[resumen.cl] Se informó por fuentes de Gendarmería, que esta madrugada del jueves falleció el ex oficial de ejército Francisco Fernando Martínez Benavides quien cumplía condena en el Penal Punta Peuco, en Santiago, por el crimen de tres ciudadanos uruguayos, delito cometido a fines de septiembre de 1973 en Puente Alto.

Los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, que permanecían asilados en Chile desde pocos meses antes del golpe militar, fueron detenidos por carabineros, entregados por éstos a los militares del Regimiento de Montaña N°7, de Puente Alto, quienes los conducen a su unidad y posteriormente son hechos desaparecer. En esa unidad Martínez Benavides era 2° Comandante y Jefe de Sección de Inteligencia.

Tanto el ahora fallecido, como los ex oficiales Mateo Durruty Blanco, a la época Comandante del Regimiento 7, y los miembros de la Sección de inteligencia Gabriel Bernardo Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, Lander Mickel Uriarte Burotto, y Guillermo Antonio Vargas Avendaño, fueron condenados a 6 años de presidio como autores de los crímenes en mayo de 2014 y permanecían en prisión desde abril del año 2015, luego que la Suprema ratificara las condenas.

Como demuestran los fríos datos, los criminales permanecieron por más de 40 años en completa impunidad. Recién el 2015, luego de casi 42 años de cometidos los crímenes, fueron recluidos. En su oportunidad, el fallo judicial estableció que los detenidos uruguayos fueron torturados reiterada y brutalmente por los victimarios. En el medio no permanecieron como inocentes palomas sino que varios de ellos continuaron sus oficios criminales y represivos al servicio de la dictadura. Martínez Benavides fue integrante de la DINA-CNI donde cumplió funciones en el Estado Mayor de la División Metropolitana hasta 1981.

Los crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad no son prescriptibles ni amnistiables, de manera que los autores deben cumplir sus condenas en prisión; así lo exigen los tratados internacionales de justicia que Chile ha suscrito y que deben ser aplicados, a pesar de las ofensivas reaccionarias por tratar de imponer más beneficios y más impunidad a favor de los criminales. Pese al tiempo transcurrido de la comisión de los delitos, el daño causaron y la aberración que provoca siguen haciéndose sentir por el lento proceso de establecer la verdad y por el aún más lento papel de la justicia originado, entre otras causas, por el ocultamiento de información y la nula voluntad de cooperar con estas causas que siempre han mostrado estos criminales.