Las escándalosas situaciones que gatillaron el recambio de ministros, tales como la no explicada compra del puente Chacabuco por el ex Ministro de Defensa, J. Ravinet o la demanda por cuasi delito de homicidio que tiene a su haber el ex Ministro de Energía Ricardo Raineri, por el atropello de dos personas en el marco de las protestas contra el alza del gas en Magallanes, parecen no tener ningún efecto de repliegue en el Gobierno.

Este domingo, durante la ceremonia de recambio ministerial, el ministro del Interior, R. Hinzpeter declaró que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado en Magallanes. Agregando que «En los últimos días hemos visto actos que sobrepasan una legítima protesta ciudadana. Hemos visto dirigentes con poca responsabilidad llamando a bloquear calles y tomarse aeropuertos… me pregunto qué respeto tienen ellos por los enfermos y los turistas"

Nuevamente el juego. Los medios de comunicación explotaron a los turistas como víctimas de la protesta magallánica, durante los últimos días y ahora el Gobierno lanza esta medida represiva, poniéndose en su defensa.

Según la prensa local, ya van más 180 personas detenidas en el marco de las protestas y las negociaciones se han interrupido, pues el Gobierno choca con el planteamiento claro de los magallánico: No al Alza del Gas.

El recién nombrado bi ministro L. Golborne, haciendo uso de su «capital electoral», se sumó planteando que «el país tiene que mantener un orden y estabilidad adecuada», evaluando la medida como «positiva».

Por su parte, la Asamblea Ciudadana de Magallanes ha contestado que esta es una medida dictatorial y efectivamente es así, en tanto la Ley de Seguridad Interior del Estado se creó el 3 de julio de 1975 con el propósito de «contar con un texto actualizado y orgánico» para referirse a los temas de seguridad del Estado, llevando la firma de AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República y de Raúl Benavides Escobar, General de División, Ministro del Interior.

En esta ley, son considerados delitos, entre otras acciones:

ARTICULO 11° Toda interrupción o suspensión
colectiva, paro o huelga de los servicios públicos, o
de utilidad pública, o en las actividades de la
producción, del transporte o del comercio producidos
sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones
del orden público o perturbaciones en los servicios de
utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio
o daño a cualquiera de las industrias vitales,
constituye delito y será castigado con presidio o
relegación menores en sus grados mínimo a medio.

En la misma pena incurrirán los que induzcan,
inciten o fomenten alguno de los actos ilícitos a que
se refiere el inciso anterior.

Aquí están las PYME:

ARTICULO 12° Los empresarios o patrones que declaren
el lock-out o que estuvieren comprometidos en los
delitos contemplados en el artículo precedente, serán
castigados con la pena de presidio o relegación menores
en sus grados mínimos a medios y multas de cinco
sueldos vitales mensuales a diez sueldos vitales
anuales.

Para los dirigentes de la Asamblea Ciudadana, el Gobierno les ofrece una alternativa:

ARTICULO 23° a) A la persona que aparezca
responsable en un proceso por delitos contra la
seguridad del Estado, se le rebajará en uno o dos
grados la pena que pudiera corresponderle, por
la circunstancia de revelar al Ministerio Público
antecedentes no conocidos que sean útiles a la
comprobación del delito o a la determinación de
los delincuentes. La misma regla se aplicará si
denunciare a la autoridad el plan y circunstancias
de toda nueva conspiración o maquinación para
cometer algunos de los delitos prescritos en
los artículos 5° a), 5° b) y en las letras c),
e) y g) del artículo 6°, y siempre que
la denuncia lleve a la comprobación del hecho,
a la individualización de los culpables y a la
frustración de sus propósitos.

Carabineros y FF.AA.  comprometidos con la represión

Artículo 24°.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 16° del Código Penal, se reputará cómplice de
los delitos previstos en esta ley, todo funcionario o
empleado público del orden militar, de Carabineros,
Gendarmería o Policías, y todo individuo que estando,
como los anteriores, obligado a hacerlo, no denunciare a
la autoridad correspondiente los delitos previstos en
esta ley.

Vuelta a la normalidad

Art. 38. En caso de paralización ilegal que cause
grave daño en industrias vitales para la economía
nacional o de empresas de transportes, predios o
establecimientos productores o elaboradores de
artículos o mercaderías esenciales para la defensa
nacional o para el abastecimiento de la población o que
atiendan servicios públicos o de utilidad pública, el
Presidente de la República podrá decretar la
reanudación de faenas con intervención de las
autoridades civiles o militares.
En dichos casos los trabajadores volverán al
trabajo en las mismas condiciones que regían al tiempo
de plantearse la paralización ilegal.
El interventor tomará a su cargo las gestiones para
dar solución definitiva al conflicto, pero en ningún
caso tendrá facultades de administración.

Trabajo Informativo en Peligro:

g) Los que propaguen de palabra o por escrito o por
cualquier otro medio en el interior, o envíen al
exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas
destinadas a destruir el régimen republicano y
democrático de Gobierno, o a perturbar el orden
constitucional, la seguridad del país, el régimen
económico o monetario, la normalidad de los precios, la
estabilidad de los valores y efectos públicos y el
abastecimiento de las poblaciones, y los chilenos que,
encontrándose fuera del país, divulguen en el exterior
tales noticias.

La democracia, estos últimos 20 años sólo ha sido palabra hueca. Marcelo Schilling, Belisario Velasco, Felipe Harboe, Edumndo Pérez Yoma, son algunos de los personajes que se han encargado de hacer este trabajo sucio. Magallanes está siendo, hasta ahora, ejemplo para muchos y según el recetario represivo, debe recibir castigo ejemplar.

Para este lunes a las 12:00, está convocada una manifestación en el sector 4 esquinas de Hualpén en apoyo a Magallanes y en contra de la nueva ola privatizadora gubernamental.

Foto: El Ciudadano