Por Lucía Sepúlveda Ruiz / Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Plataforma Chile Mejor sin TLC, y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.

Desde 1992 la industria semillera trasnacional ha multiplicado en Chile semillas transgénicas con fines de exportación y de investigación. Esta división internacional del trabajo es funcional por el carácter de contraestación del mercado chileno. Las normas vigentes en Chile no permiten cultivar transgénicos para el mercado local. Sin embargo se venden sin rotular, alimentos procesados en Estados Unidos y otros países, elaborados con ingredientes de origen transgénico e importados sin ningún tipo de evaluación toxicológica. Asimismo se autoriza la alimentación de animales con maíz transgénico. Está vigente la Ley de Etiquetado de Alimentos 20.060 que informa sobre los niveles de sodio, grasas saturadas e hidratos de carbono, pero omite la presencia o no de transgénicos. Un poderoso lobby de la agroindustria transnacional ha impedido por décadas que avancen las normas específicas de etiquetado dictadas en el Ministerio de Salud o discutidas en el Parlamento. Pero al mismo tiempo, la fuerte presión social, gatillada por un mayoritario rechazo a los alimentos transgénicos, ha evitado el avance de la Ley de Bioseguridad que incluía autorizar cultivos transgénicos con destino al mercado interno. Paradojalmente, el Estado ha destinado en las últimas décadas US$16.253.823 a proyectos de investigación realizados por alianzas público-privadas, así como universidades que trabajan para obtener variedades transgénicas de maíces (resistentes a sequía y/o salinidad u otros), frutales (melones, vides, carozos entre otros) y árboles (pinos y eucaliptus), sin que haya una inversión de importancia en áreas de investigación relacionadas con agricultura orgánica o agroecología o recuperación de semillas.

La Unión Europea y los transgénicos

Respecto del rol de Chile como proveedor de semillas transgénicas destinadas a cultivos para alimentación animal en la Unión Europea, al año 2016, el país exportó un total de 23.613.493,93 kg de semilla transgénica en la temporada de contraestación a diversos destinos. Para la Unión Europea, lo más importante es el maíz transgénico: 147.407,13 kg fueron exportados con destino a España. Alemania fue el destino de 584,50 kg de maíz transgénico. Francia a su vez importó desde Chile 92.782,02 kg de maíz transgénico. Holanda importó 12 kg. El año 2017 Bélgica importó 59,10 de soya y 67,50 de raps, según cifras oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, la entidad encargada de la regulación del mercado de las semillas y plaguicidas. Los destinatarios de los mayores volúmenes de semilla GM exportada desde Chile corresponden fundamentalmente a Estados Unidos, Australia y Canadá. En 2016, Monsanto ya era el principal exportador de semillas híbridas y transgénicas multiplicadas en Chile. La semillera alemana KWS que lleva adelante ensayos de campo de nuevos cultivos transgénicos en Chile, también forma parte de ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

Principales exportadores europeos

Actualmente la principal empresa exportadora de semillas transgénicas es la transnacional alemana Bayer/Monsanto, cuya fusión fue autorizada en Chile en junio de 2018. En septiembre de ese año, Bayer/Monsanto inauguró con asistencia de altas autoridades nacionales una nueva planta de semillas, denominada Demand Fulfillment, en la localidad de Viluco, ubicada en la comuna de Buin (en la Región Metropolitana, muy cerca de la capital, Santiago). Esta planta de Bayer/Monsanto, ampliada a un costo de 8,5 millones de dólares, eludió el paso por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental pese a que en los medios de comunicación fue publicitada como la planta semillera exportadora de hortalizas más importante de América Latina y la tercera en el mundo. La no observación de la ley ilustra la frecuente complicidad que existe entre el Estado y los inversionistas, lo que se puede comprobar en el proceso de concentración de la propiedad de las semilleras y en la ampliación de su cartera de negocios dañinos para el ambiente y la salud de las personas.

Semilleras, territorios y daño ambiental

En Chile, la primera planta de semillas de maíz transgénico y variedades híbridas de exportación la construyó en 1998 la empresa nacional ANASAC en la localidad rural de Paine, de la Región Metropolitana, antes de tener el permiso legal. Luego la planta se amplió en 2 oportunidades para seleccionar semillas híbridas y transgénicas de maíz y soya genéticamente modificados para la exportación. Monsanto compró esa planta de ANASAC en enero de 2010. El 25 de abril de 2017, Monsanto logró la aprobación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental, por la cual logró ampliar nuevamente esta planta, para agregar la selección y tratamiento de semillas transgénicas de canola (también llamada colza o raps). En ninguna de las ampliaciones existió una real evaluación del impacto ambiental del procesamiento de estas 48.000 toneladas de semillas respecto de riesgos para el ambiente, contaminación de la semilla tradicional de maíz, pérdida de biodiversidad y daños para la salud de las personas de ese territorio. Tampoco hubo participación ciudadana en la evaluación de ese proyecto de Monsanto. El comité de Defensa de Paine, integrado por organizaciones juveniles, ambientales y sociales de la comuna, tenía observaciones al proyecto de ampliación, pero el Sistema de Evaluación Ambiental les negó el derecho a toda participación, y aunque ellos apelaron, los tribunales de justicia ratificaron en 2018 esa injusta decisión de la autoridad ambiental y el gobierno. Manifestaciones de protesta, marchas ciudadanas y diversas denuncias respaldadas por organizaciones nacionales como la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile, miembro de Pesticide Action Network) y el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, se han conocido desde este territorio impactado por la semillera, en tanto que a nivel nacional se realizan significativas movilizaciones contra Monsanto cada año. Pese al aumento de la incidencia de casos de cáncer, malformaciones y pérdida de biodiversidad ya registrados en ese territorio -por ejemplo las malformaciones congénitas que se están presentando en el sector Aguila Sur, una de las áreas rurales impactadas – no se respetó el derecho de sus habitantes a la igualdad ante la ley. Las instalaciones de Monsanto en otras comunas del país como Graneros, Rengo y Lautaro también fueron autorizadas sin estudios ambientales, y en el más reciente caso, la planta de Viluco anteriormente citada, el proyecto de ampliación ni siquiera ingresó en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuestión oficialmente reconocida por las autoridades.

TPP11 y los cultivos transgénicos

El Tratado Transpacífico, votado afirmativamente por la Cámara de Diputados por 77 votos a favor y 68 en contra, será votado próximamente por el Senado. El tema de los transgénicos ha sido uno de los ejes de la protesta ciudadana y el acalorado debate contra el TPP por temas de semillas, transgénicos y alimentación, ya que por primera vez la biotecnología es incluida en un Tratado de Libre Comercio. La Plataforma Chile Mejor sin TLC, que agrupa a organizaciones sociales, ambientales y campesinas a lo largo del país, ha resaltado que el TPP hará difícil que Chile mantenga la prohibición de cultivos transgénicos como maíz, frutas y verduras destinadas al consumo interno. Señala la Plataforma que eso implica un doble peligro, derivado de la alteración genética de las semillas, sumada a la inmensa carga de agrotóxicos usados en los cultivos, incluídos plaguicidas posibles cancerígenos y altamente peligrosos como el glifosato. Además el tratado se refiere específicamente al Comercio de Productos de la Biotecnología Moderna, definidas como "mercancías agrícolas, así como peces y productos de la pesca" posibilitando que el salmón transgénico producido por AquaBounty en Canadá, país miembro del TPP, pueda ser producido o comercializado en Chile.

El TPP crea un Grupo de Trabajo de Biotecnología para "intercambiar... información sobre cuestiones relacionadas con el comercio de productos de la biotecnología moderna, incluidas las leyes, regulaciones y políticas vigentes y propuestas" y exige homogeneizar las legislaciones internas. Asimismo el Capítulo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio podrá ser utilizado para imposibilitar o eliminar normas que en algunos países han sido bloqueadas por ser "obstáculos al comercio", tales como la moratoria a transgénicos (GM), el etiquetado de alimentos transgénicos o la advertencia de riesgo crónico en la etiqueta de los plaguicidas altamente peligrosos (como el glifosato, o la combinación de glifosato y dicamba), utilizados en los cultivos de maíz, soya o canola GM.

Por otra parte, El TPP excluye para sus miembros, toda sanción en caso de incidentes de embarques de semillas convencionales que presenten niveles bajos de presencia de semillas transgénicas (IBP). Estos incidentes se producen con cierta presencia por lo cual son un riesgo cuando la semilla convencional es exportada a países con tolerancia cero a los transgénicos (como Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros, Francia, Malasia, China). Estos incidentes han sido frecuentes en los últimos años.

La edición génica

Las autoridades del Ministerio de Agricultura consideran la edición génica como una técnica inocua. Según la minuta de gobierno enviada a la Cámara de Diputados sobre el TPP, con la implementación del convenio UPOV91 requerida por el tratado, se legalizan los transgénicos hechos con CRISPRR (la técnica de "cortar y pegar" genes). La minuta oficial sostiene: "la protección otorgada por UPOV 91 opera para nuevas variedades, sean estas producidas a través de la cruza tradicional o por otros medios, como por ejemplo la edición génica. La transgenia...ha sido superada por nuevas herramientas biotecnológicas tales como el CRISPR-CAS".

El gobierno chileno ya firmó en septiembre de 2018 una declaración sobre Técnicas de Edición de Genes junto a los ministros de agricultura de Argentina, Brasil y Paraguay. Y el  15 de marzo de 2019, Argentina envió a la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC  ese documento, según el cual los productos generados con edición de genes no deben ser considerados diferentes a los obtenidos por mejoramiento o cruza tradicional (es decir los ya registrados). Estos cuatro países se coordinarán para evitar que se apliquen  "obstáculos a su comercio".

De esta manera Chile se sumó al lobby de Bayer/Monsanto y otras semilleras productoras de transgénicos, ofuscadas por la determinación de la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea  de julio de 2018 sobre la necesidad de someter esos productos biotecnológicos a estudios de evaluación de riesgo y si son autorizados, llevar etiquetado.

Cambio climático y los territorios

El  TPP11, que entrega más garantías a las semilleras productoras de híbridos y transgénicos, operaría además como un sabotaje a las demandas socioambientales y feministas, que apuntan a fortalecer las economías locales y a orientarlas a la recuperación y siembra de semillas tradicionales en sus territorios, devastados por los monocultivos forestales y de la agroindustria. Las semillas antiguas y las criollas no requieren agrotóxicos para crecer, son resistentes por naturaleza al cambio climático porque pueden tolerar suelos salinos y ácidos, sequías y plagas.  Su rendimiento se ha comprobado muchas veces similar o superior al de las semillas "mejoradas" que son las registradas o industriales, pero ello es negado por la propaganda oficial de la industria.

De ser aprobado el TPP Chile estaría obligado a implementar el UPOV 91 poniendo en votación de inmediato una nueva Ley de Semillas que derogue la anterior. Las organizaciones campesinas, ambientales y sociales han planteado que eso significa entregar nuevas garantías a las corporaciones transnacionales como Bayer/Monsanto, ChemSyngenta y Pioneer, en desmedro de la agricultura familiar campesina. Ello porque el UPOV 91 permite a los obtentores, es decir a quienes han registrado variedades de semillas, considerar como propias las variedades que sean "similares" a las ya registradas por ellos, que tienen un alto precio en el mercado. Eso abre un abanico sin fin de posibilidades de disputa respecto de las semillas utilizadas libremente por los pequeños y medianos agricultores.

También el TPP permite patentar los derivados de las semillas, lo cual significa debilitar las economías locales y los procesos de generación de valor agregado que se realizan por parte de las comunidades campesinas e indígenas, relacionados con la gastronomía o con usos asociados a la medicina tradicional.

En la agricultura chilena, debido a la mal llamada "revolución verde", se ha generalizado el uso de la semilla comercial, lo cual ha implicado la pérdida por desuso de muchas variedades tradicionales. El UPOV 91, cuya implementación es requerida por el TPP prohíbe el uso libre de la semilla registrada, debiendo las y los campesinas comprar la semilla para cada nueva temporada de siembra.

Dependencia de la semilla industrial

En su mayoría las variedades registradas se originan fuera del país, en el caso de las plantas ornamentales, siendo Europa el principal origen de estas semillas, algunas de las cuales se obtuvieron a partir de variedades nativas chilenas, como es el caso de la alstromeria (lirio del campo). El cuadro general revela la extrema dependencia de la agricultura convencional en Chile respecto de la semilla privatizada por los obtentores, transnacionales en su mayoría. ANPROS informa que el registro de SAG indica que son extranjeras el 96% de las variedades ornamentales, el 95% de las variedades de frutales; el 60% de las variedades agrícolas (entre otras, variedades de papas, siendo Chile uno de los centros de origen de la papa) y el 100% de las variedades utilizadas en los monocultivos forestales. Sólo en las variedades agrícolas, un 40% corresponde a variedades de origen nacional, la mayoría de ellas desarrolladas en décadas pasadas por el INIA, institución pública de investigación. El alto precio de la semilla industrial y de sus insumos químicos, tiene gran incidencia en la actual crisis de la agricultura. Las organizaciones sociales que se oponen al TPP han enfatizado en que fortalecer la agroindustria exportadora, intensiva en uso de plaguicidas y fertilizantes, es exactamente lo contrario de lo que se requiere cuando el cambio climático comienza a manifestarse. A favor del TPP ha argumentado en el senado precisamente ANPROS, el gremio de las semilleras. El miembro más importante es Bayer/Monsanto.

Agua, semilla y agroecología

Es necesario fortalecer las prácticas agroecológicas y las de recuperación de semillas nativas y tradicionales desplazadas por el mercado, para poder contar con una agricultura que entregue alimentos sanos y viables en las nuevas condiciones de cambio climático. Estos argumentos los han planteado lideresas mapuche con mucha fuerza en el debate sobre TPP, defendiendo los bienes comunes de su territorio, de los cuales los más importantes son la semilla y el agua. El impacto de sus intervenciones hizo que el gobierno del Presidente Piñera inventara una estratagema para facilitar el voto afirmativo de los senadores al TPP, improvisando un protocolo que supuestamente respondía a estas inquietudes. Esa maniobra desplegada en el Senado fue denunciada por Chile Mejor sin TLC por carecer de todo valor jurídico ya que el texto válido del TPP y sus anexos es inamovible. Cualquier modificación debió haberse hecho cuando el tratado estaba en discusión, ya que ahora eso no tiene ninguna validez. Por otra parte, lo que el gobierno afirma en el protocolo es falso, ya que aseguró que no se modificarán las leyes que prohíben el ingreso de productos transgénicos, pero esas leyes jamás han existido, y todos los días ingresan al país alimentos procesados que contienen ingredientes transgénicos. Habitualmente, y en forma legal ingresan asimismo semillas transgénicas de maíz, raps, soya, y otras variedades autorizadas previamente en el país o el extranjero, a fin de ser multiplicadas y luego exportadas. El protocolo de gobierno también promete una nueva Ley de Semillas que incluya un registro de variedades tradicionales a cargo de la agencia de semillas del Estado, INIA, cuestión también rechazada por las organizaciones campesinas. El INIA, a través de su Banco de Datos cumple un rol de proveedor de semillas tradicionales y nativas para las entidades transnacionales, gobiernos y universidades que buscan generar nuevas variedades. Es decir, las y los campesinos y las comunidades indígenas no desean entrar en el sistema de propiedad intelectual ni ser el banco proveedor de insumos iniciales y gratuitos para las transnacionales semilleras, sino llevar adelante un proceso autónomo de recuperación, multiplicación y resguardo de sus semillas en función de sus propias necesidades.

*Este artículo fue incluido en el dossier "Amérique Latine droguée aux OGM" (América Latina drogada por los transgénicos", publicado por la revista francesa Inf´OGMs en su edición de noviembre de 2019. Los textos sobre Chile figuran en las páginas 11, 15, 16 y 19 del dossier, en la versión PDF recibida por la autora ese año.