Nadie está olvidado: organización busca que se declare sitio de memoria la Intendencia de Antofagasta por ser lugar de detención, tortura y ejecución en dictadura

La Agrupación por la memoria Providencia de Antofagasta lucha a través de una solicitud por el reconocimiento de la Intendencia de la región como un sitio de memoria y monumento histórico. En aquel lugar, se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la dictadura liderada por Augusto Pinochet, sumado al homicidio del trabajador portuario Joaquín Espinoza (36). Hasta el día de hoy sus familiares claman por justicia obteniendo nulas respuestas de parte de las autoridades y el Estado.

Por Valentina Luza

Los antecedentes recopilados por la Agrupación; en conjunto a los familiares, tanto testimonios, como pruebas repartidas, permitió esclarecer los hechos ocurridos en los inicios de la dictadura. Se ha permitido determinar que en los primeros años la Intendencia fue utilizada como un centro de detención, tortura y ejecución política. Específicamente, el subterráneo y las oficinas de lugar fueron testigos del terror.

Joaquín Espinoza Ojeda, es el nombre del trabajador de 36 años que fue asesinado en el lugar tras ser inculpado de estar involucrado en el volcamiento de un vehículo militar y de ser autor de agresiones a un oficial de Ejército mientras era interrogado. Tras esto, fue llevado al segundo piso de la intendencia, donde es asesinado con dos impactos de bala en su cabeza y uno en el tórax propinado por Patricio Ferrer Ducaud, Jefe del Servicio de Inteligencia Militar.

En aquel entonces, los detenidos eran llevados al lugar para posteriormente ser trasladarlos a otros recintos de la ciudad. Tal fue el caso de Luis Muñoz, Elizabeth Cabrera y Nesko Teodorovic, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que fueron trasladados desde la Intendencia hacia la Base Aérea Cerro Moreno, donde fueron asesinados en el trayecto, el mismo día que fue ejecutado Joaquín, quien es la única víctima que se sabe asesinada en el edificio gubernamental, hasta el momento.

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Su nombre puede ser encontrado en el tercer volumen del Informe de Comisión de Verdad y Reconciliación, en el listado de ejecutados políticos. Este documento, además de establecer medidas reparatorias a los familiares de los ejecutados (Ley 19.123 y 19.980), recomendó una serie de medidas de reparación simbólica y reivindicación dirigidas a la sociedad civil.

Asimismo, la agrupación ha enviado al Consejo de Monumentos y a las oficinas de la intendencia, una declaratoria para que el edificio público sea declarado un sitio de memoria y poner una placa distintiva que diferencie el lugar como centro de detención, y tortura entre los años 1973 y 1990. Esta solicitud está también sustentada en base a los antecedentes expresados en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2004.

Cabe recordar que la oficina exacta donde ocurrió el asesinato de Joaquín Espinoza es utilizada para sesiones de forma permanente hasta el día de hoy.

El trabajo realizado por la Agrupación Providencia, con testimonios de exdetenidos políticos y familiares, han realizado una profunda reconstrucción de hechos en busca de justicia que permita la materialización de esta solicitud.

 

"Un activista muerto en la intendencia"

El Mercurio titulaba el 17 de septiembre de 1973: "Un activista muerto en la Intendencia", junto con el obituario de Joaquín Espinoza Ojeda.

La familia del trabajador, al igual que muchas otras, siguen la lucha por el reconocimiento del crimen cometido. En una entrevista realizada el año pasado por el periódico Regionalista a la hija de Joaquín, María Espinoza, recuerda que la última vez que vio su padre fue el 15 de septiembre cuando ocurrió la detención.

Una vecina lo acompañaba en el vehículo en el momento «Ella cuenta que iban doblando por Nicolás Tirado con Pedro Aguirre Cerda y justo en el cruce quedan en pana. Y de norte a sur venía una caravana militar y por la rapidez con que venían, al hacer el quite al vehículo de mi papá, se volcó un jeep. Y ahí tomaron detenido a mi papá y se lo llevaron a la Intendencia Regional, en el segundo piso», cuenta María Espinoza.

Así, ocurrió el montaje al trabajador donde se le inculpó del accidente. En el segundo piso de la Intendencia se le dio muerte a Joaquín Espinoza. «A él lo amarraron y lo torturaron. En ese tiempo estaba Adrián Ortiz, del Ejército. Luego nos enteramos que el que disparó fue Patricio Ferrer», afirma.

 

Un sitio de memoria histórica

Se estiman aproximadamente 1.170 centros de detención y/o tortura de la dictadura, en los que su mayoría no ha sido recuperado ni reconocido hasta el momento. En su lugar, se han utilizado para locales comerciales o se ha suscitado su desaparición. Específicamente en la Intendencia, el subterráneo es utilizado como bodega.

Asimismo, la región de Antofagasta hay sólo dos centros de detención/tortura recuperados y reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), como Chacabuco y Providencia (sitio expropiado por Carabineros desde el año 1974), en un universo de 42 centros reconocidos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en todo el territorio regional.

A pocos días de la conmemoración del 11 de septiembre y en un contexto de ajetreo social constante, donde se reivindica la lucha popular, es de suma importancia la justicia y reparación para todos los afectados de la dictadura y terrorismo de Estado que atravesó el país.

El reconocimiento de los sitios de memoria permite el conocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos en un determinado lugar y momento, faculta la memoria y el respeto por la historia. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, este acto debe ser prioridad de los gobiernos post-dictadura, trabajar por no permitir el negacionismo ni la desmemoria en la ciudadanía.

Esta reivindicación permite empujar a la reflexión constante y la no repetición, generando una reparación y justicia simbólica para los familiares y compañeros de detenidos y desaparecidos. Así, empujar al territorio de Antofagasta y las nuevas generaciones estén al tanto de los crímenes de lesa humanidad y quiebres institucionales ocurridos, solidarizando cada vez más con sus habitantes.

No se puede cimentar un país en injusticia y el olvido. Es tarea constante de todos empujar las consignas con la memoria viva y latente, con los muertos que son nuestros muertos, para que nunca más en Chile el terrorismo de Estado descanse en la impunidad.

Foto Velaton 11 de septiembre 2019 en la Intendencia de Antofagasta.

 

 

 

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