La reciente sucesión de anuncios, aclaraciones y orientaciones de parte del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respecto a la suspensión de clases, por la alta proporción de escolares con enfermedades respiratorias, ha puesto en discusión el problema de la desprofesionalización docente o bien la polivalencia en sus prácticas laborales que desde hace bastante tiempo se posiciona como una de las situaciones más relevantes en la precarización del profesorado.

Aniceto Hevia

La suspensión de las clases, en el escenario de un 90% de camas UTI y UCI pediátricas ocupadas durante las primeras semanas de junio, había sido entendida por el profesorado y los sectores relacionados con el trabajo hospitalario como una medida acertada, sin embargo, ante los cuestionamientos respecto a quiénes se harían cargo del cuidado de niñas y niños que no tuvieran personas adultas para ello, el Ministerio respondió que los establecimientos permanecerán abiertos hasta el 6 de julio y así tales estudiantes pudieran recibir alimentación además de contar «con un espacio educativo seguro», convocando a docentes para ello.

En el documento titulado "Orientaciones a las comunidades educativas. Suspensión de clases, jornadas de evaluación primer semestre y proyección segundo semestre 2022", emitido este 20 de junio, el Ministro indica que tales orientaciones «se inspiran en la Política de Reactivación Educativa Integral "Seamos Comunidad"». No obstante, la insistencia en hacer aparecer estas como propuestas en el marco de un interés común, fue refutada por el Colegio de Profesoras y Profesores que, en voz de su presidente Carlos Díaz Marchant, indicó: « [En] nuestros contratos de trabajo en ninguna parte dicen que los docentes estemos contratados para cuidar niños. No somos guardería y reiteramos e insistimos en ello. Por tanto, esto de que hay que venir porque hay que cuidar probablemente a algunos niños, no está en nuestro contrato de trabajo…».

El año pasado, la Red Docente Feminista publicó el resultado de una encuesta en el documento "Impacto en la vida personal y laboral de profesoras y profesores en Chile, a un año de crisis sanitaria«. Entre sus resultados se consignó que en promedio las y los docentes consultados declararon laborar un total de 16,5 horas cronológicas diarias, alarmando a las autoras en tanto la mayor cantidad de horas de contrato son 44, correspondiendo 8.5 horas diarias de trabajo como máximo. Junto con ello, ante la consulta si han debido asumir costos económicos de estudiantes y sus familias, un 42,7% de profesoras y profesores de establecimientos municipales señalaron haberlo hecho en los niveles «alto» y «muy alto», evidenciando que asumen funciones excedentes del marco normativo. Esto resulta más problemático cuando este tipo de prácticas se ha normalizado a tal punto de ser reproducidas por la propia institucionalidad y un Ministro que se publicitó como profesor.

A pesar de las críticas del gremio docente, la decisión del Ministro de Educación se impuso. Ya fueron extendidas las resoluciones exentas que convocan al profesorado a asistir y realizar labores inespecíficas, fuera del marco curricular, bajo el imperativo del "anótese, comuníquese y cúmplase".

El Gobierno que recogió la expectativa de buena parte del gremio profundiza su descrédito: atrás quedó la promesa de la toma de decisiones consensuadas o al menos dialogadas con quienes son determinantes en el trabajo pedagógico, así como desahuciada la posibilidad de superar, sin presiones, las condiciones de desprofesionalización, expresadas en una carga burocrática que acaba siendo muchas veces preponderante, la pérdida de autonomía respecto a su labor y la realización de actividades extrañas al trabajo docente propiamente tal.