La reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), creará mecanismos de voto popular para la elección de jueces y establece , entre otras cosas, un órgano disciplinario que vigila su actuar. Se reducirá de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte y disminuirá enormemente sus sueldos.

Por Joaquín Pérez

Tras un debate que se prolongó por más de 12 horas, el senado de México, aprobó la madrugada del miércoles en lo general y en lo particular la reforma constitucional al Poder Judicial, propuesta por el presidente, por 86 votos a favor y 41 en contra que reforma el poder judicial a nivel federal en los Estados Unidos Mexicanos siendo entregada a las 4 de la madrugada el proyecto de decreto por parte de la mesa del Senado a los congresos de cada uno de los 32 estados, donde se requerirá que sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales.

La reforma constitucional requería quórum calificado de dos tercios, por ello a pesar de la amplia mayoría oficialista (Morena, verdes y PT), refrendada en las últimas elecciones, los votos no alcanzaban, por lo que fue vital el giro del diputado panista Miguel Ángel Yunes, con lo cual la reforma a nivel federal quedó asegurada. Ahora sólo queda ser ratificada para 17 de los congresos de 17 de los 24 Estados que conforman la federación de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales, el partido liderado por AMLO dirige 24, por lo que se ve como un mero trámite su puesta en marcha.

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Con esto, ya está asegurada una profunda transformación en la justicia de México, en que la ciudadanía podrá ejercer un importante control  democrático, dificultando el poder de los grupos de mafias y componendas como ocurría anteriormente y como ocurre en casi toda América Latina, como el Caso Hermosilla está demostrando en Chile.

La reforma es duramente resistida por el poder judicial mexicano y todo el aparataje burocrático de corrupción tejido en torno a éste. Un grupo de manifestantes, identificados como trabajadores del poder judicial, intentó interrumpir por la fuerza la sesión del pleno del Senado, generándose choques con la policía. Este mismo gremio mantiene una huelga desde hace tres semanas, en defensa del viejo modelo corrupto de designación de magistrados.

Estos grupos buscan mantener el actual sistema en que la carrera dentro del Poder Judicial se basa en lo que en Chile se denomina «besamanos», un círculo vicioso de presión de grandes grupos económicos, sumisión a las autoridades judiciales que impulsarán o detendrán los ascensos y lobby de grupos políticos, que sólo generan justicias distintas dos justicias, una para el poder y otra para los pobres.

La reforma judicial promovida por el presidente AMLO, establece mecanismos de voto popular para la elección de jueces y crea, entre otras cosas, un órgano disciplinario que vigila su actuar. La derecha y el PRI, partidos minoritarios hoy en México, pero que gobernaron el país por décadas, rechazan la reforma y argumentan que el poder judicial pierde autonomía.

Aprobada la reforma, habrá elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reducirá de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte y se creará un Tribunal de Disciplina Judicial, además de disminuir enormemente sus sueldos.

Cabe recordar que la presión no sólo vino de los jueces en ejercicio, de todos los medios de comunicación, los grandes grupos empresariales y la derecha mexicana, sino también del mismo Estados Unidos, que en un osado acto de injerencismo, a través de su embajador criticó abiertamente tanto a la reforme como al presidente López Obrador, lo que fue respondido por enérgicos gestos diplomáticos del gobierno.