esto nos lleva al siguiente punto

2.- la elección, todavía en revisión por una comisión técnica de los partidos del acuerdo, sería espejo de una elección regular de tipo representativa, es decir, se elegiría la convención por listas de partidos o candidaturas independientes, por lo tanto, se restringe la electividad, dejando afuera al mundo social, sindical, indígena, etcétera, a menos que se presenten en una lista de partido, esto ha puesto en alerta a las organizaciones movilizadas. Visto eso ¿qué debiera ser la convención constitucional?

3.- La convención se define en el acuerdo con carácter delegativo, lo que está bien, tiene una función específica y luego se disuelve, ahora bien, si esta obedecerá a partidos políticos es evidente que su lógica será representativa de un grupo de interés, cuestión que contraviene la delegación, llevar un mandato y someterlo a discusión, esto es aún más grave cuando la moratoria es de un año para que los convencionistas puedan presentarse a una elección de representación popular (trampolín político).

4.- Los plebiscitos de entrada y salida son una buena noticia, pero son una ratificación de proceso, no significan el contenido del debate a tener, es por ello que los movilizados/as deben aclarar el rol de los cabildos y asambleas en una estructura y derrotero más definido, para que ello exprese con claridad la soberanía popular.

Hay una creciente molestia entre los movilizados/as por este acuerdo que no los contempló ni tan solo los consultó, debemos considerar que la soberanía reside en lo pueblos, y por lo tanto, la primera cuestión es definir un mecanismo territorializado, comunal, provincial, por pueblo nación originario, que definan su carácter y deleguen a la asamblea constituyente para el debate y redacción.

Llegados a este punto reforzamos la encrucijada actual: optamos por la salida institucional, marcada por la cocina y que traslapa la vieja y la nueva constitución, burlando la soberanía; o por otro lado el mundo social movilizado se ordena y propone un mecanismo que nazca de la soberanía de los pueblos y lo traslade a un mecanismo democrático y territorializado que desemboque en una nueva constitución que garantice los derechos sociales y políticos.