Alcaldes y parlamentarios, presentaron hoy un proyecto de ley que busca, por primera vez, castigar con cárcel y fuertes multas a las mafias de la basura. Hicieron un llamado a las autoridades a sumarse a la iniciativa y al Gobierno a darle suma urgencia, para evitar a tiempo otra catástrofe como la vivida el invierno pasado, cuando más de 8 toneladas de escombros y basura colapsaron el río Mapocho.

Por Cristina Mistretta

La iniciativa nace del trabajo conjunto entre el Municipio de Pudahuel y la diputada Claudia Mix; cuenta con la firma de los diputados Gonzalo Winter, Felix Bugueño, Maite Orsini, Erika Olivera, Patricio Rosas, Francisco Pulgar, Clara Sagardía, Camila Rojas, Boris Barrera. Sumaron su apoyo también las senadoras Claudia Pascual y Fabiola Campillai.

Las comunas más afectadas por este flagelo: Pudahuel, Quilicura, Maipú, San Antonio, El Quisco, Coronel, Lampa y Estación Central, hicieron un llamado al resto de los municipios del país a sumarse a la campaña #ChileLimpio, para frenar el negocio de las mafias de la basura y proteger a los vecinos.

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Penas que van de 61días a 5 años de prisión efectiva, arriesgarían los dueños de vertederos ilegales y todos quienes arrojen desechos en estos lugares. Las penas, inclusive, podrían aumentar en uno o dos grados, cuando -por ejemplo- los desechos sean tóxicos, inflamables o pongan en peligro la salud de la comunidad. También, si fueran depositados en áreas de influencia o entorno a Infraestructura Portuaria o Aeroportuaria. Así mismo, cuando se dañen playas, ríos, esteros, parques nacionales, reservas naturales, monumentos nacionales u otros sitios de conservación de la biodiversidad.

"Quienes sean parte de estas actividades ilegales que dañan los territorios de nuestras vecinas y vecinos, pagarán con cárcel sus acciones y las constructoras deberán demostrar que sus desechos no irán a caer a nuestros ríos, si quieren obtener los permisos de edificación. Esperamos que el Congreso y el gobierno se unan a esta iniciativa para terminar con el daño al medioambiente, señaló el alcalde de Pudahuel, *Ítalo Bravo.

El alcalde de Pudahuel denunció, además, que días después de superada la grave crisis que colapsó al río Mapocho entre junio y julio recién pasado, los camiones siguieron arrojando toneladas de basura en los mismos lugares. «El sector poniente de la Región Metropolitana se ha convertido en el basurero ilegal de otras comunas. Hay empresas constructoras que evaden el pago de vertederos legales, haciendo tratos con empresas que arrojan sus escombros en lugares clandestinos», señaló.

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Por su parte, Paulina Bobadilla, acaldesa de Quilicura denunció el caso de un vertedero ilegal a un costado del Metro Libertadores. Aseguró que «tiene fuego subterráneo, los bomberos están cansados de intentar apagar ese foco de incendio. Mientras los municipios no tengamos herramientas para actuar, las mafias de la basura seguirán enriqueciéndose con este negocio que daña a la comunidad, pagando multas insignificantes», dijo.

Actualmente, el problema está radicado en los Juzgados de Policía Local, que aplican multas que pueden llegar máximo a 5 UTM, es decir, unos 300 mil pesos. Es primera vez que un proyecto de ley propone penas de presidio efectivo para estos casos. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, enfatizó que «hoy, las empresas constructoras y las mafias dedicadas al rubro se enriquecen a costa de la salud de la gente. Los municipios necesitamos mayores facultades para poder fiscalizar y perseguir estas prácticas».

La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, enfatizó que «hoy, las empresas constructoras y las mafias dedicadas al rubro se enriquecen a costa de la salud de la gente. Los municipios necesitamos mayores facultades para poder fiscalizar y perseguir estas prácticas». «Tener un vertedero ilegal o un relleno sanitario clandestino, no solo afecta la salud física de las personas, sino que también su salud mental», agregó Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Medioambiente, Clara Sagardia, explicó que el proyecto entró a la Comisión de Constitución, a pesar que en Medioambiente se están revisando ya varios temas relacionados con los basurales.

«Esperamos que Constitución sepa valorar este proyecto y que avance rápidamente, porque afecta el bienestar de todos». «Esperamos que esta iniciativa – que castiga con cárcel a quienes administran u operan vertederos ilegales- sea apoyada transversalmente, se tramite con rapidez, y así terminemos definitivamente con este daño a nuestro medioambiente y a las personas», destacó la diputada Maite Orsini.

«Le pido al Congreso aprobar este proyecto y a los alcaldes del país sumase a la iniciativa #ChileLimpio», porque además faculta a los municipios a tener voz y voto a la hora de decidir respecto a la instalación de nuevos vertederos, agregó su gestora, la diputada Claudia Mix, junto a la dirigenta vecinal de Villa Couso, Isolda Vera, quien relató: «El agua que inundó nuestras casas en el invierno por culpa de la acumulación de basura en el río ya se secó, pero ahora está la tierra dura, contaminada, plagada de bichos, moscas, pájaros, mugre…Ninguna de esas empresas que mandan sus escombros y basura para allá, se hace responsable de dejarnos hundidos y sumidos en la pobreza y la tristeza. Por respeto y por dignidad le pido a este Congreso y al gobierno apoyar este proyecto «, solicitó emocionada

Solo en la Región Metropolitana existen 107 vertederos ilegales catastrados, de los cuales 55 se encuentran activos, siendo un foco de insalubridad grave. A nivel nacional son más de 3700 lugares los que se están utilizando para desechar basura de manera clandestina.

Después de Santiago, las regiones más afectadas son las de Valparaíso, Coquimbo, Araucanía y Biobío.

La basura descartada por las empresas constructoras se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para la comunidad y para los municipios, que no cuentan con un entramado institucional ni una normativa que les permita fiscalizar y sancionar adecuadament. Los residuos provenientes de estas empresas alcanzan los 2.753.527 metros cúbicos, solo respecto a viviendas nuevas; casi la mitad se genera en la Región Metropolitana.  

El proyecto de ley modificará la Ley General de Urbanismo y Construcciones estableciendo como requisito que para obtener permisos de edificación, las empresas constructoras deberán acompañen un certificado de recepción de una entidad autorizada, para el depósito de escombros o desechos, indicando su composición, cantidad y fecha de recepción.

Mediante la modificación de diversos cuerpos legales al Código Penal, el proyecto de ley establece penas de presidio, favorece la persecución criminal y faculta a los municipios a desplegar acciones para fiscalizar, sancionar y prevenir la formación de vertederos y rellenos sanitarios ilegales.

Por ejemplo, el que mantuviere, adminístrate operare o explotare vertederos, depósitos de basura o rellenos sanitarios ilegales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Se aplicará la misma pena a quienes transporten, conduzca, traslade o deposite desechos orgánicos o inorgánicos, basura, residuos o escombros, en calles, plazas, sitios eriazos o espacios públicos.

El propietario de un inmueble utilizado como vertedero ilegal será sancionado, además, con una multa a beneficio municipal de 3 a 10.000 UTM.

Se considerarán como agravantes, las acciones u omisiones orientadas a obstruir o entorpecer la fiscalización o investigación de autoridades competentes.

Se considerará como agravante también, que los vertederos ilegales se emplacen en áreas cercanas a infraestructura portuaria o aeroportuaria. Así mismo, si se tratara de playas, lagos, lagunas, ríos, esteros o parques nacionales, reservas naturales, monumentos naturales o áreas de conservación de la biodiversidad; la pena se elevará en uno o dos grados.

Si los residuos fueran tóxicos, infecciosos, corrosivos, combustibles, inflamables o pusieran en riesgo la salud de las personas; la pena se elevará en uno o dos grados.

La norma también modificará el Código Sanitario, facultando no solo al Servicio Nacional de Salud para pronunciarse respecto a la aprobación de un vertedero, sino también a los alcaldes, con acuerdo de los consejos municipales.