Por Radio Villa Francia

Este 13 de agosto del 2015, el periodista Mauricio Weibel reveló en un reportaje en The Clinic cómo se ha defraudado sistemáticamente el fisco desde el Ejército a través de la Ley Reservada del Cobre - ley que permite a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas repartirse el 10% de los ingresos totales de Codelco, pero con un piso de 150 millones de dólares independiente del precio y venta del metal rojo- De ellos, la forma en qué se gestionan y en qué específicamente se gastan dichos recursos se mantienen en absoluta reserva, por considerarse estratégicos para la defensa nacional.

Esto es, lo que en definitiva ha permitido que se haya establecido una red de corrupción en torno a las compras que se realizan con la Ley Reservada del Cobre, principalmente a través de compras ficticias, en las cuales en muchos casos se operó incluso con facturas falsas (124 facturas no estaban autorizadas por Servicio de Impuestos Internos). Fue así, que paso a paso (algo similar con el caso Fraude al FUT que terminó en el caso Penta y SQM), se ha ido revelando una serie de aristas de una práctica sistemática que ha significado en millones de dólares defraudados entre el 2010 y el 2014.

Si bien los primeros implicados en este caso fueron el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, y el dueño de la empresa Frasim, Francisco Huincahue, el nivel de la estafa da a pensar de que no se trata de una operación solo realizada por un par de personas, y perfectamente podrían no ser los únicos realizando este tipo de defraudes. Ellos mismos intentaron hacer que el caso desapareza y no escalara más, cuando intentan devolver parte del dinero entregado a Frasim, en una bolsa negra en el estacionamiento del edificio Bicentenario, como terminó confesando Huincahue.

Hasta ahora, según señaló a finales del 2014 el actual comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, son tres las empresas proveedoras que están vinculadas al fraude. Es más, aún no hay claridad hasta dónde podría llegar a escalar este caso (que perfectamente podría alcanzar hasta el alto mando castrense), que con lo ya investigado se convierte en una de las estafas más grandes del país en estos últimos 25 años.

Ley Reservada del Cobre y gastos reservados: una "caja negra" de las Fuerzas Armadas

Para entender como se ha llevado a cabo esta estafa y red de corrupción, es necesario entender qué es la Ley Reservada del Cobre y cómo operan los gastos reservados, figura que utilizan las Fuerzas Armadas para comprar armamento, soporte y mantención de sus equipos.

La Ley Reservada del Cobre es una antigua figura en la historia de nuestro país, teniendo su primera manifestación en el año 1958 con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ley que en ese entonces exigía que el 15% de los impuestos a las grandes mineras se dirijan al sector defensa.

Sin embargo fue en la Dictadura Cívico-Militar donde la Ley Reservada del Cobre adquiere su forma actual, mediante los DL 239 (1973), 1530 (1976) y las leyes N.º 18.445 (1985) y 18.678 (1987). De ese modo, y en forma progresiva, la Ley Reservada del Cobre se convirtió en un marco legal que permitió y permite a las Fuerzas Armadas apropiarse del 10% de los ingresos totales (productos y subproductos del cobre) de la minera estatal Codelco, los cuales deben ser repartidos de forma igualitarias entre las tres ramas militares.

Esto significa una merma importante a los ingresos (y por ello a las utilidades) de una empresa estatal que perfectamente podrían destinar dichos excedentes a otras áreas como vivienda, salud y educación. Sin embargo, dicha ley amarra a que sean los militares, y entre cuatro muros los que se apropien y decidan en qué gastar dichos recursos.

El segundo aspecto es la categoría de "reservados" que tienen los gastos realizados con los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Por tratarse de elementos de defensa, y por lo tanto supuestamente estratégicos, los gastos militares se rotulan como reservados. Es más, parte de la partida de Defensa que año a año se decide en el presupuesto nacional, su contenido se mantiene reservado y por lo tanto no tiene conocimiento público. Y es más, ni se pueden realizar solicitudes de Ley de Transparencia, ni la Contraloría ni el Congreso en su rol fiscalizador puede escrutar y auditar dichos gastos, lo que hace que sea un terreno especialmente propicio para la estafa y el engaño, por no existir fiscalización más allá de la militar.

Una estafa que parece ser un modus operandi generalizado

Sin embargo, y lo que más sorprende a los persecutores en este caso (tanto la fiscal militar Paola Jofré, por Clóvis Montero y Juan Carlos Cruz; como la fiscal civil Ximena Chong en el caso de Francisco Huincahue), es que a pesar de la poca fiscalización que se puede hacer desde el mundo civil a los gastos militares, las mismas Fuerzas Armadas tiene una serie de procedimientos y requerimientos como para velar de que los gastos de la Ley Reservada del Cobre se ocupen realmente. Deben pasar por el Comando de Apoyo a Fuerza, por el Departamento de Planificación Financiera y por Tesorería, por lo que quienes han llevado a cabo dicha estafa han tenido que burlar todos aquellos sistemas para lograr su cometido. No queda claro por lo mismo si se cuenta con cómplices dentro de dichos organismos para poder cruzar dichas defensas, si se cuenta con la complicidad y participación de algún mando mayor, o si bien este sistema se ha mostrado insuficiente para poder frenar una red corrupción y desfalco.

Por su lado, Clovis y Cruz tenían un patrón de gastos mucho mayores que los que sus sueldos permitían, es más, el cabo Cruz gastó 140 millones de pesos en el casino Monticello en los últimos años, dinero la mayoría proveniente de la Ley Reservada del Cobre y de los servicios y compra de equipamiento que jamás se realizó.

Este no es el primer escándalo de las Fuerzas Armadas respecto a compra de equipamiento en los últimos años. El 2004 fue el escándalo de la polémica compra de tanques Leopard por parte del Ejercito de Chile, en donde se investigó una red de malversación de fondos iniciada a mediados de los años 90's, y que fue investigada por el juez Sergio Munoz (hoy presidente de la Corte Suprema) como una arista del caso Riggs, que vinculaba a la familia Pinochet.

Luego fue una segunda arista de dicha investigación la que siguió revelando malversaciones de fondos, esta vez en otra de las ramas de las Fuerzas Armadas: la Armada de Chile. Fue el llamado "caso fragatas", en donde se acusó por cohecho, malversación de fondos, y lavado de dinero en la compra de 4 fragatas holandesas, en donde marinos entregaron información clasificada a cambio de dinero para que la empresa holandesa se adjudicara la licitación.

La Fuerza Aérea también ha sido objeto de críticas e investigaciones por el llamado "caso Mirage", en donde altos mandos de dicha rama militar obtuvieron millonarias comisiones para que se opte por los cazabombarderos Mirage, de origen belga, los cuales apenas estaban en condiciones para volar.