El reciente fin de semana concluyeron las conversaciones entre el Ministerio del Trabajo y la CUT sobre los puntos a abordar de la reforma laboral. La agenda laboral pasó a una segunda etapa donde se tratará de convencer a la clase política acerca de las necesidades de transformaciones en el sector laboral.

Un hálito de duda, más que de optimismo, deja la gran complacencia de la multisindical con el gobierno, ya cuestionada por gran parte de sus propios afiliados por no mostrar autonomía respecto del gobierno de Michelle Bachelet. El optimismo mostrado por la central se contrasta con las declaraciones hechas por el ministro Alberto Arenas en Chile day, efectuado en Londres, donde señaló a los empresarios que las posibles medidas laborales se llevarán de manera consensuada. El ministro anunció que de hecho el mismo será quien conducirá las conversaciones.

Las dudas se dan fundamentalmente, por las opiniones de los gremios patronales que han sostenido tozudamente que el escenario de desaceleración económica no deja en buen pie las mentadas reformas laborales. Lo cierto es que en otros periodos han sido otras excusas las que han postergado no solo las posibles reformas, sino el mismo diálogo en torno a ellas.

La postura inamovible del gran empresariado, guarda relación con que el principal factor de acumulación de riquezas en el país es el trabajo precarizado. ¿A qué consensos se refiere el Ministro?

Una de las demandas mas sentidas de la Multisindical ha estipulado la propia Bárbara Figueroa, es dar más poder a los trabajadores. Lo cierto es que las propuestas acerca de la titularidad sindical, la negociación supraempresa -sin modificar el concepto de empresa-, el reemplazo de los trabajadores en huelga y la utilización abusiva del despido por necesidades de la empresa, no van en ese sentido. Fundamentalmente porque las demandas de la CUT no interpelan al principal concepto que permite las abusivas prácticas en las relaciones laborales: el concepto de empresa. Es decir, modificarlo para impedir la subcontratación, estableciendo que las empresas no puedan externalizar tareas que le son propias. En el fondo, el mecanismo de subcontratación es el que históricamente debilita el poder de negociación de los trabajadores, impidiendo lo que se denomina el sueldo por oficio, o por rama (a igual trabajo, igual salario).

Por estas razones hay serias dudas que la agenda laboral del gobierno busque grandes transformaciones en las relaciones laborales. Sobretodo cuando hay una multisindical que basa su «conducción» en la cercanía con el gobierno y su buena disposición, completamente alejados del motor de cambio de la historia de las relaciones laborales: la movilización social.

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