El trabajo en la Convención Constitucional se encuentra en su fase final para prontamente entregar el proyecto de nueva Constitución para reemplazar a la de Pinochet mediante un plebiscito el 4 de septiembre. Entre las propuestas aprobadas por el pleno esta semana destaca el límite a los estados de excepción constitucional para casos muy específicos, así como el fin del carácter militar de la policía.

Por Alejandro Baeza

Fue en la jornada cuando en el pleno de la Convención Constitucional se votaron las normas de segunda propuesta de la Comisión de Sistema Político. Esta propuesta fue aprobada por 106 votos, 33 en contra y 12 abstenciones, consigna que «sólo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución».

La convencional co-coordinadora de la comisión, Rosa Catrileo, comentó en la presentación del informe que «la comisión ha propuesto un nuevo diseño institucional en esta materia. Destacar que se ratifica la exclusión del Estado de Emergencia, eliminándose con él el reflejo de la doctrina de seguridad nacional que la comisión ha resuelto abandonar».

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Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, comentó que «quisiera decir que en el artículo 16 aprobado hasta el momento establece que las Fuerzas Armadas son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, colaborarán con la Paz y seguridad internacional, eliminando el actual artículo 101 de la Constitución donde se refiere en general a la seguridad nacional bajo lo cual hoy se justifican algunos dictámenes que habilitan la colaboración en otros aspectos fundamentales. Con la propuesta de la comisión las Fuerzas Armadas tendrán solo un rol dentro del territorio nacional en contexto de excepción constitucional y esto deja un vacío sobre el rol de colaboración que pudieran cumplir las Fuerzas Armadas fuera de un estado de excepción o fuera del resguardo de la soberanía».

El artículo señala que «una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría de los Pueblos, en la forma que establezca la ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley».

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Cabe recordar que militares cumpliendo labores de orden público con un estado de emergencia para el Estallido Social se tradujo en crímenes de lesa humanidad y muertes, los que aún se encuentran investigados por tribunales. En el caso de nuestra región, durante estado de excepción en el Biobío han asesinado a una persona: pasó tras el terremoto de 2010 cobrándose la vida de David Riquelme, el 2019 durante el Estallido Social con Manuel Rebolledo y con el último estado de excepción para el Wallmapu con Yordan Llempi en la Provincia de Arauco.

Desmilitarizar la policía

Asimismo, el día lunes también el pleno determinó que las policías, tanto Carabineros, la PDI u otra futura, serán "instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado" y dependerán del ministerio a cargo de la seguridad pública. Además, estas deberán incorporar la perspectiva de género, promover la paridad y actuar respetando el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, "con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución".

Cabe resaltar que se trata de un cambio importante respecto a la legislación actual, pues la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece que "es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho".

Con esto,  se abre la posibilidad de comenzar a cambiar la estructura decimonónica de Carabineros de Chile., cuerpo fundado en 1927 por el dictador Carlos Ibáñez del Campo, inspirada en el modelo italiano de policía-militarizada llamada «Arma de Carabineros» creada en el en el Siglo XIX, considerada al igual que acá una cuarta rama de las Fuerzas Armadas. En la dictadura fascista del contemporáneo de Ibáñez, Benito Mussolini, y durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada como policía política para reprimir la oposición al régimen. Muchos de sus integrantes fueron juzgados por crímenes de guerra tras la derrota y rendición ante los aliados. Con el final de la guerra, los carabineros italianos fueron relegados a cumplir rol de frontera y ocupar las funciones de policía militar, incluso en el extranjero como ocurrió tras la invasión a Irak por EEUU en 2003. Por su parte, ahora es mayoritariamente la «Policía del Estado» -un cuerpo completamente civil- el encargado de las funciones de prevención de delitos.

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Es por este motivo que nuestra policía es un caso atípico en el mundo. Carabineros de Chile representa un modelo anacrónico y cada vez más escaso a nivel internacional por varios motivos. Uno de los más llamativos es precisamente su innecesaria estructura militar, no sólo en el color, la vestimenta o el militarizado grupo antimotines, sino porque derechamente mantiene grados marciales absurdos en su pirámide jerárquica. Es un caso anormal que una fuerza policial -al menos en un país que se dice democrático- tenga generales, tenientes, coroneles, sargentos, etc., o que posea carros blindados, tanquetas, escopetas, armas automáticas y desfilen durante el llamado «Día de las glorias del EJÉRCITO» (19 de septiembre), despilfarrando una cantidad innecesaria de recursos públicos y tiempo que bien podrían ocuparse en el combate del crimen organizado, el narcotráfico o la preparación para hacer frente de forma efectiva a catástrofes ambientales e ir en apoyo de la población afectada.

Esta estructura militar se replica en tradiciones atávicas como exigir cortes de pelo y peinados estandarizados, detalles que podrían parecer triviales, pero que forman parte de la estandarización de su personal como una tropa, así como el hecho de tener dos escuelas para formación de funcionarios cuyo único criterio de selección es la clase social a la que pertenecen, es decir, donde le enseñan a los pobres a obedecer órdenes y los ricos a darlas, una segregación por motivos de dinero que es un verdadero «Muro de Berlín» para sus funcionarios y funcionarias para impedir el acceso de la clase trabajadora a los cargos de dirigencias (salvo por insignificantes excepciones aceptadas para intentar hacer ver que «es posible»). Una suerte de guardia pretoriana de los grandes grupos económicos, destinado a protegerles a toda costa y bajo cualquier método.

Militares cumpliendo rol de policía va más allá de una simple interpretación teórica, pues sus funcionarios están sometidos al código de justicia militar como cualquier otro soldado, lo que se ha traducido en la incapacidad de someterlos a juicios justos.

Asimismo, durante la revelación del llamado «paco leaks» en donde hackers hicieron públicos cientos de expedientes policiales, se demostró la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles, incluso de agrupaciones de personas enfermas de cáncer. Una revelación que confirma que no se trata de una policía neutra, no es de «de todos los chilenos» sino que es el cuerpo policial de un sector político, la derecha, estando dedicada a perseguir a sus adversarios.

La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito, sino en ser una policía política. El despilfarro de dinero y emisión de gases contaminantes por darse el gusto de sobrevolar en helicópteros en círculos durante horas y horas alrededor de las marchas durante casi todos los días de octubre a diciembre son una muestra de aquello y de hasta dónde están dispuestos a llegar, por lo que requiere cambios urgentes, siendo la desmilitarización apenas el primero de ellos.

De todas formas, los atributos de las policías aprobados por el Pleno son similares a los que contempla la Constitución de 1980, aunque -esta vez- separando a las policías de orden y seguridad pública de las Fuerzas Armadas, como "cuerpos armados".

Además, se rechazó el inciso que buscaba establecer explícitamente en la Constitución que las policías Carabineros e Investigaciones (PDI), por lo que queda abierta la posibilidad de crear de nuevos cuerpos policiales en el futuro, ya sea para territorios autónomos, para labores específicas como el tránsito o derechamente para reemplazar a las existentes.