El policlínico Maruri, creado en 2011 en Santiago, destinado a disminuir las listas de espera que se arrastran por años en el sistema de salud pública -una de las mediáticas promesas del presidente Sebastián Piñera-, se convirtió en centro de un fraude millonario. 

 

Médicos recién egresados atendían y cobraban como especialistas, sin tratar las dolencias ni operar a los pacientes, pero sí eliminándolos de las listas bajo el rótulo de "atención realizada". Los médicos que eran parte del negociado cobraban, en promedio, nueve millones de pesos mensuales. Al menos 1.500 pacientes siguen buscando solución y deambulan entre los consultorios y el hospital San José, esperando ser operados o atendidos, pues no figuran en el Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE).

 

El policlínico funcionó en las dependencias del Centro Clínico Maruri -concebido para liberar camas del hospital San José-, aunque nunca tuvo la autorización sanitaria. La Seremi de Salud autorizó, en agosto de 2011, que funcionara allí una "clínica transitoria de rehabilitación de pacientes crónicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN)", no un policlínico de atención abierta. Existe una larga lista de irregularidades.

 

Cifras del SSMN dan cuenta que solo en el hospital San José la lista de espera era de 194 mil personas en 2010. Enfermos que esperaban por meses, e incluso años, un llamado telefónico o una cita para ser atendidos por especialistas, son los afectados por este fraude. Maruri gestionó "el despeje de las listas de espera con enfermedades no Auge". El SSMN contrató a Rodrigo Gutiérrez, médico general sin especialidad, egresado en 2011 de la Universidad de Chile, y este se encargó de reclutar al equipo de "especialistas" asumiendo la jefatura del policlínico.

 

El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) denunció, en junio de 2013, que sin mediar un proceso de selección, se contrató a honorarios a médicos recién egresados que no cursaban becas de especialidad, con jornadas de 44 horas semanales, para trabajar en el policlínico que en enero de 2012 pasó al hospital San José, sumando más médicos al equipo. En 2011, Sebastián Piñera prometió terminar -en junio de 2013- con las listas de espera quirúrgicas para patologías no Auge. Para ello, se destinaron 1.500 millones de pesos adicionales, una jugosa tajada de recursos frescos. San José encabezaba la lista de hospitales con mayor número de pacientes en lista de espera. Según el SSMN, la lista de espera en ese hospital disminuyó, en dos años, de 194 mil a 52 mil personas, y siguió bajando. Pero era un negociado con fondos estatales, sin que les importase ni un mínimo la salud y la vida de cientos de miles de enfermos. Miles de pacientes desaparecieron del sistema sin que se les haya resuelto su patología. Los médicos los atendían sin decirles que no eran especialistas; les daban una orden de intervención quirúrgica para el hospital San José, y después nadie les llamaba. Muchos acudían a preguntar o iniciaban nuevamente los trámites desde el principio; les respondían que no aparecían en el registro porque habían sido eliminados de la lista bajo la causal de "atención realizada". De este modo y por arte de magia, las listas de espera disminuían y se informaban como resueltas las enfermedades de pacientes atendidos solo por médicos generales. ¿Sucederá lo mismo en otros hospitales y policlínicos del país?

 

SE ENGA'" A LOS PACIENTES

En enero de 2013, Luis Leiva, subdirector médico del SSMN, autorizó a 15 médicos no especialistas para sacar de las listas de espera a pacientes bajo ciertas causales, entre ellas la "atención realizada". Pero en junio de 2013, se inició una auditoría externa al funcionamiento del policlínico Maruri y se decretó el "cierre". Hoy, la Fiscalía Centro Norte investiga delitos tributarios, fraude al fisco y asociación ilícita. A fines de febrero, la Fiscalía remitió el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE). No solo se investiga a los médicos de Maruri sino que a directivos que habrían participado de las irregularidades.

 

Existen muchos antecedentes del eventual fraude. Contraloría también realizó una auditoría. Según los funcionarios del hospital, en este caso hay responsabilidades del ministro de Salud, Jaime Mañalich; del director del SSMN, Claudio Caro; del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo; y del director del hospital San José, Raúl Vásquez Cataldo, entre otros.

 

El Colegio Médico y la Asociación de Médicos del San José advierten que lo ocurrido es resultado del desmantelamiento de la salud pública y de la falta de políticas para fortalecerla. Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, dice: "Es una muestra más del deterioro que ha sufrido la salud pública chilena en los últimos años, y que ha generado la compra de servicios externos. Nos parece muy grave, ya que se engañó a los pacientes. No se les dio solución real. Hay una vulneración desde el punto de vista ético porque hay médicos que sin ser especialistas, atendían en esa condición... Hemos pedido una investigación a fondo, ya que hay colegas involucrados y la justicia debe determinar qué culpabilidad tienen y si es que hay médicos que se vean involucrados, también deberán ser juzgados por nuestro tribunal de ética".

 

Para el doctor Jorge Sánchez, presidente de la Asociación de Médicos del San José, "quienes requieren atención siguen asistiendo a los hospitales, pero lamentablemente se sigue desmantelando la salud pública, donde se atiende el 80% de la población. Sólo el 40% de los médicos sigue en el sistema público. Las listas de espera siguen creciendo, sin que tengamos una real solución", agrega. Para el doctor Enrique Paris, la política de estado "debe estar enfocada en fortalecer la salud pública", y señala que hay "médicos y especialistas disponibles", pero existe una competencia desleal del sistema privado. "El Estado no hace esfuerzos suficientes para mantener a los médicos en el sistema público... La salud no puede transformarse en un negocio", agrega.

 

La doctora Ximena Rodríguez, de la Asociación de Médicos del San José, dice que desde junio de 2013 estaban solicitando información a las autoridades del recinto y a Contraloría: "Sentimos un gran dolor por los pacientes que han sido engañados. Ha sido una burla a lo que realmente se debe hacer con el paciente y es resultado de la política de salud, que ha generado una fuga de los especialistas de los hospitales. Hay una tremenda lista de espera en las atenciones del policlínico de especialidades".

 

Según la doctora Rodríguez pudieron hacer este tipo de negocios porque no hay un control adecuado de las autoridades: "Es tanta la necesidad y son tantos los pacientes que están en las listas de espera en todo el país, que es muy difícil andar detrás de cada una de las instituciones que están atendiéndolos. Hubo una orden presidencial y fue el compromiso de acabar con las listas de espera, pero se sacaron de forma irregular, eso no lo sabíamos. Faltan especialistas, pero otra cosa es que personas que no son especialistas hagan atenciones como si lo fueran, porque hay un engaño a los pacientes y utilización de recursos públicos. Se les está pagando por un acto que en fondo no se está haciendo, y por otro lado, hay casos donde esto ha generado situaciones de riesgo para la salud de los pacientes". Agrega que estaban usando recursos públicos en forma indebida, por lo tanto, "aunque no soy experta en leyes, pudiera ser un fraude al fisco".

 

"Esto es una situación muy grave porque estaba en conocimiento de las autoridades. Se conversó en la dirección del hospital y con la dirección del Servicio de Salud Norte, por lo tanto, el director del hospital, el subdirector médico y el director del Servicio sabían lo que estaba ocurriendo. De hecho, le pedimos especialmente al director del Servicio que nos informara y se preocupara de las irregularidades que ocurrían en el policlínico Maruri. Se lo solicitamos formalmente en una reunión. Jamás nos respondió", agrega Rodríguez. "Parece increíble, pero las autoridades se sienten muy seguras y hasta la fecha no han sido cuestionadas... Muchos médicos figuran con 800 atenciones y más, y hay pacientes que figuran con 40 y 50 atenciones por los mismos médicos. Les interesaba generar números. Obviamente, el espíritu de esto no era resolver las listas de espera sino aprovecharse de la autorización para apropiarse de dineros 'especiales' que vinieron de la Presidencia de la República. Se aprovecharon de la oportunidad para ganar más plata... Es sancionable éticamente que médicos hagan esto. Y es penoso que se utilice a la gente pobre que está desesperada por recibir atenciones médicas. Muchos pacientes y enfermos necesitan atenciones quirúrgicas y no tienen ninguna posibilidad de ser operados, para qué decir de otros con patologías como artritis, enfermedades reumatológicas o endocrinológicas", dice.

 

Para la doctora Rodríguez, la solución es que se les pague a los médicos un sueldo digno para que se queden en el sistema público: "El 80 por ciento se atienden a través de Fonasa, y de esos, la mayoría en hospitales públicos. La ley médica tiene asignaciones que se supone se hicieron para otorgarlas a los especialistas y, de alguna manera, atraerlos al servicio público, pero la letra chica dice que se cancelan siempre que haya presupuesto y sea autorizado por el subsecretario. Resulta que las asignaciones no se cancelan. El estado no quiere gastar dinero en salud. No se cancela ninguna asignación de estímulo para que los especialistas quieran estar en los hospitales", dice.

 

LUCRANDO CON EL DOLOR

Por su parte, la coordinadora del SSMN de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), señala que la Clínica Universitaria Maruri fue originalmente creada al alero de las alertas respiratorias infantiles, "sin embargo, se ha convertido en centro de derivación de urgencias del San José y de otros centros en Santiago, pacientes en estado crítico para los que este centro no se encuentra preparado". Cuentan que pasó de tener 18 camas aprobadas, a una existencia real de más de 40, "que no cuentan con autorización sanitaria".

 

"Desde su creación se le planteó al director las falencias en los procedimientos clínicos y administrativos derivados del funcionamiento de esta 'Clínica' en el primer piso de Maruri Nº 272, edificio que por décadas ha sido la ubicación de la Dirección del SSMN. En este marco de irregularidades nace el 'policlínico Maruri' en principio como un centro dedicado a realizar la limpieza de la lista de espera no GES de los pacientes derivados de la APS al nivel secundario. Como se manifiesta en las denuncias los pacientes creen o se les dice que son atendidos por especialistas cosa absolutamente falsa dado que en su mayor parte los médicos que trabajan en estas dependencias son recién salidos de la universidad, sin especialización alguna".

 

Según la Fenpruss lo que agrava aún más esta situación es que "estos médicos sin especialidad contratados a honorarios, son muchísimo mejor pagados que los especialistas del hospital San José. La poca claridad en el manejo eficiente de fondos públicos, fondos que escasean en los servicios hospitalarios para dar una atención adecuada, sumada a una cuestionable calidad en la atención clínica, fueron motivos suficientes para que exigiéramos un sumario administrativo para determinar el alcance de este cúmulo de irregularidades observadas y se defina quienes son los responsables".

 

Luis Morales, presidente de la Fenats del hospital San José, afirma que "los propios pacientes y nosotros, como funcionarios del Servicio, denunciamos las irregularidades". Agrega que quienes hoy son investigados "construyeron una figura que fuese presentable ante la comunidad hospitalaria, pero que en definitiva estaba plagada de irregularidades... A veces sucedía que un paciente por su dolencia se atendía con quien pensaba era un cardiólogo, y luego, cuando volvía al policlínico, se encontraba con el mismo médico como 'especialista' en traumatología. Entonces la gente empezó a reclamar. ¿Por qué no contrataron a especialistas? A mi entender, porque aquí existía un negociado. Se aprovechó de vender la imagen ante el Ministerio de Salud de que el hospital San José estaba haciendo una 'buena gestión' al reducir las listas de espera. Muchos enfermos se atendieron sin tener hasta hoy solución a sus dolencias o problema de salud, y arriesgando la vida, pues requerían un tratamiento inmediato y no lo obtuvieron. ¿Quién sabe si murió gente en el camino? ¿Quién ha investigado eso? Era un negocio sucio pues utilizaron a un grupo seleccionado por el jefe de Maruri, con la complicidad y a sabiendas de los directivos del San José y del área del Servicio. Trabajadores y pacientes fuimos los primeros en denunciar esto el año 2011, sin que se nos escuchara, porque los dineros ingresaban al hospital y a los bolsillos de quienes se hacían pasar o cobraban como especialistas. Todas las autoridades lo sabían. Nadie puede alegar ignorancia. Han convertido la salud en un negocio y están lucrando con el dolor de las personas", agrega.

 

El caso parece ser la punta del iceberg de negocios y fraudes con atenciones médicas y dineros públicos. El 7 de julio de 2012, varios meses después de iniciado el "fraude" en Maruri, Sebastián Piñera junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo; y el director del SSMN, Claudio Caro; anunciaban el cumplimiento de su promesa: "¡Se terminó con las listas de espera!".

 

Otro de los involucrados, Luis Leiva, subdirector de gestión asistencial del San José, envió un email al médico Rodrigo Gutiérrez afirmando que el Minsal autorizó "validar médicos en la especialidad en que están evaluando a los pacientes". El email fue dirigido al director del hospital, Raúl Vásquez, y al entonces subdirector, José Miguel Puccio. Leiva decía que la autorización provenía del departamento técnico del ministerio: La validación de 15 médicos generales fue firmada por él mismo en calidad de director subrogante del SSMN. Hoy se investiga que de un total de 10.614 atenciones pagadas en los operativos, 6.025 pacientes no correspondían al Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE), aunque los fondos extraordinarios autorizados para estas atenciones tenían como objeto "disminuir las listas de espera". 1.277 atenciones, que también fueron pagadas, aparecen sin siquiera estar asociadas a un médico. Se sabe que algunos de los médicos de Maruri no tenían contrato ni relación con el hospital ni con el policlínico.

 

El Hospital San José mantiene al menos 14 externalizaciones de servicio por trato directo y otras con "dudosas" licitaciones. Según la Contraloría "no existen antecedentes que respalden íntegramente el pago de las prestaciones que habrían ejecutado los médicos contratados bajo esa modalidad, siendo el total de los gastos insuficientemente acreditados ascendente a la suma de $ 367.963.482". No siempre se realizó la función "atención de lista de espera". Rodrigo Gutiérrez, el jefe de Maruri, declaró que atendieron 11.000 pacientes que "no cumplían con los objetivos del convenio" y que el director del hospital, "no suspendió los pagos al comprobar que no se estaba cumpliendo ese requisito". Según los médicos "socios y amigos" de Gutiérrez, las planillas enviadas mensualmente a la unidad de recursos humanos por él "no dicen relación con el número real de atenciones prestadas"; además, "aceptó que cobraran, en algunas oportunidades, honorarios mayores a los que correspondía, y cuyo excedente le era entregado sin que haya registro del destino de los recursos".

 

Entre septiembre y diciembre de 2012, "Raúl Vásquez y Rodrigo Gutiérrez certificaron la totalidad de las prestaciones de todos los facultativos sin registro fehaciente de su realización, para luego dividir el monto global de los honorarios en partes iguales, independiente de las prestaciones realizadas. Para esto, se constató que Gutiérrez y otros médicos contaban con autorizaciones notariales para retirar los cheques, cobrarlos y luego repartir el monto girado entre los profesionales, según lo que definiera su criterio. Así, por ejemplo, durante el mes de junio de 2012 se realizaron 1.907 atenciones médicas y no las 4.971 que informó la jefatura", denuncia Ciper.