Sr. Director.

Durante esta semana se ha posicionado la idea de «grabaciones sin consentimiento» como caballito de batalla para impugnar procesos judiciales relacionados a delitos de carácter sexual. En concreto, en el conocido caso de Eduardo Macaya fue su propio hijo, el reciente extimonel de la UDI, Javier Macaya, quien cuestionó la prueba que fue fundamental para condenar a su padre por abuso sexual al plantear que «fue grabado sin su consentimiento» en lo que fuera un «entorno familiar».

Renglón seguido, como informaron recientemente los medios, el alcalde de Laja, Roberto Quintana, se querelló contra quien lo denunció por abuso sexual apelando a que fue grabado en un «cortejo y galanteo» sin su consentimiento. En su momento, el registro fue clave para condenar al edil, juicio anulado por la Corte de Apelaciones de Concepción tras un recurso presentado por la querellante debido a que el proceso judicial no habría incluido perspectiva de género, por lo que se realizará un nuevo juicio.

En ambas ocasiones el cuestionamiento es directamente hacia el registro captado por las mismas víctimas. Mientras grandes medios de comunicación, familiares y círculos de hierro de los denunciado hacen gárgaras por el respeto a la privacidad y la invalidación de las pruebas, se podría avecinar una impunidad sostenida en el falso argumento del origen de las pruebas.

Y es que ¿Qué se espera? ¿Habrá que avisar con antelación a un criminal que se grabará su delito? ¿Pedirle su firma para confirmar la veracidad del delito? La alerta está y debe incluirse en el análisis político -y judicial, obviamente-.

No vaya a ser que después haya que pedir permiso para denunciar.

Por J. Arroyo Olea