En la última década, La Polar se alzaba como la alumna estrella de las multitiendas. El traspaso de propiedad desde Comercial Siglo XXI de la familia Paz Guendelman a la empresa de inversiones estadounidense Southern Cross  en 1999 dio nuevos aires a esta compañía, que ya en esa época estaba amenazada por el monstruo de la quiebra.

Rápidamente se puso a tono con sus competidoras más grandes y potenció el negocio financiero como uno de los pilares para el crecimiento de la firma. En 2000, La Polar entró a la industria de los seguros, lanzó su portal de ventas online, se abrió a la Bolsa e incluso se analizó la posibilidad de expandirse hacia el extranjero. Y las proyecciones para esta tienda por departamento eran tan promisorias que para el 2009 sus acciones bordeaban los tres mil pesos, superando el valor unitario de las de Falabella.

Poco se advertía en ese tiempo sobre el escándalo de las repactaciones unilaterales que hoy afecta a miles de clientes y sobre la sobrevaloración bursátil que, según las estimaciones, habrían causado un daño patrimonial de más de 300 millones de dólares a las AFP, afectando a otros millones de chilenos cuyas jubilaciones son transadas a través de los fondos de pensiones.

Y es que más allá de los errores o malas intenciones de los ejecutivos o de las negligencias de la de la contabilidad externa o los evaluadores de riesgos, el caso de La Polar es sólo una muestra más del amplio terreno que tiene la industria del retail para hacer  y deshacer con los bolsillos de los consumidores y abultar los de sus dueños.

Las anomalías en los contratos en las tarjetas de crédito no son nuevas y no se limitan a las prácticas de una empresa en particular, tal como lo han querido recalcar los distintos medios de comunicación.

La pelea por las cláusulas abusivas se remonta a mediados de los ´90 a las puertas de la modificación a la Ley del Consumidor. Uno de los flancos donde se encontraron mayores irregularidades fue, precisamente, en estas empresas que dentro de sus tácticas más emblemáticas aplicaban, en ese tiempo, la letra chica y los cambios unilaterales en las condiciones de los contratos. Y pese a que estos abusos quedaron claramente tipificados como ilegales, el panorama 20 años después no dista mucho de eso.

Prueba de ello fue la demanda colectiva que el Sernac emprendió en 2005 en contra de todas las multitiendas, excepto Falabella, por cobrar intereses por sobre la Tasa de Interés Máxima Convencional. Un abuso que es escandaloso por donde se le mire, si se considera que este indicador es uno de los más altos que se aplican en el mundo y que encarece, mes a mes, casi el doble del valor original del producto. Las organizaciones de consumidores han advertido además que si a esto se le suma el cobro por la mantención de la cuenta, las comisiones y seguros asociados, las deudas de los chilenos suben casi en un 70 por ciento anual. Esa es la verdadera cara del crédito y la razón de las suculentas ganancias. No por nada a marzo de 2011 se registraban más de cinco millones de tarjetas de crédito no bancarias con operaciones, que se utilizan para realizar un 70 por ciento de las ventas en las grandes tiendas.

Un dato que no es menor, si se considera que la Tasa de Interés Máxima Convencional fue instaurada en la década de los ´60 cuando la inflación en el país estaba por las nubes. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido cifras inflacionarias que no superan el dos por ciento y la tasa se mantiene intacta. Es decir, a menor costo del dinero, por esta vía, las empresas aumentaron sus utilidades. ¿Y la regulación dónde está?

Finalmente, las tiendas por departamento afectadas tuvieron que devolver todo el dinero extra que se había cobrado fuera de la ley a miles de chilenos que se sorprendieron cuando vieron la devolución en sus cuentas, pero que ni se enteraron cuándo y cómo se lo habían sacado.

Los ejemplos que grafican esta situación siguen saltando a la vista. Este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago reactivó un juicio en contra de Cencosud - que se había iniciado en 2006 - por el aumento en el valor de la comisión de las tarjetas MAS para las personas que tenían un gasto inferior a 50 mil pesos de 460 a 990 pesos.  Otro cambio unilateral, que se realizó mientras el actual ministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, era gerente general del holding.

Por eso resulta indignante cuando estas compañías se defienden diciendo que la información es enviada a los clientes y que si no se emite una respuesta en un periodo determinado, entonces el silencio se interpreta como consentimiento.

En todas estas situaciones, el común denominador, además de los abusos es la falta de regulación. Es al menos raro que habiendo una Ley del Consumidor que establece claramente todas estas prácticas  como ilegales, se sigan realizando. Y es que la sensación de impunidad frente a estos delitos es casi tan grande como las ganancias. En el mismo caso de Cencosud, que reportó utilidades por 588 millones de dólares en 2010, la multa por cada consumidor perjudicado es de un poco más de 37 mil pesos. Con esas cifras no es difícil determinar hacia qué lado está inclinada la balanza.

Fuente: Radio Universidad de Chile

Foto: Estudiantes en Concepción al interior de Almacenes Paris, denunciando el enriquecimiento de estas instituciones a costa del endeudamiento.