[resumen.cl] Tras la publicación del «balance hídrico de julio» se vislumbró explícitamente los efectos que ha traído consigo la profundización de la crisis climática y ambiental en el país producto de la mantención de políticas que atentan contra los ecosistemas y sostienen el modelo chileno en base a la privatización y explotación sobresaturada.

Diversos datos han sido publicados a inicios de este mes que evidencian la profunda crisis hídrica que existe en Chile en un contexto donde las políticas extractivistas han sido sostenidas y profundizadas afectando profundamente los ecosistemas del país.

En esta linea, la Dirección General de Aguas (DGA) planteó que existe un déficit promedio del 92% de los niveles de nieve alcanzando de esta forma los niveles mínimos.

Diario Financiero sistematizó la información y dio a conocer profundos cambios en la altura de nueve entre el periodo 1991-2021, dando cuenta de que entre apenas 2020-2021 el cambio es abrupto.

Fotografía: Diario Financiero

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En la misma línea, dentro del balance hídrico presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Radio Universidad de Chile sistematizó que, en términos de precipitaciones, se registró en Santiago «23 milímetros (mm) de precipitaciones, que significa un déficit de 86%».

En este sentido, Alfredo Moreno, quien encabeza la cartera del MOP, planteó que «hoy día los embalses a nivel nacional tienen 3.645 hectómetros, 28% de su capacidad y un 46% del volumen que históricamente tenían a esta fecha».

Rodrigo Fuster, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en conversación con el medio, indicó que «los inviernos con estas características al menos en términos de temperaturas uno debiera suponer que van a seguir ocurriendo, puesto que el proceso de calentamiento es de carácter global y viene en una tendencia creciente cuya inercia no va a cambiar en el corto plazo».

La información se da en un contexto de conocida crisis ambiental y climática a escala internacional, lo cual ha tenido como respuesta -en el caso chileno- el impulso de un teórico proceso de «transición justa» mediante alianzas público-privadas que apuntan a la descarbonización de, por ejemplo, la matriz energética.

Sin embargo, dicho proceso ha sostenido la lógica extractivista y de apropiación de los ecosistemas vulnerando las exigencias de las comunidades y afirmando los pilares de mercantilización de la naturaleza.

En esta línea, la mantención de la privatización de las aguas ha acompañado durante décadas el modelo sobre el cual se sitúa el país, debate que se ha instalado en la discusión pública de parte de comunidades y organizaciones que han levantado propuestas para considerarlas como un bien común inapropiable.