[resumen.cl] El profesorado ha emprendido una paralización nacional bregando por la conquista de demandas por muchos años, y hasta décadas, desoídas por sucesivos gobiernos. Así como en otras ocasiones, al inicio de esta paralización, se preguntaban por la masividad alcanzada. Cuando supieron de que en el alguna escuela o liceo no se había acatado el llamado a paro de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, acudieron hasta ahí para conversar con los y las docentes, quienes les manifestaron sus inseguridades o, lisa y llanamente, su miedo ante lo que pudiesen determinar los equipos directivos de tales establecimientos o de los municipios donde laboran. "Estamos a contrata"; "El director nos dijo que enviaría la lista de quienes paralizaran al DAEM (Departamento de Educación Municipal) para que se apliquen descuentos y se considerara nuestra recontratación", fueron expresiones recurrentes en estos encuentros. No obstante, en ellos también se habló de la importancia de la unidad como un factor fundamental en la protección de quienes se movilizan, de la necesidad de activar las instancias gremiales no solo en estos días de paralización, sino que de manera permanente, y se constató que las escasas garantías con que cuentan las han conseguido ejerciendo diversos grados presión, a través de paralizaciones y manifestaciones en el espacio público. Finalmente, en la mayoría de los casos, de esas conversaciones resultó la adhesión a la paralización de tales docentes, quienes sintieron que hacían lo correcto, lo justo y que ese era el momento de practicar la unidad.

Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987, nos habla de decisiones, de la valentía y del anhelo, sobre todo de profesoras, por constituirse en artífices de su propio devenir, sobreponiéndose al miedo, a las necesidades y a la vulneración constante a la cual fue expuesta la población chilena durante los 17 años de Dictadura. Memorias de un Pizarrón constituye una obra aleccionadora para las actuales generaciones de docentes, una fuente de relatos dispuestos para la reflexión y la discusión. En síntesis, es una obra necesaria para quienes hoy libran una lucha continuadora de otras pretéritas, las cuales se requieren conocer para comprender su actual contexto.

Lanzamiento Memorias de un Pizarrón. 6 de marzo de 2019. Fotografía de Amilix Fornerod

Lanzamiento Memorias de un Pizarrón. 6 de marzo de 2019. Fotografía de Amilix Fornerod

Lanzamiento Memorias de un Pizarrón. 6 de marzo de 2019. Fotografía de Amilix Fornerod

Según sus realizadoras, este proyecto de investigación surgió "el año 2016 a partir de la inquietud de un grupo de profesoras(es) que fueron parte de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), una organización de carácter nacional que resistió y denunció entre 1981 y 1987 los cambios que instauraba la dictadura en el sistema educacional chileno". El trabajo recopila y visibiliza "un vasto material de archivo compuesto por boletines, cartas, actas de reunión, comunicados públicos, documentos y fotografías que se complementan con riquísimos recuerdos de mujeres y hombres que participaron de la AGECH", además de una gran cantidad de cintas audiovisuales del Centro de Educación y Televisión Alternativa (Cetea) en las cuales se grabaron diversos sucesos que marcaron la lucha de los y las docentes de entonces y del pueblo de la provincia de Concepción. De estos registros se elaboró una edición ordenada cronológicamente, publicada hace algunos meses con el título de Memorias de un Pizarrón – Fragmentos Preservados, disponible aquí

La investigación estuvo a cargo de Paula Cisterna Gaete y colaboraron en ella Francisca Santibáñez Rodríguez y Valentina Palma Novoa, específicamente en la investigación y edición del archivo audiovisual. La idea original del proyecto fue de los y las profesoras Ena del Rosario Novoa Arriagada, Gabriel Durán Bravo, Moisés Vergara Quezada, Olimpia Riveros Ravelo y Rita Rivera Fuentes. Los documentos y testimonios recogidos se sintetizaron en el libro homónimo al proyecto investigativo escrito por quien lo dirigió y fue diseñado y diagramado por Andrea Ferrada Saavedra. Las situaciones, imágenes, testimonios y antecedentes aparecidos en este libro, constituyen la base de este breve relato acerca de la historia reciente del profesorado del país y de la provincia de Concepción.

Para situarnos en la época, resulta clarificador citar uno de los primeros párrafos del texto:

"En los primeros cinco meses del régimen [militar] había un total de 26.000 profesores/as exonerados/as. De los 20.000 dirigentes que tenía el SUTE [Sindicato Único de Trabajadores de la Educación], solo en dos años quedaban 800, el resto fue sancionado y despedido. Según el Informe Rettig son 103 los y las docentes que fueron víctimas de la dictadura, 53 ejecutados/as y 45 desaparecidos/as."

Hasta el 11 de septiembre de 1973 el SUTE agrupaba a quienes, en diferentes labores, trabajaban en el sistema escolar. Luego de diversas luchas y de dotarse de una constitución orgánica desarrollada, sus afiliados y afiliadas pudieron incidir en la planificación de la política educacional de la época que tuvo uno de sus mayores hitos en el Congreso Nacional de Educación de 1971, donde junto a la Central Única de Trabajadores y el Ministerio de Educación de la época discutieron los ejes del proyecto educativo que consideraban necesario implementar, denominado Escuela Nacional Unificada. Sin embargo, implementando el terrorismo de Estado y descomponiendo el tejido organizativo popular, militares y civiles al mando del Estado truncaron estos planes, relegando a las comunidades escolares al rol pasivo y reproductor hasta ahora no superado.

La prisión, la persecución, la tortura, la muerte y también las exoneraciones y las relegaciones fueron situaciones que moldearon la vida de la clase trabajadora en general y del profesorado en particular. Paula Cisterna Gaete consigna que ya el 11 de octubre de 1973 se promulgó el Decreto que suspendía el pago de cuotas sindicales al SUTE, dejándolo sin su fuente de financiación. Luego, el 16 de octubre de 1974, también por medio de un Decreto, se creó el Colegio de Profesores para el cual la propia Junta Militar de Gobierno designaba a sus dirigentes. y, finalmente, el 11 de diciembre de 1975 se le canceló la personalidad jurídica al SUTE junto a otras organizaciones magisteriales, como la Sociedad Nacional de Profesores, con una personalidad jurídica asignada en 1919; la Sociedad de Escuelas Normales, con una que databa de 1945; la Unión de Profesores, con una de 1950; la Asociación de Educadores de Enseñanza Industrial, Minera y Agrícola, con una de 1963 y la Asociación de Profesores de Educación Técnica Femenina y Comercial (Asteco), con una de 1964.

La función de control y vigilancia asignada al Colegio fue financiada por el propio magisterio, pues su afiliación era obligatoria e implicaba un descuento del uno por ciento del salario. Fue en este contexto, en que profesores y profesoras, paulatinamente, fueron buscando espacios de encuentro y de coordinación para discutir respecto a su propia situación y la del país, además de planificar acciones orientadas a su transformación.

Los testimonios de Nelson Bustos y de Jorge Venegas nos grafican cómo empezaron. N. Bustos recuerda: "…hasta el 76, 77 estábamos con la herida de guerra, pero ya poco a poco empezamos a organizarnos en forma clandestina. La orden era levantar organización… Cuando ya fuimos tanteando el panorama, nos reuníamos clandestinamente en casas, decíamos que era el cumpleaños de algún niño. Entonces poníamos globitos y ahí nos juntábamos un grupo de profesores a empezar a reorganizarnos".

Por su parte, J. Venegas, afirma: "Habíamos resuelto que todos los militantes que estábamos en la clandestinidad pasáramos a trabajar en los frentes donde nos desenvolvíamos en nuestras labores cotidianas. Esa fue una decisión política. Se agrupó a un conjunto de militantes de izquierda, profesores que vimos la necesidad de constituir una organización que nos representara… y desde ahí luchar contra la dictadura."

Estas reuniones ocasionales derivaron en encuentros cada vez más sistemáticos y concurridos, hasta constituir una coordinadora de docentes en la provincia de Concepción el año 1979 que, entre otras acciones, editaba la revista La Campana donde se abordaban problemáticas gremiales y educativas. Esta publicación se difundía de mano en mano, pues su venta pública estaba prohibida. Fue en su edición número cinco, de junio de 1981, en la cual se planteó la discusión acerca de que la Coordinadora se transformase en una Asociación Gremial, aprovechando el reciente Decreto de Ley 3621 que cesó la obligatoriedad de inscripción en un Colegio profesional para el ejercicio de funciones y, por lo tanto, se podía constituir una organización paralela que recibiera la cotización de quienes se afiliasen a ésta voluntariamente.

Respecto a este proceso, Alberto Carrasco rememora: "Cada grupo llevó sus propuestas del nombre que se le iba a dar a esta organización [...] ahí con cierto jolgorio se empezaron a tirar los nombres hasta que surgió la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) con los principios que tenía: carácter nacional, vinculación con los trabajadores…"

De este modo, el 27 de noviembre de 1981 se constituyó la AGECH con la representación de los y las docentes de la provincia, de quienes Nora Matus fue su delegada en la Directiva Nacional.

La pérdida de garantías conquistadas era cada vez más gravosa. La inestabilidad laboral a la cual el profesorado estaba expuesto no tenía parangón en su historia reciente. Los sueldos se pagaban incompletos y desfasados. Además, habían perdido la escala trienal y el sistema de cátedras, o sea, la posibilidad de que los y las docentes dispusieran de una mayor cantidad de horas para trabajos no lectivos mientras avanzaba su trayectoria laboral. La restitución de los derechos conculcados se constituyeron en ejes de la actividad agechiana, así como también la resistencia a las políticas dictatoriales destinadas a desmantelar la institucionalidad educativa.

Marcha de profesoras y profesores frente ala Plaza Independencia de Concepción. Archivo personal de Sara Barrera. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

La profesora Olimpia Riveros indica: "La municipalización de la educación [implementada en 1981] nos da el pretexto para organizarnos porque no podíamos reunirnos como anti Pinochet, pero sí defendiendo la educación pública… Después de eso vino el plan Piñera y el Plan Laboral, los profesores pasamos a ser basura. No había estabilidad laboral, el alcalde te podía echar por cualquier cosa [...] Era osado estar en la AGECH porque al interior de las escuelas también instalaron CNI [agentes del organismo represivo Central Nacional de Informaciones], entonces igual te podías hasta equivocar".

En 1982, comenzaron a constituirse los Consejos Comunales primero en Talcahuano, Lota y luego en Concepción. Con el paso de los meses, el crecimiento de estas organizaciones permitió el arriendo de sedes, además de la realización de actos culturales. En este mismo año, la AGECH se afilió a la Confederación Mundial de los Profesores de la Enseñanza, lo cual era muy relevante por la posibilidad de ampliar el alcance de las denuncias internacionales contra la Dictadura. También se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional en Punta de Tralca donde se concluyó con la elaboración de un diagnóstico respecto al carácter del periodo y su expresión en el ámbito educativo. En éste se consignó una restricción en los contenidos y objetivos de los planes de estudio de educación básica y media, la instauración de una idiosincrasia competitiva e individualista, el ejercicio de la vigilancia constante sobre la comunidad, la aplicación de castigos y una formación escolar diseñada para naturalizar la obediencia incondicional a las figuras de autoridad. Por otra parte, constataron el empobrecimiento material de las instituciones educativas y la ostensible pérdida de garantías laborales, luego del Golpe Militar.

Afiche de denuncia por la detención de María Eugenia Darricarrere Andreo. Archivo AGECH provincial Concepción. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

Tal como se infiere de lo aseverado por Olimpia Riveros, sobre los y las agechianas se cernía una actividad represiva persistente expresada en el seguimiento, la detención, la tortura y el asesinato de integrantes. El caso del degollamiento en marzo de 1985 del entonces Presidente Regional del Consejo Metropolitano de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos es quizás el hecho más cruento que afectó al gremio en la época. Sin embargo, una gran cantidad de docentes sufrieron el acoso y golpes represivos en diversos grados. Luisa Valenzuela, una de las fundadoras de la AGECH en Concepción, fue detenida en la vía pública el 27 de mayo de 1982, siendo absuelta días después por el Ministro de la Corte de Apelaciones penquista. María Eugenia Darricarrere Andreo, profesora de castellano de 26 años e integrante del Consejo Provincial de Concepción fue secuestrada por agentes de la CNI el 30 de septiembre en la vía pública. Días después, el 4 de octubre, fue detenido José Ortiz Aravena, profesor básico y presidente del Consejo Provincial cuando se dirigía al establecimiento donde laboraba. La prensa afirmaba que se encontraban en "un lugar secreto", un eufemismo para referirse a algún centro clandestino de detención y tortura. Cuando recobró su libertad, Ortiz Aravena declaró: "Durante las treinta horas de permanencia en dicho lugar fui sometido a apremios físicos y psicológicos ilegítimos que lamentablemente me causaron inestabilidad emocional, nerviosismo y lesiones múltiples…". Días después, la profesora María Eugenia fue ingresada a la Cárcel de Mujeres Buen Pastor de Concepción, con lo cual, al menos, cesaba su permanencia en un centro de torturas.

Invitación a «Acto de Dignificación del Magisterio». Archivo AGECH provincial Concepción. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

En marzo de 1983, un saludo de la AGECH de la provincia de Concepción al profesorado local establecía las prioridades en su actividad organizativa y reivindicativa:

1.- Un Estatuto Docente que establezca las normas justas de la función magisteral. Estatuto que debe ser ampliamente conocido y debatido por los profesores del país como única garantía de su real validez y que contenga claramente, entre otros aspectos, la seguridad de la permanencia funcionaria, un verdadero sistema de ingreso al servicio, ascensos, carga horaria, traslados, vacaciones, etc.
2.- Un real sistema de perfeccionamiento, universal, permanente y gratuito.
3.- Desarrollar la organización y capacidad de influencia del Magisterio en la vida nacional.
4.- Un petitorio económico que garantice remuneraciones justas, estableciéndose un sueldo base único, una asignación docente común, reconociendo la antigüedad funcionaria y antecedentes de perfeccionamiento, asignación de zona, de ruralidad y trienios.
5.- Elaborar y difundir un proyecto educacional democrático y participativo.
6.- Exigir que el Estado reasuma la total responsabilidad de la Educación, de modo que garantice su gratuidad y el carácter democrático y universal de ella.

Al leer esta comunicación treinta y seis años después de su emisión, queda bastante claro que muchas de las garantías a las cuales se acogen profesoras y profesores, como el Estatuto Docente (promulgado en 1996 recogiendo solo parcialmente sus exigencias), el reconocimiento de antigüedad (bienios), asignaciones de zona y los ingresos únicos a planta logrados el 2015 y el 2018 han sido reivindicadas y conquistadas por su lucha organizada y persistente. Junto con ello, algunos de sus postulados hacen referencia a garantías perdidas en perjuicio de docentes y del sistema educativo en su conjunto, tales como el de un sistema de perfeccionamiento universal, permanente y gratuito, ahora inexistente en tanto está sujeto al mediocre negocio de una multitud de entidades. También se exhibe como pendiente el hecho "que el Estado reasuma la total responsabilidad de la Educación" y la capacidad del profesorado de incidir en la elaboración e implementación de la política educativa del país, tal como lo estaba haciendo a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación hasta antes del Golpe de Estado.

Afiche del encuentro poético que contó con la participación del dramaturgo Juan Radrigán que en diferentes ocasiones participó de actividades en concepción, algunas de ellas promovidas por la AGECH. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

Desde cuando se articulaban en la Coordinadora de Profesores, instituciones como el CODEPU (Comité de Derechos del Pueblo) o la orden jesuita, a cargo del Colegio San Ignacio, facilitaron sus dependencias para usarlas. Luego, el 1 de diciembre de 1982, los y las agechianas de la provincia de Concepción lograron arrendar una sede en la galería Iconsa 2 (también conocida como Lido), ubicada en Aníbal Pinto 343, en el segundo piso. Ésta contaba con un pequeño auditorio, al cual llamaron Sala AGECH y con catorce piezas, de las cuales una de ellas se ocupó como cuarto oscuro (para el revelado fotográfico) y oficina de la agencia de prensa agechiana. Al respecto, el testimonio del profesor Rolando Canteros ilustra su constitución: "Yo siempre fui enemigo de que se hablara de grabaciones de Santiago, o sea como si aquí en Concepción no ocurriera nada. Aquí ocurrieron cosas muy importantes, entonces eso me interesaba que quedara registrado y por eso me dediqué a hacerlo. Dentro de las habitaciones había una que era chiquita y se prestaba muy bien para los objetivos, por lo que la convertí rápidamente en un laboratorio."

Este laboratorio de revelado dio paso a una sala de edición audiovisual luego que en 1983, gracias a los recursos aportados por amigos de Rolando Canteros radicados en Canadá, se conformó el Centro de Televisión Educacional Alternativa (CETEA). "Me acuerdo todavía de las primeras tomas que hice, después fue cuestión de perfeccionarse no más. Siempre registré situaciones que ocurrían en Concepción. Donde estaba presente carabineros y protestantes, yo estaba ahí grabando…", afirma el propulsor de esta iniciativa que nos ha posibilitado observar grabaciones de sucesos tan relevantes para la memoria de la provincia como el funeral de Sebastían Acevedo, una gran cantidad de manifestaciones contra la Dictadura y de actos locales y nacionales de la AGECH. Siendo estos registros, la fuente sobre la cual se realizó el video Memorias de un Pizarrón – Fragmentos Preservados.

Rolando Canteros graba una manifestación de docentes exoneradas y exonerados en Concepción en 1987. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

Luego de cinco años desde que había empezado el proceso de municipalización, en 1986 quedaba un 20% de establecimientos aun no traspasados, los cuales se dispusieron para ello. Ante esta medida, el profesorado planificó una serie de acciones destinadas a anular esta política argumentando que los efectos perjudiciales de la municipalización ya se podían corroborar en el declive de los recursos con los cuales contaba el sistema educativo y en la precarización laboral a la cual estaba afecto. En tal momento denunciaron que se registraba un excesivo número de estudiantes por curso, un aumento del abando escolar, así como también la falta de recursos pedagógicos, de una implementación adecuada (mobiliario, ventanas, techos y pisos en mal estado) y la supresión de la asistencia escolar que incluía atención médica, dental, alimentación. En cuanto a la pérdida de conquistas, los y las docentes denunciaban que quienes habían sufrido el traspaso al sistema municipal tenían salarios inferiores a quienes aun tenían al Estado como empleador directo. Habían perdido el sistema de cátedras y el acceso a un sistema de perfeccionamiento público, atingente y gratuito, cuestión que hasta ahora sigue pendiente recuperar. Junto a ello, habían perdido el reconocimiento a su antigüedad. Estos y otros motivos condujeron a la AGECH a movilizarse ante una medida que al ser consultada al profesorado por el Colegio de Profesores, obtuvo un 97% de rechazo. No obstante, la oposición fue insuficiente para hacer retrotraer a la Dictadura de su intención.

La consulta realizada por el Colegio de Profesores constituye un hito, no sólo por ser una consulta popular en el contexto de una Dictadura, sino porque expresa una serie de cambios por los cuales atravesaba esta institución que en diciembre de 1985 había tenido la primera elección democrática de sus representantes, resultando de ello, un triunfo de candidatos opositores a la Dictadura, muchos de ellos salidos de la AGECH. En este contexto, se generó un debate acerca de la posibilidad de que la AGECH desembarcara en el Colegio, aprovechando su aparente democratización, ante lo cual un sector se resistía por no visualizar garantías confiables de ello. No obstante, el Colegio acabó por constituirse en la única organización masiva de docentes en 1987, cuando la AGECH, por decisión de sus bases se disolvió. Olimpia Riveros recuerda: "Nosotros habíamos tocado fondo, ya no crecíamos más. Llegamos como diez mil y de ahí ya la gente no se estaba inscribiendo porque estaban estas seudodemocratizaciones del Colegio de Profesores, entonces la gente empezó a mirar más al Colegio que tenía más bienes, que tenía más recursos y que evidentemente era menos riesgoso".

En la sexta Asamblea Nacional Ordinaria, el 4 de agosto de 1987, con la participación de unos cien delegados y delegadas de diversos Consejos del país se estableció:

"Por unanimidad las comisiones acordaron la disolución de la AGECH, entendiendo que esta medida es una forma resuelta de ir a la concreción de la unidad orgánica del magisterio chileno y que el Colegio no es para nosotros una organización terminal, nuestra inserción en él debe ser para transformarlo en una instancia pluralista, democrática y participativa que represente realmente los intereses del magisterio y del pueblo en su conjunto. Partimos del principio básico que la lucha reivindicativa no puede ni debe desligarse de la lucha ideológica inherente a los grandes cambios a los que aspiramos y a los objetivos de la AGECH. El espíritu de la AGECH debe permanecer vigente en el Colegio e impulsar la concreción de una solo gran organización que involucre a todos los trabajadores de la educación."

Pero el fin de la trayectoria agechiana para miles de docentes del país no solo estuvo marcada por los debates previos a su disolución, sino que por una ola de exoneraciones. Fueron más de siete mil a quienes no solo se les echó de su lugar de trabajo, sino que se les impidió ejercer dentro del sistema público de enseñanza. Esta medida fue conocida por la divulgación de un documento secreto firmado por el Ministro del Interior, Ricardo García Rodríguez, en 1986, donde se establecía la necesidad de "reducir los excedentes de profesores", entre otras medidas. Junto con docentes que por diversos motivos fueron expulsados del sistema escolar, sin ningún tipo de compensación, también fueron echados agechianos y agechianas, a quienes directores de establecimientos, alcaldes y otras autoridades conocían por su labor gremial, por su oposición a la tiranía, por su capacidad de responder organizadamente ante la arbitrariedad y violencia. Las cartas de exoneración se distribuyeron en el verano de 1987 y sólo al 19 de enero de ese año habían 681 personas notificadas en las cuatro provincias de la región del Biobío de entonces, según el boletín del Comando de Defensa de la Educación.

Profesoras y profesores exonerados. Fotografía de María Eliana Vega. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

Docentes exonerados reprimidos en una manifestación en paseo peatonal Barros Arana de Concepción el 8 de febrero de 1987. De izquierda a derecha están Tobaldo Uribe, Gorky Díaz, Alejandro Sepúlveda y Olimpia Riveros. Fotografía de María Eliana Vega. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

La cesantía fue el contexto en que los y las docentes de la AGECH realizaron un sinnúmero de acciones buscando denunciar y retrotraer la medida. "Pega no me daban en ninguna parte, fui a una escuela pero no me llamaron. La única manera en esta cuestión era reconocer el problema y eso significó luchar, salir a la calle, sacar lienzos y hacer presencia en todas partes… Las salidas del día sábado eran apoteósicas, salíamos muchos…", narra Tomás Hernández. Una Olla Común que permaneció meses funcionando en la sede de la AGECH de Concepción fue una instancia de reunión para quienes discutían ahí cómo persistir. "Hacíamos nuestras colectas de exonerados, íbamos al banco cuando pagaban. Un día apareció una colega rubiecita y ella nos echó un billete de como de mil, en ese tiempo eran como cinco lucas y nos dijo: "colegas yo las felicito", pero sin mirarnos, porque hasta de eso tenían miedo", recuerda Ena del Rosario Novoa. Algunos lograron la restitución de su derecho a trabajar como docentes, sin embargo la mayoría solo se pudo reincorporar a sus labores luego del término de la Dictadura.

Las imágenes plasmadas a partir de los testimonios de agechianos y agechianas crean un relato valioso para la formación de una identidad de trabajadores y trabajadoras de la educación, una narración en torno a la dignidad humana y a la voluntad de unirse al prójimo para luchar por la justicia y contra quienes la violan. En suma, los relatos de quienes gestaron e hicieron crecer la AGECH merece la atención de quienes hoy protagonizan la masiva, legítima y legitimada paralización a la cual nos referíamos al principio.

Mujeres en Seminario de Capacitación de Dirigentas en Concepción. A la cabecera de la mesa de trabajo se encuentra Rita Rivera, del Consejo Comunal de Penco. Archivo personal de Rita Rivera. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

Profesores y profesoras manifestándose en el contexto de la visita del Papa Juan Pablo II. Fotografía de María Eliana Vega. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987.

Profesores y profesoras reprimidas en el contexto de la visita del Papa Juan Pablo II. Fotografía de María Eliana Vega. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987

Profesores y profesoras reprimidas en el contexto de la visita del Papa Juan Pablo II. Fotografía de María Eliana Vega. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987

Profesores y profesoras reprimidas en el contexto de la visita del Papa Juan Pablo II. Fotografía de María Eliana Vega. Extraída del libro Memorias de un Pizarrón: Reivindicando la AGECH. Provincia de Concepción 1981-1987