Al comenzar su periodo, el Gobierno intentó ganar partidas haciendo anuncios en diversos ámbitos, encontrándose con organizaciones sociales que les han preguntado cómo, cuándo y qué más. En educación, Bachelet y el ministro Eyzaguirre hicieron lo mismo, prometiendo gratuidad de la educación superior y desmunicipalización de la enseñanza media y básica.

Para analizar el escenario debe consignarse que los anuncios realizados son producto de la repercusión política provocada por las movilizaciones sociales que han exigido cuestiones más concretas que lo comprometido hasta aquí. 

Estadísticas 

El debate en torno a la educación ha surgido debido a que la forma en que ésta se ha gestionado desde el Estado no ha cumplido con las expectativas de ascenso social puestas en ella. En el marco de una cultura capitalista, la educación y sus certificados constituyen una mercancía, permitiendo acceder a niveles de consumo proporcionales a ellos. La frustración del incumplimiento de esta promesa es cotidiana y tiene momentos críticos luego de la publicación de diversas estadísticas agravantes del nefasto diagnóstico. 

Un ejemplo fue el Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta, publicado en septiembre de 2013 y conocido por haber concluido que «un 44.3% de la población adulta en Chile se encuentra en una situación de analfabetismo funcional en textos, un 42% en documentos y un 51.4% en el área cuantitativa». No obstante, contiene afirmaciones y resultados que complejizan el escenario. 

En la presentación del informe, la Cámara Chilena de la Construcción, como solicitante del estudio, declara que «se hace evidente la existencia de marcadas brechas en la capacidad de los trabajadores para enfrentar la demanda de un mercado laboral cada día más complejo y especializado. Una parte de estas brechas responden a variables propias del avance económico y tecnológico… Sin embargo, existe una serie de otras deficiencias y vacíos que, no obstante estar fuera del ámbito de la empresa, impactan también en la productividad de ésta y en la empleabilidad de los trabajadores… Desde la primera entrega del estudio (1998) hemos constatado la persistencia de vacíos relevantes de habilidades básicas en los trabajadores, no obstante el previsible aumento en la escolaridad alcanzada por éstos». 

En el estudio se establecieron 5 niveles para la medir la «habilidad de entender y utilizar la información impresa en actividades cotidianas en el hogar, la comunidad y el trabajo». Pudiendo apreciar que, «más del 80% de la población chilena se ubica en los dos niveles inferiores de competencias básicas en todos los dominios. Lo que en términos generales indica que la gran mayoría de la población adulta no es capaz de comparar e integrar información, así como tampoco de realizar inferencias o cálculos matemáticos a partir de la información». 

Si bien, el informe reconoce una relación proporcional entre los años de escolaridad y estas habilidades, destaca que «un 27% de los individuos con educación superior poseen un nivel 1 de alfabetización en prosa, y un 38% nivel 2». 

Este el diagnóstico del empresariado y su preocupación por una población incapaz de obedecer instrucciones, porque no las entiende, a pesar de acumular más años de escolaridad que antes. Pero, muy lejos de esta idea de calidad educativa, es necesario tener presente que la educación, sólo es una expresión del proceso de culturización que viven las personas y, así como las otras, debe promover el desarrollo de sus capacidades para el ejercicio de la autonomía. 

Medidas 

Ahora, volvamos. ¿De qué modo, los anuncios gubernamentales representan las aspiraciones de la sociedad, respecto a su educación? Eso no lo explica ni el programa, ni las 50 medidas, ni los «expertos», y no lo hacen porque cualquier intento se muestra como falaz si no se pone fin a normas y permisos que marcan la educación actual, impuestos desde la década de 1980. 

La necesidad de estos cambios ha sido el sustrato de la movilización y su rechazo, abierto o velado, por parte de la clase política se explica porque amenazan los pilares de una educación que debe reproducir pobreza y ser un negocio. 

En cuanto al sistema escolar, es necesario: 

-Terminar con el sistema de subvenciones.

Los establecimientos no pueden financiarse a partir de un factor tan variable como la asistencia de los estudiantes. Es necesario que éstos tengan proyectos educativos y un financiamiento de acuerdo a ello. Si bien, recientemente, el gobierno ha comprometido cambiar su asignación a una «por sala», otorgada por matrícula estudiantil y por número de profesores, las subvenciones siguen siendo un mecanismo impedido de responder satisfactoriamente a las necesidades de la comunidad y piedra angular del lucro. 

-Terminar con los establecimientos particulares subvencionados

Las subvenciones son el motor del negocio de empresas que venden servicios al Estado, mientras éste precariza sus propios servicios. En cuanto a educación, la población ha observado cómo los particulares subvencionados ya sobrepasaron la matrícula de los establecimientos de administración municipal, seleccionando al estudiantado, implementando el copago y sus sostenedores apropiándose de recursos públicos mediante procedimientos, incluso legales. Hoy, muchos de éstos se han convertido en Corporaciones, es decir, cadenas de colegios destinados a nichos sociales, fomentando la segregación social. El Estado debe recuperar el control de la educación, pues el único motivo que explica que sostenedores privados se hagan cargo de su administración es el ánimo de lucrar. Sólo Piñera se ha atrevido a hablar de filantropía. 

-Acabar con la Jornada Escolar Completa (JEC)

En 1997 se aprobó el decreto que ordenó a los establecimientos a extender su jornada. El Ministerio de Educación llamó a las nuevas horas «de libre disposición», orientadas a desarrollar actividades artísticas, deportivas, recreativas o que complementaran lo realizado en la jornada tradicional. Esta medida se impuso planteando que los establecimientos son los únicos espacios de educación y por lo tanto existe una relación proporcional entre el tiempo en éstos y los aprendizajes. De esta manera, la JEC era un medio de igualar oportunidades entre los niños de diferentes situaciones económicas. 

No obstante, los resultados no han sido los prometidos. En el contexto de la JEC han aumentado los niveles de conflictividad y violencia al interior de los colegios. Según diversos estudios, las horas de libre disposición se usan para reiterar contenidos vistos en la jornada tradicional y que se evaluarán en pruebas tales como SIMCE y PSU. Algunos investigadores han calificado a la JEC como el gatillante de un ambiente carcelario, donde los estudiantes asumen el rol de reos, en tanto profesores y asistentes educativos, el de gendarmes. 

La mantención de la JEC, acusa las razones que motivaron su imposición, ocultas en el discurso oficial. Su instauración estuvo en función de la precarización laboral. Los adultos que tutelan a los estudiantes deben trabajar largas jornadas, sin poder atenderlos. Y el Estado, en vez de promover el acortamiento de la jornada laboral y aumentos salariales, extiende la jornada escolar. 

-Abrir espacios de participación vinculante, de parte de apoderados, estudiantes y profesores en cuanto a definiciones curriculares y metodológicas de los establecimientos.

Actualmente los profesores sólo tienen un rol consultivo en las decisiones que respectan al currículo y metodologías utilizadas en los establecimientos. Estudiantes y apoderados, pueden tener cierta incidencia en tanto se planteen como clientes, con las limitaciones del propio mercado. La democratización de las decisiones es condición necesaria para conocer las necesidades y alternativas para satisfacerlas. La universalidad del currículo y de los métodos, constituyen un absurdo, válido sólo para quienes esperan que el sistema escolar reproduzca un pensamiento único, acrítico y autoritario. 

-Respecto a los trabajadores de la educación, es necesario

a.-Igualar las horas de clase con la cantidad de horas asignadas a prepararlas.

b.-Facilitar el retiro anticipado de quienes muestren dificultades producto de su experiencia.

c.-Un programa de formación continua bajo el control de los trabajadores y no bajo los intereses de las Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo (ATE), verdaderas contratistas del mercado escolar.

d.-Descongelamiento del ingreso mínimo para los trabajadores de la educación y titularidad para quienes han permanecido a contrata.

-Retiro de inmediato del proyecto de Ley de Carrera Docente

El año pasado la en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley que fijará cambios en la carrera de los docentes municipales. Una de las medidas que registra es la implementación de una prueba que decidirá la habilitación de los recién egresados de pedagogía o cualquier profesional para ejercer como profesor. Aquí la clase política reconoce la deficiente formación que reciben estudiantes de pedagogía, sin embargo, en vez de fiscalizar el negocio de las universidades e institutos, imponen exclusivamente sobre los recién egresados la responsabilidad de su preparación. Por otra parte, un examen no constituye en sí mismo una herramienta que acredite la preparación de los profesores, de hecho, puede darse que las instituciones se orienten a entrenar estudiantes en lo que estrictamente se evaluará en el examen, restringiendo más aun su formación. 

También el proyecto contiene un cambio en la conformación del salario de los profesores, en que una buena porción de éste será flexible y sujeto a una evaluación de desempeño del profesorado sin establecer criterios para ello, dejando al arbitrio de las autoridades esta posibilidad. Además, establece de un comienzo que las calificaciones de excelencia están reservadas para un porcentaje de la planta docente, propiciando a que se compita por ellas. 

En cuanto a la educación superior 

-Para una gratuidad sin lucro, es necesario

a.-El cese de la entrega de fondos públicos a las instituciones privadas.

El proceso de enriquecimiento de las instituciones privadas de educación superior fue impulsado por el Crédito con Aval del Estado (CAE), aprobado el 2005, cuando Eyzaguirre era ministro de hacienda de Ricardo Lagos y parlamentarios como Alejandro Navarro decían que los estudiantes de la época eran egoístas, pues con este crédito podría estudiar una masa de jóvenes, hasta entonces, impedido de hacerlo por falta de dinero. 

El CAE se impuso con un 6% de interés y terminó por absorber la demanda del antiguo Fondo Solidario estatal que tenía un 2% de interés. Luego del 2011, Piñera fue obligado a igualar el interés del CAE al del Fondo Solidario. Durante estos nueve años de operación se han expandido verdaderas cadenas de universidades e institutos y creado otras. Las condiciones en que operan estas instituciones son de una deficiencia tal que les ha impedido, incluso acceder a una acreditación fijada por su propio sector, o bien, tener que sobornar a los agentes acreditadores para conseguirla. 

El preocupante porcentaje de personas con carreras de educación superior que demuestran dificultades en el Estudio sobre «Competencias Básicas» puede explicarse por la deficiente formación académica de instituciones que, a cambio de dinero, sólo venden títulos. Por otra parte, el nivel de endeudamiento en que han terminado quienes han tomado este crédito lleva a pensar que la acusación de egoísmo, en realidad sólo fue una falacia ad misericordiam para legitimar el negocio del cual, también se ha beneficiado la banca. 

b.-Que el Estado cree instituciones académicas vinculadas con las necesidades de los territorios donde se emplazan.

La sustitución de los almacenes de títulos, subvencionados con el CAE, debe estar acompañada de la instalación de nuevas instituciones comprometida con el desarrollo local, investigando y formando técnicos y profesionales capaces de aportar al bienestar comunitario desde diversas áreas. 

c.-Fin al autofinanciamiento de las universidades

Durante la Dictadura, se impuso que las universidades deben buscar su propio financiamiento. Hace poco, este patrón también afectó a los hospitales públicos, demostrando que es una medida propia del recetario neoliberal. El autofinanciamiento ha obligado a las universidades a recoger recursos, fundamentalmente por dos vías: 

1-El arancel cobrado a los estudiantes, que en Chile es de los más caros del mundo.

2-Investigar para las empresas que explotan los territorios y comunidades locales. En el caso de la Universidad de Concepción (UdeC), esta situación es explícita y más grave aún, pues gran parte de sus inversiones se han hecho con aportes de Estado y en menor cantidad de empresas, tales como Arauco y Mininco. En estos momentos, por ejemplo, en la UdeC se realizan experimentos con árboles transgénicos para expandir y rentabilizar más aun el negocio forestal, concentrando la atención mundial respecto a sus resultados y consecuencias. 

Todas estas medidas, exigen un mayor financiamiento de parte del Estado, pero además de eficiencia en su uso. Los últimos años se han caracterizado por un derroche y robo enorme de recursos públicos. El Estado subsidiario ha entrado en crisis y quienes se benefician de él intentan ocultarlo con anuncios rimbombantes. La organización social no sólo es determinante para poner fin a este abuso, sino que también para impulsar los cambios y vigilar que su implementación esté a su servicio y no al de una nueva casta de comerciantes.

Foto de Archivo: Marcha en Concepción, septiembre de 2011.

Publicado en Resumen nº 54, Abril 2014. Disponible en Kioscos.

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