Después de 7 años de tensiones y rechazos, el proyecto de la planta incineradora continúa enfrentando oposición en la comuna de Lautaro producto del peligro que supone su implementación. La co-fundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) explicó a Resumen las irregularidades presentes en la tramitación del proyecto, el cual se encuentra ad portas de ser evaluado en el Comité de Ministros.

Por Michelle Martínez

En 2016, se dio a conocer la búsqueda de la implementación del proyecto WTE («Waste To Energy») en Lautaro, región de La Araucanía. La iniciativa consiste en la implementación de una planta incineradora de basura como una alternativa a la gran cantidad de vertederos ubicados en la comuna. A lo largo de estos años, organizaciones sociomedioambientales, comunidades mapuche e incluso la misma municipalidad de Lautaro, han declarado su oposición al proyecto considerando el profundo impacto ambiental que podría tener.

Por lo mismo, el año pasado, tras ser rechazado el proyecto en la Comisión de Medioambiente de La Araucanía, la iniciativa en la actualidad se encuentra a la espera de la votación del Comité de Ministros, instancia en la cual incurrió WTE Araucanía, la empresa a cargo del proyecto de planta incineradora, para apelar su aprobación tras el rechazo de la Comisión compuesta por los seremis regionales.

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Desde 2016, el proyecto se ha visto altamente cuestionado debido a que la instalación de la planta podría suponer un desastre medioambiental de acuerdo a lo declarado por Alejandra Parra. «La instalación de la planta WTE podría convertir fácilmente a Lautaro en una zona de sacrificio. La comuna se encuentra al borde de la saturación por material particulado, y a eso se le sumaría la emisión de sustancias tóxicas para la salud de las personas, como las dioxinas, los furanos y los metales pesados. Además del aire, la alimentación de las personas también se vería afectada, ya que la emisión de sustancias contaminaría también la producción de alimentos de la comuna».

«La situación sobre el material particulado es crítica», enfatiza la integrante de RADA, agregando que la situación, «está reconocida incluso por el titular del proyecto. Su única respuesta en la última adenda menciona que van a compensar esas emisiones, pero tampoco se describe alguna metodología. Entonces, es absurdo aprobar un plan que pretende de manera milagrosa compensar esas emisiones sin poner en riesgo a la salud de las personas de la comuna, lo que termina siendo una violación al derecho de la salud de las personas de la comuna, además de los derechos ambientales»

El proyecto, que contempla un presupuesto de más de 80 millones de dólares, tiene un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que favorecía su implementación, pese a que existieron graves observaciones en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Actualmente, la iniciativa se encuentra a la espera de ser evaluada por el Comité de Ministros, el cual realizará una resolución para discutir su aprobación.

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Si bien, existen una serie de observaciones respecto al impacto ambiental que tendrá la planta incineradora en Lautaro, también existen una serie de irregularidades detectadas en el planteamiento del proyecto, que se encuadran dentro de los requerimientos mínimos que un proyecto de tal magnitud debe cumplir para su aprobación.

Irregularidades en la gestión y evaluación del proyecto WTE

Las principales irregularidades de la gestión del proyecto mantienen relación con tres puntos. El primero, se vincula con la manera en que a lo largo de estos 7 años el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no ha realizado el proceso de Consulta Indígena para el proyecto. El segundo, guarda relación con la manera en que la aplicación de la iniciativa no coincide con los planteamientos del Plan Regulador Comunal de Lautaro. Finalmente, el tercero se vincula con las distintas instancias que ha abierto el SEA para que la empresa realice tres adendas para rectificar las observaciones realizadas al proyecto sobre su impacto ambiental en la zona de Lautaro.

La Consulta Indígena es uno de los requisitos básicos para la implementación de un proyecto que produzca un impacto ambiental significativo en sectores aledaños, en este caso, a comunidades mapuche. Por otro lado, el Plan Regulador Comunal de Lautaro, detalla específicamente que se prohíbe la instalación de proyectos que quemen basura de acuerdo a lo comunicado por el municipio de la comuna.

En relación a las adendas, estas se definen como las correcciones que elabora una empresa ante las observaciones que emite el SEA mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que debe implementarse en caso de que un proyecto posea un impacto ambiental significativo. En el caso de la planta incineradora, considerando las masivas características de la iniciativa, le correspondía realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el que debería ser aprobado para acreditar el cumplimiento de la normativa dispuesta en la Ley de Bases del Medio Ambiente.

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«El reglamento del SEIA explica que se puede emitir una adenda, y en el peor de los casos, publicar una adenda complementaria a partir de lo observado por los servicios públicos, pero el proceso llega hasta ahí. Si hubiese una razón de peso, se puede emitir más de un oficio. En estos 7 años de gestión del proyecto, se han realizado tres adendas para que la empresa rectifique sus observaciones, pese a que el planteamiento de la planta incineradora de por sí incumple con otros reglamentos que son requisitos mínimos, como lo es realización de la Consulta Indígena o el cumplimiento del Plan Regulador Comunal de Lautaro», explicó Alejandra Parra.

Acota que, «ya con esos antecedentes, de base no se debería aprobar la ejecución del proyecto, y mucho menos dar oportunidades para que la empresa WTE Araucanía subsane sus errores. No hay una justificación detrás de la cantidad de adendas, y es una grave irregularidad, porque implicaría que el proyecto simplemente tiene oportunidades infinitas para mejorarse y pierde todo el sentido la aplicación del SEIA».

En 2022, la Comisión de Medio Ambiente de la Araucanía, compuesta por los distintos Seremis junto al delegado presidencial de la región, rechazó el proyecto WTE Araucanía tras evaluarse el negativo impacto que la iniciativa podría tener en la zona de Lautaro.

Durante esta instancia, la votación se realizó en presencia de las comunidades mapuche de Lautaro afectadas, además de los integrantes de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA). Todos los integrantes de la comisión votaron en contra del proyecto, excepto Andrea Flies, ex directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hasta junio de 2022 y ex seremi de Medio Ambiente de La Araucanía durante el gobierno de Sebastián Piñera.

«Aquí se demuestra que hay un empecinamiento por parte del Servicio de Evaluación Ambiental para que este proyecto sea aprobado, ya que la empresa nunca terminó de resolver las observaciones emitidas ni por los servicios públicos, ni por la ciudadanía, y, aun así, el SEA el año pasado recomendó aprobar el proyecto en su Informe Consolidado antes de que se votara a nivel regional», relata la integrante de RADA.

En la actualidad, la implementación de la planta incineradora de residuos se encuentra a la espera de la respuesta del Comité de Ministros, el que no maneja una fecha tentativa para su realización. Sin embargo, a partir de lo comunicado por RADA y la municipalidad de Lautaro, se proyecta que la votación se realice antes de fin de año.

«Es difícil predecir si el Comité de Ministros será realmente la instancia final para el rechazo del proyecto. Además del Comité, existen dos posibles instancias a las que la empresa puede llegar a recurrir. Está el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema. Si se volviera a rechazar el proyecto, la empresa puede apelar al Tribunal Ambiental, y si se volviera a rechazar el proyecto en los tribunales, la empresa puede llegar a la Corte Suprema» explica Alejandra Parra.

«Del mismo modo en que existen muchos recursos a los cuales la empresa puede llegar a incurrir, si el proyecto se aprueba, nosotros también podemos apelar a través de las mismas instancias por medio de la participación ciudadana. Desde RADA, nosotros continuaremos presionando, presentando recursos, así como lo hemos hecho desde el planteamiento del proyecto, con el fin de continuar estableciendo la alerta ambiental en alto, y así apoyar a las comunidades mapuche y a las organizaciones de Lautaro que protegen su territorio como parte del ejercicio de sus derechos humanos» concluyó la bióloga a Resumen.