[resumen.cl] Un reciente informe de la Fiscalía dio cuenta de la existencia de 8.581 causas por violaciones de derechos humanos entre el 18 de octubre de de 2019 hasta el 28 de enero de este año, afectando a 8.630 víctimas, las cuales habrían sufrido diversas agresiones por agentes del Estado. De todas ellas, más de tres mil figuran en condición de terminadas, sin sujetos formalizados, y solo una ha concluido en un fallo condenatorio contra un carabinero.

En el desglose de las razones del término de la totalidad de las causas informadas, el informe señala que 2.013 fueron agrupadas en otro caso y, como señalamos, una acabó en sentencia definitiva. Sin embargo, 2.774 han sido archivadas provisionalmente, en 218 causas se ha decidido no perseverar, en 58 la Fiscalía no ha iniciado la investigación, 19 han sido anuladas, 15 han sido sobreseídas, 2 se han terminado por causales no especificadas y 2 bajo el principio de oportunidad.

Cabe señalar que el único condenado en estos procesos ha sido el carabinero Juan Gabriel Maulén Báez, quien disparó por la espalda una bomba lacrimógena en la cabeza de una persona a 8,5 metros de distancia. Él fue condenado por homicidio frustrado a cinco años de libertad vigilada.

CIPER realizó una revisión al informe de la fiscalía recogiendo comentarios de diversas personas relacionadas al trabajo de la institución. En este sentido, la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, declaró al medio que "Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías". Añadió que"hay un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema", para explicar el fin de las indagaciones, a causa de la carencia de pruebas o la imposibilidad de ubicar a las víctimas.

De acuerdo al medio "según Ymay Ortiz, al 28 de enero pasado, la Fiscalía tenía registrado que 97 agentes del Estado estaban formalizados (92 funcionarios de Carabineros, cuatro del Ejército y uno de la Armada). Esto, a pesar de que el Ministerio Público tiene identificados desde 2020 a 466 uniformados que presuntamente participaron en violaciones de derechos humanos. Al respecto, Ymay Ortiz observó que antes de proceder a las formalizaciones, el Ministerio Público debe contar con antecedentes suficientes para sostener su imputación, agregando que no siempre es posible contar con los elementos de prueba necesarios.

En relación a la búsqueda de elementos de prueba, la funcionaria señaló que hay una falta de recursos humanos en las policías que impide realizar con prontitud todas las diligencias y que, además, la pandemia obligó a suspender algunos peritajes, como la aplicación del Protocolo de Estambul, un procedimiento clínico y sicológico que se utiliza mundialmente para determinar la existencia de tortura. En Chile este protocolo es aplicado, de manera presencial, por el Servicio Médico Legal y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico.

Las dificultades para obtener evidencia se deben también a que muchos sitios del suceso fueron alterados, al ser escenario de movilizaciones sucesivas, indicó Ymay Ortiz. Y agregó que algunos procedimientos policiales irregulares, como los desnudamientos de detenidos, no están tipificados como delito."

Imagen extraída de legalnews.cl