En medio de la crisis habitacional que atraviesa nuestro país, desde distintos partidos de derecha (Evópoli, Renovación Nacional y UDI) se planteó la idea de sancionar con cárcel a quienes usurpen la propiedad, a través de un proyecto que en la actualidad estaría frente a su último trámite legislativo para transformarse en ley: La llamada Ley Antitoma.

Por Estefanía Solis 

La Cámara de Diputadas y Diputados este martes aprobó el proyecto de ley de usurpaciones, y este miércoles el Senado también dio el sí. Diversas reacciones ha generado esta noticia, y quiénes se ven más afectados son nuevamente las chilenas y chilenos más vulnerables. El movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras ya realizó una declaración pública condenando la decisión emanada desde el Congreso y realizando un llamado al Gobierno a vetar la iniciativa, además de convocar a una marcha nacional para el próximo 7 de septiembre.

En cuanto a la responsabilidad que le cabe al Gobierno para frenar la promulgación de la Ley Antitomas, desde los comités de vivienda recordaron que durante la campaña electoral de Gabriel Boric se estimaron medidas como diversificar las formas de acceder a la vivienda, impulsar iniciativas sobre arriendo justo, entre otras, pero la actualidad dicta mucho de estas promesas, afirman pobladores y pobladoras sin casa. 

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La aprobación de esta ley pondría en riesgo el techo donde viven un considerable porcentaje de familias, teniendo en cuenta que según los resultados del Catastro Nacional de Campamentos que entregó la ONG Techo, en marzo del presente año, se demuestra que desde el 2021 hasta la fecha, el crecimiento de campamentos aumentó en un 40% informó El Mostrador.

Claudia Soto, coordinadora de la toma 17 de Mayo de la comuna de Cerro Navia, declara que, "hemos vivido la feroz campaña contra las tomas de estos últimos años, donde la jurisprudencia criminaliza, la prensa criminaliza, la ley criminaliza y la persecución física brutal que han sufrido algunas tomas muestra cómo prepararon un escenario para montar este proyecto de ley. Hoy hay una crisis habitacional profunda y la respuesta del Estado es un proyecto de ley que persigue. Las tomas y campamentos son la solución de los propios pobladores a una tremenda y aguda necesidad de vivienda". Agregó que, "El Gobierno debería escuchar la demanda de vivienda digna, postergada por décadas para los pobladores. Existe el anhelo de vivir mejor, existe el cansancio de no querer esperar 10 o 15 años por una vivienda social que no es de calidad, que no construye barrios dignos donde desarrollarnos como parte de las familias del pueblo".

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Frente al rápido avance de esta normativa y los llamados a protesta, Gustavo Sotomayor, integrante de la Federación Nacional de Pobladores Biobío, enfatizó  que, "nosotros queremos el veto total de la ley y que el Gobierno ponga todo de su parte para que no siga avanzando, no estamos de acuerdo con una ley que en parte permita el castigo a las tomas. Queremos que junto con el parlamento avancen en discusiones y en políticas para acceder a la vivienda".

El dirigente de la FENAPO en el Biobío agregó que, «nosotros entendemos que el Gobierno hoy en día no tiene mayoría en el parlamento, pero no ha habido una disposición para trabajar en conjunto con el movimiento social en general, en donde podamos movilizarnos de forma masiva para nuestro objetivo en común. Hoy el Gobierno está cerrando las puertas, quieren llegar solo a acuerdos con las fuerzas políticas representadas en el parlamento".

De esta manera, y con el avance del trámite de la Ley Antitomas, desde el movimiento de pobladores ratificaron que su movilización irá en aumento y llamaron a todos los integrantes de comités de vivienda a protestar y a encontrarse en una gran marcha nacional el próximo jueves.