Por Red Chile Despertó Internacional
La comunidad chilena en el extranjero demanda la creación de un distrito en el exterior para participar en la elección de miembros de la Convención Constitucional en abril del próximo año. Si no se legisla para que esto sea posible, más de un millón de chilenas y chilenos que residen en el extranjero quedarán excluidas del proceso.
Actualmente la población estimada de ciudadanos residentes en el extranjero es de alrededor de 1.037.346, según los datos de la Dirección para las Comunidades Chilenas en el Exterior (DICOEX), lo que representa alrededor de un 5,5% de la población chilena. Según la legislación actual los chilenos y chilenas residentes fuera del territorio nacional sólo pueden votar para las elecciones presidenciales, elecciones primarias y plebiscitos, por lo cual más de un millón de chilenos estarían excluidos de elegir de representantes en la Convención Constitucional. El lunes 16 de noviembre comenzó la discusión en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la cámara del proyecto de Reforma Constitucional que modifica la Carta Fundamental para crear distritos electorales en el extranjero (Boletín N. 13813-07). Pero a pesar del acuerdo en la comisión de poner en tabla esta semana dicho proyecto para su votación, esto no ocurrió.
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La Red Chile Despertó Internacional, que agrupa a múltiples organizaciones territoriales del mundo autoconvocadas a partir de la revuelta popular de octubre de 2019, junto a otras agrupaciones de chilenos y chilenas en el extranjero, se encuentran movilizados para exigir participación de la comunidad chilena en el exterior en todo el proceso Constituyente y solicitar a los diputados y diputadas que agilicen la discusión de este proyecto de ley que crea distritos electorales fuera de Chile. Esta medida garantizaría en las distintas instancias del proceso la inclusión de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas que, si bien no residen en el territorio nacional, poseen un vínculo y sentimiento de pertenencia a su país de origen.
El interés de participación se vio reflejado en el plebiscito del 25 de octubre donde votaron 30.912 chilenos y chilenas en 65 países, es decir, casi un 52% del patrón habilitado para sufragar. Esta cifra podría haber sido mayor si existiesen las condiciones que facilitaran la inscripción en el padrón electoral o el proceso mismo de sufragio, como por ejemplo la presencia de consulados honorarios y/o el voto por correo, ya que en algunos países las distancias son tan grandes que los electores tienen que viajar casi 24 horas en auto para poder votar. En el último plebiscito el 86% de los y las votantes en el extranjero se manifestó a favor de la redacción de una nueva Constitución, y sin embargo, hoy se encuentran imposibilitados de elegir representantes para esta convención, lo que no se sustenta en ninguna prohibición expresa, sino que simplemente por la ausencia de un distrito. Los ordenamientos jurídicos no condicionan la titularidad de derechos políticos a la residencia en un determinado territorio, ya que puede votar cualquier ciudadano o ciudadana de nacionalidad chilena, mayor de 18 años que sea parte del padrón electoral en el exterior. Además, existen diversos preceptos contenidos en instrumentos de derechos humanos que refuerzan la importancia de la representación de los residentes en el exterior que no caduca por habitar fuera del territorio nacional.
Por todo lo anteriormente nombrado y porque muchos de los y las compatriotas que viven en el extranjero se vieron forzados a emigrar por diversas razones (laborales, estudiantiles, políticas), consideramos que lo más justo es que se nos permita participar en este histórico proceso que entrega la posibilidad de incidir en la Carta Fundamental que rige nuestras vidas y de esta forma trabajar en la construcción de un nuevo Chile, más justo, solidario e inclusivo.
Esperamos que los parlamentarios tomen en cuenta que vivimos en un mundo globalizado en el que la circulación de personas entre diferentes países es algo cada día más normal y que por ello es necesario legislar para facilitar la participación electoral y cívica de todos los chilenos y chilenas sin distinción alguna.