Matanza de Vega Monumental: 28 años sin justicia
El 23 y 24 de agosto de 1984 la dictadura ejecutó una más de sus aborrecibles matanzas que, como era su costumbre, presentaban ante el país como muertes en enfrentamiento. En aquella oportunidad, la CNI asesinó a 7 miembros del MIR en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia.
Los familiares de las víctimas siempre han tenido claro que se trató de crímenes, de ejecuciones cometidas por el imperio de la fuerza dictatorial, camuflados con el montaje de falsos enfrentamientos y encubiertos por la patética colaboración de los medios de prensa tradicional. Lo que ha costado es que la justicia, y por tanto la sociedad, se haga cargo de esa verdad. Luego de largos años de tediosas, y muchas veces infructuosas, diligencias judiciales la verdad ha logrado imponerse. A partir del año 2007 el proceso logró establecer la calidad de crímenes en las muertes de los miristas; aunque en aquel entonces, por encontrarse la causa radicada en tribunales militares, los delitos fueron calificados como "violencia innecesaria con resultado de muerte", y los criminales identificados solo con sus chapas operativas. Sin embargo, ese fue el comienzo para esclarecer, paso a paso, la secuencia de los hechos, la verdad judicial, e individualizar a los autores intelectuales y autores materiales de los crímenes. Pero sigue aun pendiente que se haga justicia, es decir, que esos culpables reciban sanción condenatoria; sanción que debe atenerse a la cuantía del delito cometido y de los preceptos legales vigentes, reclaman los familiares ante la persistente tardanza.
Según se ha podido establecer judicialmente, señalan los familiares, desde comienzos del 84 la CNI había iniciado acciones de vigilancia y seguimiento sobre diversos miembros del MIR en las provincias del sur del país; esas acciones se inscribían en una gran operación de inteligencia llevada a cabo por la División Regionales de la CNI que dirigía el entonces coronel de ejército Marcos Spiro Derpich Miranda. En el curso de esas vigilancias la operación comienza a ser asumida por efectivos de la División Antisubversiva de la CNI, asentada en el Cuartel Borgoño de Santiago, que dirigía el mayor de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla quien traslada a una importante cantidad de contingente de sus brigadas operativas hacia la zona.
En los hechos, la totalidad de los efectivos de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR, y que dirigía el capitán de ejército Aquiles Mauricio González Cortés, fueron movilizados hacia el sur. Pero también se trasladaron efectivos de la Brigada Verde, de la Amarillo, de la Café, de la Plomo y de la Especial, desperdigándose por todas las ciudades y pueblos del sur en equipos de vigilancia y seguimiento tras los pasos de los miristas. Estos equipos sumaban a los efectivos de las plantillas locales de la CNI pertenecientes a las Brigadas Regionales de Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Se trataba del despliegue de un ejército para aniquilar a una entidad de resistencia que cuestionaba el control absoluto de la dictadura en el territorio nacional.
Una vez que los jerarcas operativos hubieron determinado que ya tenían información y control suficiente sobre los militantes del MIR, los mandos superiores de la CNI y el gobierno dictatorial deciden dar el golpe represivo con el fin de aniquilar la actividad de la Resistencia en el sur. Esa decisión operativa incluía la orden de quienes debían ser ejecutados, quienes detenidos, quienes amedrentados, que casas allanadas y cuales objetivos serían conservados como señuelos para futuras acciones represivas.
Así se llega al operativo del 23 y 24 de agosto del 84. La acción represiva fue llevada a cabo por los mismos equipos que habían participado en las vigilancias y seguimientos previos. La mayoría de los autores materiales de los asesinatos son efectivos de la División Antisubversiva, aunque tuvieron la delicadeza de hacer participar en las ejecuciones a agentes provincianos y a novatos.
La CNI denominó el operativo como "Operación Alfa Carbón". Al mediodía del 23 de agosto, en la intersección de las calles Grecia con Nápoles, en Hualpencillo, fue asesinado Luciano Humberto Aedo Arias. Pasadas las 16 horas, en la calle 21 de Mayo, en la Vega Monumental de Concepción, fue abatido Mario Octavio Lagos Rodríguez; allí mismo fue apresado Nelson Adrián Herrera Riveros, a quien trasladan hacia un descampado en el camino a Santa Juana, frente a la subida a Idahue, y ejecutado por los agentes CNI, luego entregan su cadáver en el Hospital Regional.
En Los Ángeles, alrededor de las 18 horas, al interior de su domicilio en la Población Orompello, fue asesinado Mario Ernesto Mujica Barros. En Valdivia, en horas del mediodía fueron apresados por agentes de la CNI los miristas Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala; de inmediato los trasladan hacia el camino a Niebla y en un descampado, pasado el Puente Estancilla, son asesinados. Al día siguiente, en su domicilio en la calle Rubén Darío, de la Población Corvi, fue ejecutado Juan José Boncompte Andreu.
Las acciones represivas fueron comandadas desde Concepción por los jerarcas Derpich y Corbalán, quienes fueron secundados en el mando operativo por Aquiles González Cortés, Jorge Mandiola Arredondo y los ya fallecidos Joaquín Molina Fuenzalida y Francisco Zuñiga Acevedo. En Los Ángeles el mando operativo lo tuvo Krantz Johans Bauer y en Valdivia lo ejerció Patricio Castro Muñoz, ambos oficiales de ejército.
Hasta la fecha, ninguno de los criminales responsables ha sido condenado por la justicia. Luego de largos años de proceso, de sobreseimientos, reaperturas, tramitaciones y cambios de tribunales, el proceso sigue sin sancionar a los culpables. El año 2009 la causa fue finalmente arrebatada de la jurisdicción de los tribunales militares y trasladada a la justicia civil. La causa, actualmente se encuentra radicada en manos del Ministro Especial para casos de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Don Carlos Aldana Fuentes. Luego de agilizar la tramitación del proceso con la realización de las reconstituciones de escena respectivas, el Ministro cuenta con un importante número de procesados en relación a los diferentes episodios represivos, recalificando el delito como "homicidio calificado", en lugar del eufemismo con que los había catalogado el tribunal militar. Entre estos procesados se encuentran los mencionados Derpich y Corbalán a quienes se agrega el encausamiento por el delito de "asociación ilícita". Sin embargo, lamentan los familiares, la causa ha caído en una situación de estanco, aún se encuentra en etapa de sumario y la investigación avanza a cuenta gotas, agotando la paciencia y la tolerancia de los familiares de los caídos que siguen esperando justicia. Cuando la justicia tarda demasiado, deja de cumplir la función de reparar el daño causado, porque ella misma está provocando otro daño.
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