Encabezó la junta militar que se alzó con el poder luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y abrió la etapa más negra de la historia Argentina. Puso en marcha un plan sistemático genocida con secuestros, saqueos y desaparición de personas, y una política económica neoliberal que fue el puntapié de inicio de uno de los procesos de vaciamiento y entrega del país a los capitales financieros más duros para la sociedad argentina. Fue condenado por delitos de lesa humanidad y murió esta mañana a los 87 años, purgando una parte de sus crímenes -de los que nunca se arrepintió- en el penal de Marcos Paz. La lucha de los organismos de derechos humanos que reclaman memoria, verdad y justicia por los 30 mil desaparecidos y los nietos que aún no fueron recuperados, sigue de pie

La noticia fue confirmada por el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, quien confirmo que Jorge Rafael Videla falleció por la mañana «de muerte natural» en el módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal 2, de la ciudad de Marcos Paz, donde se encontraba cumpliendo condena a prisión perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad.

El parte médico indicó que «se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito, siendo las 08.25 hs del día de la fecha». Tras constatarse la muerte, «de conformidad con los trámites de rigor, se cursó comunicación del deceso al Juzgado Federal N 3, Secretaría N 10, de Morón».

El juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas, dispuso que esta tarde se practique la autopsia al represor en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Capital Federal, ubicada en Viamonte y Junín. La causa recayó en Salas porque es el que tiene jurisdicción federal en la cárcel donde estaba detenido Videla.

El dictador nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad bonaerense de Mercedes. Fue Jefe del Ejército Argentino desde 1975 y designado presidente del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ocupó la presidencia hasta 1981.

Tras la recuperación de la democracia en 1983 fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Pero fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem el 28 de diciembre de 1990 y estuvo libre hasta 1998. En ese año, el entonces juez federal de San Isidro Roberto Marquevich lo detuvo en una causa por sustracción de menores, el único delito que quedaba fuera de la órbita del indulto. En esa causa fue procesado.

El 24 de marzo de 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó que los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar, fueran retirados de allí. Kirchner destacó que ese acto marcaba «definitivamente un claro posicionamiento» del país, de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de él mismo, en su carácter de presidente y de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, «de terminar con esa etapa lamentable» y de que esté «consolidado el sistema de vida democrático y desterrado el terrorismo de Estado».

Videla gozó por un breve lapso de arresto domiciliario en su casa sobre avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales, pero luego fue denunciado por violar las condiciones de ese beneficio al salir a saludar por la ventana de su departamento y se lo envió a prisión.

El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 6 al ser encontrado responsable de la puesta en marcha de un plan sistemático de sustracción de menores a secuestradas en centros clandestinos de detención y puntualmente condenado por 18 casos, entre ellos el de Guido, el nieto que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto aún sigue buscando.

Actualmente, Videla enfrentaba un juicio oral por el denominado «Plan Cóndor», la coordinación de la represión ilegal entre dictaduras Latinoamericanas, tras haber sido condenado a reclusión perpetua por el asesinato de presos políticos en Córdoba y a 50 años de cárcel por el robo de bebés. Además, cumplía la pena de reclusión perpetua impuesta en la llamada causa 13, que juzgó a la cúpula de la última dictadura cívico militar en 1985.

La última visita a los tribunales federales de Retiro fue el martes pasado, cuando se lo trasladó desde la cárcel bonaerense de Marcos Paz para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 por el Plan Cóndor, donde era juzgado junto a otros 24 acusados.

Allí se negó a declarar, pero leyó un breve manifiesto en el que asumió «en plenitud» las «responsabilidades castrenses» por lo hecho en lo que llamó una «guerra» contra el «terrorismo» y deslindó de culpas a sus subordinados. «Los acompaño como preso político, hasta tanto recupere el último de ellos su ansiada libertad», dijo sobre sus consortes de causa, ante los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer.