[resumen.cl] La iniciativa pretende ampliar el concepto de representación en la nueva Constitución no se limite meramente a partidos políticos y que asegure a las organizaciones sociales un espacio de participación.

Este viernes, el colectivo Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) presentó una iniciativa de norma junto a convencionales de Escaños Reservados y Pueblo Constituyente sobre "Participación en la Democracia y Representación Política", que contempla el reconocimiento de organizaciones políticas más allá de los partidos tradicionales.

Se trata de una iniciativa constituyente de la Comisión de Sistema Político que reconoce la figura de "movimientos político-sociales" como un órgano de deliberación democrática que debe ser considerada al igual que los partidos por el Sistema Electoral chileno.

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Así, su articulado establece que "El Estado reconoce a todas las formas de organización de la sociedad como legítimamente habilitadas para incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, en los marcos fijados por esta Constitución y las leyes".

Alondra Carrillo, de Movimientos Sociales Constituyentes, afirmó que "nuestro actual sistema de representación política ha excluido a la mayor parte de la población, que no encuentra su representación en el actual sistema de partidos". Sobre la propuesta explicó que "permite abrir espacios para la representación de las distintas formas de hacer política que ha desarrollado el movimiento popular al margen de los partidos, cuestión clave para la coyuntura histórica en que nos situamos, donde buscamos desbordar los marcos en que se ha desarrollado la política hasta ahora".

Respecto a su configuración, el texto establece que "podrán articularse en diferentes niveles y sus formas deberán garantizar la democracia interna, la paridad, interculturalidad, la alternabilidad de sus dirigencias, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos". Asimismo, agrega que las directivas o estructuras de coordinación tanto de partidos como de movimientos político-sociales "estarán conformadas de forma paritaria, asegurando que al menos el cincuenta por ciento de su composición sean mujeres, y deberán alternar periódicamente sus cargos, en la forma que establezca la ley".

La iniciativa integra restricciones a quienes pueden postular a cargo de elección popular, como por ejemplo,  quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción, cohecho, soborno, malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude al fisco o cualquier delito de gravedad  contra el patrimonio del Estado; y por delitos de violencia de género. Junto con eso, prohíbe las candidaturas de quienes adeuden pensiones alimenticias.

Francisca Arauna, integrante del Colectivo Pueblo Constituyente, señaló que "el sistema electoral propuesto es una actualización a un sistema obsoleto que responde a viejas prácticas políticas que ya no tienen vigencia en la nueva sociedad que estamos construyendo. La paridad, la plurinacionalidad, la equidad y justicia territorial y la descentralización son ejes centrales de esta propuesta que quiere dar una solución a la crisis de representatividad que experimenta la política de nuestro país pero también a efectivamente consagrar una igualdad a poder postular y a ser a cargos de representación popular".

Elecciones populares

Respecto a las elecciones populares, la iniciativa mandata a que la ley establezca "un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, plurinacionalidad, equidad territorial, paridad, alternabilidad de género, igualdad entre las candidaturas de una misma lista o coalición electoral, y los demás contemplados en esta Constitución".

Sobre el financiamiento, establece que "El Estado asegura a los partidos políticos y a los movimientos político-sociales, incluidas las listas de escaños reservados de los pueblos originarios o territorios autónomos indígenas, un acceso equitativo al financiamiento estatal, el cual dependerá de la elección a la que se postule y estará regulado por ley".

Asimismo, se fija que "No se podrán recibir aportes privados de personas no afiliadas o adherentes, ni de empresas, para el financiamiento electoral".