Las movilizaciones de los trabajadores chilenos durante al menos la última década han aumentado significativamente respecto los primeros años de los gobiernos civiles. Este proceso se ha intensificado durante la primera mitad de este 2014, en que una gran cantidad de sindicatos de distintos sectores económicos han utilizado la huelga o la paralización para exigir mejores condiciones a sus empleadores. Esta distinción entre paro y huelga no es antojadiza, sino que real: en términos legales la huelga está reglamentada de una determinada manera, que si no se cumple pasa a ser ilegal y además hay que agregar la gran cantidad de trabajadores del sector público y municipal que tienen prohibida la huelga, pese a lo cual igual paralizan.

Este andamiaje jurídico expresado en el Código del Trabajo no tiene parangón en el mundo. Chile es de los pocos países que en un periodo de Huelga la Ley da expreso derecho a los empleadores -gracias al artículo 381- de reemplazar trabajadores en Huelga. A ello se agrega que el proceso administrativo para declararla es tan engorroso que es fácil cometer errores y caer bajo la figura de ilegalidad, y por lo tanto perder las escasas protecciones de un proceso reglamentado. Donde alrededor del 12% de los trabajadores activos está sindicalizado y donde según datos aportados por la Fundación Sol, 9 de cada 10 trabajadores asalariados no negocia sus condiciones de trabajo colectivamente.

Huelgas ilegales

Lejos de lo que se pueda pensar, las huelgas legales representan la menor parte de las movilizaciones de los trabajadores en el país, según indican las cifras entre el decenio 1999/2009 presentadas por CIPSTRA (Centro de Investigación Político Social del Trabajo). En 1999 hubo 13.293 trabajadores involucrados en huelgas legales, mientras que en el mismo año, involucrados en huelgas ilegales alcanzan los 95.209. Las cifras se disparan al año 2009 cuando en huelgas legales hay 21.915 involucrados frente a los 1.581.195 en huelgas ilegales.

Entre enero y abril de este año, CIPSTRA indica que de 48 huelgas a nivel nacional, el 54% fueron legales frente al 46% ilegal. No obstante, los involucrados en huelgas ilegales(15.450) superan con creces a los partícipes de las huelgas legales (6.123). 5 de las 48 huelgas fueron en nuestra Región, que se ubicó tras la Región Metropolitana (19)

Es importante rescatar estas cifras, pues las huelgas ilegales, lejos de plantear grandes reivindicaciones políticas o grandes transformaciones sociales, o incluso utilizar métodos de acción directa en su amplio espectro de posibilidades, vienen a mostrar que el Código del Trabajo ha sido una verdadera camisa de fuerza para prohibir las reivindicaciones más básicas de los trabajadores chilenos: los trabajadores pelean por alzas de salarios mínimas, bonos de colación y movilización y los estimados bonos por término de conflicto, muchos de los cuales terminan pagando las altas deudas que adquiere la población chilena debido al escaso poder adquisitivo de los salarios..

Como señala el Observatorio de Huelgas Laborales «Es principalmente la híper regulación de la acción conflictiva laboral y su compleja utilidad procedimental la que ha llevado a la presencia estructural de huelgas ilegales en los últimos 20 años; no sin ello generarse también, de modo inverso, una buena cantidad de huelgas legales, estructuralmente igual de presentes aunque no tan masivas como las primeras.»

Las huelgas forestales de años anteriores, las grandes paralizaciones portuarias, las movilizaciones de trabajadores proempleo, Los trabajadores municipales, Correos de Chile, el Retail, Los Recolectores de basura, ASMAR, Líder, los peonetas de Coca Cola, Profesores, trabajadores de la Salud, Farmacias Cruz Verde, Banco Ripley y Paris, Mina Santa Ana, CHEC Chile Spa y por último el Instituto Profesional AIEP, son muestras de una diversidad de Sindicatos, algunos grandes y poderosos y otros pequeños y valientes, que se están atreviendo a pelear por mejores condiciones laborales a pesar de que algunas de ellas, sobretodo en el sector estatal son movilizaciones ilegales.

Continuando con esta idea, señala CIPSTRA «La centralidad del sindicato devela que pese a las limitaciones objetivas que establece la ley en base al Plan Laboral, nunca se logró contener los procesos de conflictividad en las áreas locales que generan las nuevas formas que adoptan las relaciones laborales ni destruir sus formas de organización.»

En entrevista a El Desconcierto, Gonzalo Durán, economista e investigador de la Fundación SOL indicó, respecto de la conflictividad laboral que » Lo primero es que este tipo de conflictos se han recrudecido en este último tiempo, da cuenta de una situación estructural del modelo de sociedad que hoy día existe en Chile, y que tiene que ver con la mala repartición de los ingresos, y que al momento de llegar al punto exacto donde ellos se generan, que es en las relaciones de producción entre los trabajadores y empresarios, se da una situación que no tiene manera de ser superada, un verdadero muro de contención dado por las reglas del juego, que hacen que los trabajadores, aún cuando se organicen, armen sindicatos y luchen por mejorar el valor de su trabajo, finalmente las empresas tienen todo el poder de su lado, y no logran ceder a ninguna de la reivindicaciones que los sindicatos tienen.»

La utilización de la huelga como procedimiento formal parece delimitar de inmediato el poder negociador de los trabajadores movilizados. Desde la instauración del Código del Trabajo, el respeto por su normativa ha sido el yugo con el que carga la organización sindical pues pone en ventaja al empleador frente al empleado. El caso de Farmacias Cruz Verde fue emblemático en este sentido, pues tras su última huelga de 38 días tuvieron que acogerse al artículo 322 y postergar la negociación a 18 meses más por el casi absoluto control de la movilización por la gigante de las cadenas farmacéuticas.

Una organización para nuestros tiempos

Dentro de las instituciones más cuestionadas en el país durante los diversos estallidos sociales de los últimos años, también se encuentra mencionada la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Tras las evidentes muestras de subordinación en la propuesta de una AFP Estatal del gobierno -frente a un sistema de reparto propuesto por la gran mayoría de gremios y sindicatos- y la poco transparente negociación del salario mínimo – un 2.3% cuando el IPC ha subido cerca del 5%- y acordado para los siguientes 2 años, la cúpula de la organización que reflejaba la idea del cambio del burócrata Martínez por una nueva Dirigente, Bárbara Figueroa, terminó confirmando todas las sospechas de los trabajadores organizados: el gatopardismo de la clase política también es parte del prontuario de la CUT.

Bajo la excusa de postergar estas demandas por instalar la «agenda laboral» en octubre, el acuerdo del salario mínimo dejó en mal pie a los trabajadores del sector privado y a la mismísima ANEF, una de sus representadas, pues los trabajadores fiscales negocian el alza de sus salarios basándose en la negociación del salario mínimo, que habitualmente rondaba el 5%.

"Esta no es una negociación típica, está enmarcada en los principios más básicos: la necesidad de sacar a los trabajadores de la línea de la pobreza y por otro lado, garantizar derechos de negociación colectiva y de fortalecimiento sindical que terminen con las prácticas abusivas" explicó Bárbara Figueroa a la prensa el día en que se logró el acuerdo con el gobierno. El problema es que lejos de las declaraciones de buenas intenciones, tanto del gobierno como de la multisindical, la política de la CUT desconoce una cuestión fundamental dentro de las movilizaciones de los trabajadores durante la última década: el afán de luchar por mejores condiciones de los trabajadores, a pesar de no estar amparadas por una legalidad determinada.

Si bien, es cuestionable que las movilizaciones de los trabajadores hayan sido efectivas, son al menos una posibilidad concreta de un cambio en las condiciones del sector productivo, si es que entre ellos hubiese una multisindical que los agrupara y coordinara para lograr ejercer en conjunto el poder negociador de los trabajadores. La Unión Portuaria es el fiel reflejo del resurgimiento de los sindicatos por rama productiva, con el poder suficiente como para frenar leyes, aumentar salarios y mejorar las paupérrimas condiciones laborales y de jubilación de los trabajadores. El revés de esta organización fue la paralización de los peonetas de Coca Cola, que sin contar con la visibilidad ni la actividad estratégica de los portuarios, agonizó por la censura de los medios de comunicación auspiciados por la gaseosa.

Una ligera mirada por la historia del movimiento obrero chileno completa la idea, refrendada por los datos actuales, que el actuar por fuera de la ley ha sido una práctica sistemática de los trabajadores, que, asfixiados por las leyes laborales de su tiempo luchan por crear organizaciones que ejercen de facto su poder, sin pedir a gobierno alguno que mejore sus condiciones laborales, sino más bien obligando a las patronales a mejorar sus condiciones de vida. Es incluso la instauración del Código del trabajo el año 39 el que disminuye la movilización de trabajadores. Con la formalización del actuar de las organizaciones sindicales, al mismo tiempo se «absorbe» el poder movilizador y de protagonismo de las capas trabajadoras, por encausar a través de cúpulas dirigenciales y de clases políticas el principal motor de cambios de la historia del país.

En la postura de la CUT hay un trasfondo de corte ideológico que puede ser severamente cuestionado cuando se hace patente: que el gobierno de Michelle Bachelet mejorará las condiciones de los trabajadores. Es decir, a pesar de las evidentes muestras del compromiso de la clase política con el poder empresarial, muestras que siempre se excusan en que los problemas entre empleadores y trabajadores son entre «privados» mientras envían a FFEE de Carabineros a reestablecer el orden -recordemos por ejemplo, el caso del homicidio por parte de Carabineros de Rodrigo Cisternas, trabajador de Forestal Arauco en un conflicto con la empresa en el anterior gobierno de Bachelet, el año 2007, la muerte de Juan Pablo Jímenez o el trabajador del Transantiago que se quemó a lo bonzo-.

La CUT insiste en esperar la agenda laboral que se presentará en Octubre, agenda laboral que se ha presentado durante todos los gobiernos civiles postdictadura y cuya espera hoy a los trabajadores no les interesa pues la credibilidad de la clase política en su conjunto hace, sanamente, dudar incluso a un demente.

En este escenario es donde se entiende el rol de amortiguador del conflicto social del Partido Comunista, que pretende impulsar a través de reformas, política que desconoce que a lo largo de la historia las victorias de los trabajadores han sido arrebatadas a los empleadores con la movilización social.

En las grandes discusiones teóricas del mundo social, hay dos propuestas que plantean como se distribuye la riqueza dentro de un país. La primera dice relación con las «reformas tributarias» y que estima que la riqueza se puede redistribuir -y por lo tanto impedir las grandes desigualdades sociales- a través de la tributación de los que tienen más hacia el financiamiento de los derechos sociales. En las discusiones pre gobierno de Bachelet, los empresarios estimaron que esta propuesta era viable frente a lo que denominaron reformas laborales.

La otra propuesta señala que esta postura es inconducente, pues ignora o pretende ignorar que el poder económico siempre tiene la forma de evadir o eludir impuestos-muestra de ello es la reformita tributaria cocinada por la concertación y la derecha.- Indica que la distribución de la riqueza se redistribuye donde se produce la riqueza, es decir, en el conflicto entre capital y trabajo. En otras palabras, una mejor distribución de la riqueza se produce cuando los trabajadores forman una clase social poderosa que «arrebata» o recupera algo de su fuerza de trabajo a través de la huelga. Fue esta concepción la atacada en dictadura con el nefasto código laboral esquematizado desde 1979 y cuyas consecuencias se ven reflejadas en las terribles diferencias entre las utilidades del capital y la depreciación de los salarios de los trabajadores chilenos.