Municipio de Limache mantiene contratado a exagente de la CNI en el Juzgado de Policía Local

A 50 años del Golpe Militar, ex agentes de la dictadura siguen apareciendo como funcionarios dentro de la administración pública. Esta vez se trata de Gonzalo Javier Conlledo Espinoza, ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que se desempeña actualmente, como secretario del Juzgado de Policía local en Limache, administración a cargo de Daniel Morales Espíndola (RN-independiente).

Por J Murieta y Juan Contreras Jara

Desde 2014 el exagente de la División Informática de la CNI -policía política de la dictadura de Pinochet implicada en cientos de violaciones a los DDHH-, Gonzalo Javier Conlledo Espinoza, trabaja bajo la modalidad de contrata en el Juzgado de Policía Local de Limache, como secretario de la repartición, ganando un sueldo de $1.547.788 (mayo) en la región de Valparaíso, según aparece en los registros de Transparencia.

Captura de pantalla del sitio de Transparencia Activa de la Municipalidad de Limache

La información fue confirmada a Resumen por el concejal, Joel González, quien sostuvo que: «el 2019 se descubre que fue parte del Departamento de Informática de la CNI. En 2021 esto empieza a ser conocido por organizaciones de DDHH, empiezan a haber denuncias desde el concejo comunal, donde planteamos que nos parece inaceptable la situación».

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Gonzalo Javier Conlledo Espinoza fue uno de los 117 agentes de la División Informática de la CNI, órgano de inteligencia de la dictadura militar de Pinochet que incurrió en cientos de violaciones a los DDHH, a través de torturas, secuestros, desaparición, violaciones y asesinatos. A esa organización perteneció el ahora funcionario del Juzgado de Policía Local de Limache, a quien distintos sectores de la región de Valparaíso piden remover de dicho municipio.

Ya en 2020, familiares de Detenidos y Desaparecidos de la dictadura militar-empresarial chilena conmitaron al alcalde Morales a desvincular a Conlledo Espinoza del municipio, situación que hasta la fecha se mantiene sin atender.

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Sobre la contratación del ex agente de la CNI, el concejal Joel González expresa que el alcalde les respondió que, «según lo que explica la Contraloría, al no tener un proceso en curso y un sumario administrativo, el municipio no tiene mayor facultad para desvincularlo».

Si bien Conlledo Espinoza no mantendría causas judiciales pendientes, desde el municipio remitieron -según informó el concejal-, todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la región que están siguiendo causas de violación a los Derechos Humanos, debido a que, «él puede tener información relevante para poder acelerar ciertos procesos de causas que hoy día no logran avanzar justamente por la falta de antecedentes. Nos parece importante que lo citen a declarar».

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Actualmente, el exagente de la CNI se desempeña al interior del Juzgado de Policía Local de Limache, además formar parte, al menos como señala en su cuenta de Facebook, de Renovación Nacional, mismo partido del alcalde Daniel Morales Espíndola.

Siguiendo con exagentes de la dictadura al interior de la repartición pública, cabe recordar el caso de Carlos Celis Ficca, también parte de la CNI, quien trabaja como personal de apoyo del diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval Rossel, por un sueldo de $1.413.667.

Caso aún más grave es el que ocurre en Curacautín, donde el municipio mantendría a un condenado por delitos de lesa humanidad como director de una escuela rural. Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, civil sentenciado por su participación en la desaparición de campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973. Juan Carlos Burgos Belauzarán fue condenado en calidad de autor de secuestro calificado de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastias Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz.

Así las cosas y a 50 años del Golpe de Estado, agentes de las organizaciones que infundieron el terror y violaron los Derechos Humanos durante el régimen de Pinochet, han encontrado cabida al interior de municipios e incluso el Congreso.

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