Por Valentina Riveros / resumen.cl

El pasado 19 de octubre, millones de personas en Latinoamérica se manifestaron mostrando repudio al machismo y los actos de violencia cometidos contra la mujer que han llegado a terminar con la vida de muchas, como lo fue el caso de Lucía Pérez, una joven de 16 años que fue violada y empalada en Mar del Plata. Las chilenas y chilenos que durante ese día salieron a las calles con vestimenta negra también llevaban sus propias consignas, buscando justicia para las 27 víctimas de femicidio en lo que va del año y para Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que fue obligada a dar a luz a su hija engrillada.

Las injusticias cometidas contra Lorenza remontan tiempo antes de su embarazo, ya que al ser mujer, indígena y parte de la comunidad Mawidanche, es constantemente violentada por las fuerzas policiales y los prejuicios de la sociedad. El 15 de diciembre del pasado año, cerca de 100 efectivos del ERTA (PDI) allanaron las viviendas de la comunidad, procedimiento que tuvo como consecuencia una sentencia de cinco años y un día para ella, bajo el cargo de robo con intimidación, todo esto, gracias a la declaración ilegal de un cooperador ocasional de la Policía de Investigaciones, del cual se desconoce la identidad. El "cooperador ocasional" habría entregado informaciones a la policía de que se responsabilizaba del ataque dirigido a un grupo de trabajadores de la empresa Fumivar que viajaban en una camioneta mientras se trasladaban por el camino interior del Predio Lautaro en el sector de Antiquina, a miembros de la familia Cayuhan, y también señalando quienes lideraban el ataque y la ubicación de armas.

Luego de que el juez dictara la sentencia, Lorenza ingresa a la cárcel de Arauco el 20 de septiembre con 28 semanas de embarazo, luego de haber estado por tres meses en prisión preventiva. Durante el comienzo de su estancia en la cárcel su salud no presentó anomalías, hasta dos semanas previas a su parto, donde, según declara su hermano José Cayuhan, "estábamos notando que se le hinchaban mucho la cara y las manos, y ella empezó a sentir malestares propios del embarazo, como contracciones y dolor abdominal". Ante esto, ella solicita asistencia a la paramédico de gendarmería, quién ignoró su situación.

No fue hasta el día jueves 13 que, luego de solicitarle a la Suboficial mayor, quien ordenó a la paramédico del recinto que la examinara, la trasladaron al Hospital de Arauco por complicaciones del embarazo. Ante la gravedad de su situación, fue derivada al Hospital Regional de Concepción (Guillermo Grant Benavente), pero dada la falta de camillas para poder atenderla, la llevaron a la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán.

Durante todo este periodo de tiempo, y pese a las condiciones en las cuales Lorenza Cayuhan se encontraba, fue acompañada por personal masculino de gendarmería y la mantuvieron esposada en casi todo momento (haciendo excepción sólo durante le realizaban exámenes médicos, pero no al momento de dar a luz), quienes no le permitieron comunicarle a su familia la situación en la que se encontraba; fue una de las médicas del recinto quién se contactó con sus padres para informarle el estado de salud de su hija y nieta.

La falta de respeto cometida con la intimidad de la mujer va más allá de lo que podrían defender como protocolos para alguien que está cumpliendo una condena, ya que violentan su privacidad y al mismo tiempo ponen en riesgo tanto su salud como la de su hija, ya que un procedimiento quirúrgico tan complejo como lo es una cesárea, requiere de medidas de seguridad que deben cumplirse. Una de ellas, es quitar cualquier artefacto metálico que la paciente porte, en caso de que deba usarse un bisturí eléctrico.

Pese al degradante trato por parte de Gendarmería, Lorenza y su hija resultaron ilesas del parto, quedando sólo bajo observación para evaluar los signos vitales de la lactante, pero respecto al ámbito psicológico, será necesario que la madre se someta a terapia para poder superar esta experiencia traumática. Respeto a esto, su familia está en espera de que el Colegio Médico le brinde la ayuda necesaria que prometieron.

El caso ha causado controversia en la ciudadanía no sólo por el contexto de lucha social contra la violencia de género en el que se situó, sino por cómo, nuevamente, los derechos de la comunidad mapuche son violentados por la justicia chilena. Ante esto, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS emitió una declaración en la que señalan:

"Los hechos descritos se ajustan dramáticamente a un comportamiento violento que parece haberse empezado a hacerse habitual en Chile, país que ostenta el cuarto lugar en la comisión de femicidios en América Latina. Pero llama la atención que, en esta oportunidad, sea el Estado quien exhibe este trato denigrante en contra una mujer de nuestro pueblo haciéndola dar a luz, engrillada y en presencia de tres representantes de Gendarmería, personal dependiente del Ministerio de Justicia.

El CODEHS eleva su voz de protesta ante este hecho y exige de las autoridades inmediatas sanciones en contra de quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de corregir tal conducta y no lo hicieron sino, por el contrario, con su silencio y tolerancia cómplices colaboraron a su realización".

Lorenza Cayuhan y toda su familia se han transformado en una de la muchas causas que motivan a la ciudadanía para que día a día se levante y manifieste en contra de las injusticias que comete el Estado chileno contra las comunidades mapuche, cuyo pueblo se ve amenazado por los intereses económicos de la industria forestal, energética y latifundista, defendidos por la casta política de manera cada vez más violenta.

Esta semana, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió a trámite la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra Gendarmería por los presuntos delitos cometidos en el caso de Lorenza. Lo singular de la medida, es que la investigación que se realizará indagando a Gendarmería los hará el Ministerio Público, el mismo que ha sido cuestionado por utilizar una declaración ilegal a través de un cooperador ocasional entregada por la PDI para encarcelar a 7 miembros de la comunidad Mawidanche de Alto Altiquina, entre los que se encuentra Lorenza Cayuhan.