El prestigioso economista estadounidense analiza, en este artículo en Sinpermiso, lo que estaba en juego en el referéndum del 9 de abril en Islandia, cuando el acuerdo al que habían llegado el Gobierno y los negociadores financieros europeos fue rechazado mayoritariamente.

Cerca del 75% de los votantes islandeses acudieron el sábado 9 de abril a las urnas para rechazar la propuesta del Gobierno socialdemócrata-verde de pagar 5.200 millones de dólares a las aseguradoras bancarias británicas y holandesas por el colapso de Landsbanki-Icesave. Todos y cada uno de los seis distritos electorales de Islandia votaron «no» en una proporción nacional del 60% (en enero de 2010, dijo otro «no» el 93%).

El voto reflejó la extendida creencia de que los negociadores del Gobierno no habían sido lo bastante enérgicos en la defensa de la causa jurídica islandesa. La situación no puede menos que traer a la memoria el embrollo de la deuda de guerra entre los aliados tras la I Guerra Mundial. Lloyd George -el primer ministro británico- describió entonces las conversaciones sobre las deudas británicas de armamento entre el Secretario del Tesoro norteamericano Andrew Mellon y el británico Stanley Baldwin como «una negociación entre una comadreja y su presa. El resultado fue un acuerdo que arruinó la reputación del cobro de las deudas internacionales (…) No es que los funcionarios del tesoro norteamericano hicieran farol pero, como es de razón, comenzaron las conversaciones planteando exigencias máximas: para su sorpresa, el Dr. Baldwin dijo que, en su opinión, sus exigencias eran justas, y las aceptó (…) Ese crudo desempeño, jocosamente llamado `convenio’, hubo de tener efectos desastrosos sobre el curso entero de las negociaciones…».

Y así ocurrió también con la negociación de Islandia con Gran Bretaña. Es verdad, consiguieron dilatar en el tiempo el horizonte la devolución de la deuda islandesa. Pero ¿de dónde iba a sacar Islandia las libras esterlinas y los euros, dada la contracción de su economía? Ese es el mayor riesgo en los pagos, y sigue sin afrontarse. Amaga con desplomar la tasa de cambio de la corona islandesa.

Además, el acuerdo al que se había llegado implicaba aceptar los cargos de intereses del rescate desde 2008, incluidos los extremadamente elevados cargos de intereses que sirvieron de cebo para que los depositantes privados británicos y holandeses pusieran su dinero en las cuentas de Icesave. Los islandeses ven esos intereses extraordinarios como compensación por los riesgos; riesgos que fueron aceptados por los depositantes, razón por la cual tendrían ahora que arrostrar las consecuencias.

Así pues, el problema Icesave terminará ahora en los tribunales. La directriz pertinente de la UE reza así: «El coste de financiación de este tipo de esquemas tienen que soportarlo, en principio, las propias entidades de crédito». Como reclamantes prioritarios, Gran Bretaña y Holanda se llevarán, en efecto, la parte del león del cadáver de Landsbanki. Pero no era eso lo que se sometía al sufragio de los votantes islandesas. Lo único que ellos querían era salvar a Islandia de una obligación indefinida de cargar con las pérdidas de un banco privado por la vía de incorporarlas a las cuentas públicas sin un plan que dibujara claramente el modo en que Islandia podía obtener el dinero para pagarlas.

La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, alerta de que el resultado del referéndum puede traer consigo «el caos político y económico». Pero tratar de pagar trae consigo lo mismo. El pasado año ha sido testigo de la desastrosa experiencia griega e irlandesa; ahora vemos cómo Portugal se apresta también a incorporar a sus cuentas públicas las deudas temerariamente contraídas por su sector bancario privado. Difícilmente se puede esperar de una nación soberana que imponga a su economía una década o más de profunda depresión, siendo así que el Derecho Internacional autoriza a todas las naciones a actuar conforme a sus propios intereses vitales. Los intentos de los acreedores por persuadir a las naciones de que se allanen a rescatar a los bancos a costa del erario público no es sino un manipulatorio ejercicio de relaciones públicas. Los islandeses han podido ver el éxito de Argentina luego de reestructurar su deuda y recortar radicalmente las pretensiones de sus acreedores. También han podido asistir al colapso político de Irlanda y de Grecia, resultante de su empeño en pagar sin atender a los medios necesarios para hacerlo.

Lo menos que puede decirse es que los acreedores no ponderaron mucho las cosas cuando convencieron al Gobierno verde-liberal de Irlanda de que podía asumir públicamente las quiebras de sus bancos privados sin hundir en la depresión a su economía. Ahí está ahora la experiencia de Irlanda, plantada como una señal de alarma para otros países: no se puede confiar en los pronósticos manifiestamente optimistas de los banqueros centrales.

En el caso de Islandia, los expertos del FMI hicieron en noviembre de 2008 proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB a fines de 2009. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcanzar el 249% del PIB, un nivel que consideraba «claramente insostenible». Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, ¡y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda privada de Icesave que el gobierno socialdemócrata-verde quería asumir públicamente!

El problema capital de las obligaciones de Islandia con Gran Bretaña y Holanda es que la deuda exterior -contraída en moneda extranjera¯ no se paga a partir del PIB. Aparte de lo que se recupere de Landsbanki (ahora, con ayuda de la Oficina Británica para el Fraude Grave), el dinero debe pagarse con exporta- ciones. Pero no ha habido negociaciones con Gran Bretaña y Holanda sobre qué bienes y servicios islandeses aceptarían como pago. Ya en los años 20 del siglo pasado, John Maynard Keynes dejó escrito que la nación acreedora aliada tenía que responsabilizarse de un modo u otro de las posibilidades de que Alemania pudiera pagar sus reparaciones de guerra, si no era mediante la exportación a la nación acreedora. En la práctica, lo que hicieron las ciudades alemanas fue tomar préstamos en Nueva York y pasar los dólares así habidos al Reichbank -el banco central de la República alemana- para que pagara a Gran Bretaña y Francia, las cuales, a su vez, usaban ese dinero para transferirlo al gobierno estadounidense en concepto de satisfacción de la deuda interaliada contraída en la compra de armamentos. En otras palabras: Alemania «tomó prestada su vía de salida de la deuda». Con el tiempo, eso nunca funciona.

La práctica normal para Islandia sería nombrar un grupo de expertos que sentara las bases más firmes posibles para defenderse. De ninguna nación soberana puede esperarse que se allane a imponer a toda una generación la austeridad financiera, la contracción económica y la emigración forzosa de sus trabajadores sólo para poder subvenir a los costos del fracasado experimento neoliberal que ha terminado por arruinar a tantas economías europeas.