Los asistentes de la educación (auxiliares, inspectores, administrativos, etc) son trabajadores que han debido visibilizar sus demandas y necesidades en medio de un espeso anonimato. Fruto de un prcoceso de organización han ido consiguiendo garantías que ahora deben exigir que se cumplan, pues el municipio penquista no las reconoce.

Luis Moraga, presidente de la Asociación de Funcionarios paradocentes de la Educación Municipal de Concepción (AFUPAC) explica que en 1996 lograron que se incorporara un bono de aumento de remuneraciones, a través de la ley 19.464. Este bono, hoy asciende a la suma de unos 60 mil pesos mensuales y su pago iba a ser sumado a la cantidad que indicara la escala de remuneraciones a la que estuvieran sujetos los trabajadores.

En el caso de los asistentes de la educación de Hualpén, Chiguayante y Concepción, lograron que sus municipios establecieran una escala de remuneraciones común. No obstante, en el caso del municipio penquista, no ha respetado lo estipulado por la ley que norma el pago del bono, pues no lo suma al salario que está consignado en la escala de remuneraciones, sino que lo incluye. En la práctica, el bono lo pierden todos los meses. 

Actualmente, los trabajadores han interpuesto una demanda de la que esperan un fallo favorable. 

Este hecho es representantivo del abuso sufrido por parte del municipio, en varios hechos que Luis Moraga, denuncia:

-El cese arbitrario del pago de la asignación de zona.

-El no pago de cuotas previsionales en las AFP y en FONASA.

-El no pago de cuotas de deudas de los trabajadores, a diversas instituciones financieras, las que se descontaban de la misma planilla de sueldo. El descuento se hizo, pero el pago a estas instituciones no, por lo que muchos trabajadores hoy aparecen con deudas multiplicadas por los intereses y en registros de morosidad.

-La reiterada negación, de parte de los directores de establecimiento, a ceder días administrativos (de los que tienen 6 anuales).

Hasta el momento, el municipio se defiende con «campañas del terror», afirma Luis. Usando al abogado del Departamento de Educación Municipal, Carlos Donoso, para deslegitimar las demandas e intimidar con las consecuencias que cada uno de los trabajadores podría sufrir si se involucra en la demanda colectiva y en la lucha por revertir esta situación. Demostrando que las prácticas que marcaron la administración de Van Rysselberghe y su heredero Patricio Kuhn, no han cambiado con la nueva administración concertacionista.

Foto: Protesta ante el cierre de escuelas en Concepción, noviembre 2011

Asistentes de la Educación: «formar una sola organización del mundo de la educación»