Una iniciativa legal busca llevar a rango constitucional la persecución de los malos manejos de recursos públicos, unificando la política anticorrupción, implantando nuevas fiscalías y tribunales específicos, así como herramientas para perseguir este delito, además de elevar las sanciones y recuperar el dinero defraudado.

Por Joaquín Pérez

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca llevar a la Constitución un nuevo derecho humano: "el derecho a vivir en un entorno libre de corrupción y a gozar de una correcta administración pública". Su partido, Morena impulsará en el Congreso, donde goza de amplia mayoría en ambas cámaras, la creación de la "Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción", a partir de la cual se crearán instituciones especializadas en perseguir esos delitos. Si bien el proyecto se asentará en un enfoque no punitivo, sino más bien preventivo, con este proyecto se busca que los casos de corrupción sean duramente castigados y, sobre todo, que los recursos sean recuperados para la sociedad mexicana.

La mandataria ha encargado encabezar esta cruzada anticorrupción al senador Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, quien encabezó una estrategia para perseguir los monumentales recursos públicos desviados en la gestión de su antecesor, el priista César Duarte.

Durante décadas, gobiernos neoliberales pudrieron al Estado mexicano con sus vínculos con el narcotráfico. Hasta el día de hoy, importantes figuras públicas de ese periodo desfilan por tribunales de México y Estados Unidos por casos de narcotráfico y el clásico saqueo de recursos del erario público con las privatizaciones siguiendo el modelo de Pinochet, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

López Obrador impuso una política de austeridad fiscal, que llevó incluso a vender el avión presidencial. El presidente de la república comenzó a volar, junto a sus delegaciones, en vuelos comerciales comunes y corrientes, al igual que hoy lo hace la actual mandataria Claudia Sheinbaum. México experimentó un ahorro significativo de recursos, que antes se despilfarraban en ceremonias de alfombra roja, los cuales fueron destinados directamente a obras sociales, de ahí el éxito de popularidad de López Obrador, que se fue del gobierno con más apoyo del que tenía al momento de ser electo.

Una medida concreta que contempla la ley anticorrupción, es que los afectados puedan ser parte de los juicios. Antiguamente, la fiscalía mexicana dejó caer juicios por casos de corrupción para que finalmente el juez terminara en lo que en México se conoce como "el carpetazo", algo muy similar a lo que ocurrió en Chile con los casos de Penta o Soquimich, entre otros.

La iniciativa mexicana propone establecer un catálogo único de delitos y penas a fin de evitar la disparidad de criterios judiciales, teniendo en cuenta que la justicia es parte de esta corruptela enraizada en el Estado.

Otro hecho que aborda este proyecto es que actualmente, quienes perpetran actos de fraude fiscal, aunque cumplan penas de prisión continúan beneficiándose del patrimonio obtenido ilícitamente. De aprobarse este proyecto de ley, los sujetos condenados deberán pagar lo robado al fisco hasta devolver la integridad del monto defraudado.

También se creara un Sistema de Inteligencia Anticorrupción para recopilar y asociar información con facultades de intervención de medios de comunicación privada, vigilancia electrónica y acceso a información fiscal y bancaria, seguimiento de personas y la utilización de agentes encubiertos.

La población mexicana ha entendido que la corrupción no es un delito abstracto, sino que los millonarios recursos que se pierden significan menos derechos sociales, peores servicios públicos, menos escuelas, malos hospitales, pero además es el principal peligro de las democracias en latinoamerica.

Fotografía extraída de https://www.gob.mx/presidencia