El 2 de diciembre del 2008 la presidenta Bachelet inició la tramitación del proyecto de ley "de fortalecimiento de la educación pública", con esto se pretende poner fin a la municipalización y reorganizar administrativamente el ministerio de educación. Actualmente esta ley sigue en debate al igual que la ley general de educación.

A principios de diciembre, el gobierno de Michelle Bachelet presenta el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, para su tramitación en el Congreso Nacional. De su aprobación o modificaciones depende el término de la municipalización de la educación en Chile y la creación del Servicio Nacional de Educación, entre otros nuevos organismos de administración estatal.

Este proyecto al igual que la ley general de educación no surge gratuitamente, sino que en contestación a las masivas movilizaciones de estudiantes iniciadas desde el 2006. Sin embargo, no cumple con las aspiraciones de avanzar en mejorar la educación pública, ya que al traspasar la responsabilidad a corporaciones, estas crearan verdaderos monopolios educacionales, donde privados lucraran a costa de esta.

El proyecto como complemento a la LGE, por una parte crea el servicio nacional de educación, cuya función será ejecutar las políticas educativas y prestar apoyo técnico pedagógico a las escuelas y liceos.

Por otra parte, este proyecto generá las condiciones para la creación de las corporaciones locales de educación pública. Estas podrían ser uni, pluri o intermunicipales, en concordancia al tamaño de la población escolar y en ellas radicará la responsabilidad de administrar financiera y pedagógicamente los establecimientos. Estas corporaciones tendrán un director ejecutivo elegido por la alta dirección pública y un consejo directivo compuesto por alcaldes, algunos concejales y dos representantes elegidos por el ministerio de educación.

Se plantea que estas corporaciones tendrán financiamiento fiscal directo, es decir, que se les asignará a través de contribuciones anuales que se  entregarán en la ley de presupuesto del sector público. Lo anterior es sin perjuicio de otros recursos que le asigne la ley, por ejemplo las subvenciones que llegarán directamente a las corporaciones o los aportes voluntarios que las personas naturales o empresas deseen otorgarles.

El Ministerio sería responsable entonces de diseñar la política educacional, proponer los estándares de desempeño y el currículum.

El Servicio Nacional de Educación será responsable de brindar apoyo pedagógico a los sostenedores, ejecutar las políticas, planes y programas del Ministerio, realizar procesos de acreditación de instituciones de asistencia técnica y velar por el mejoramiento continuo de la calidad de la educación impartida por los sostenedores públicos. El Consejo es responsable de aprobar los estándares y el currículum.

La Superintendencia es responsable de fiscalizar que los sostenedores y sus establecimientos cumplan con las leyes, requisitos, normativas y reglamentos, así como con los requisitos de operación de los establecimientos, dictaminando sanciones si lo amerita.

de la Calidad es responsable de realizar una evaluación independiente y externa del aprendizaje de los alumnos y del desempeño de los establecimientos y sostenedores, informar a los padres y apoderados respecto de los logros de aprendizaje y validar los instrumentos de evaluación de los docentes.

Lo enunciado anteriormente demuestra lo burocrático, que se convierte el sistema educativo gracias a la ley general de educación y la ley de fortalecimiento de la educación pública.

En conclusión, este proyecto no es significativo, pues no resuelve satisfactoriamente los problemas que acaecen en la educación. Primero, porque el estado se desentiende progresivamente de la educación y de los problemas que arrastra el sistema educativo chileno.

Segundo, este  proyecto no otorga participación tanto a los actores educativos (estudiantes, profesores y apoderados) ni menos aun a las organizaciones sociales de  la comunidad que tienen mucho que ver en la creación y discusión de la educación que quieren para si.

Entonces, cuando estos señores del honorable congreso nacional se sientan a discutir cual  es la educación que nosotros queremos y necesitamos y más aun la presidenta pregona por los medios de prensa que el Estado con estas iniciativas se hace responsable de la educación, que se está creando gracias a esto una sociedad más cohesionada, igualitaria e inclusiva; nosotros decimos que esto es falso, pues sus propias estadísticas dicen lo contrario dos de cada cinco estudiantes de liceos municipales y de corporaciones municipales alcanzaron en la PSU 2008 menos de 445 puntos y esta brecha cada año se hace mas grotesca tanto en la PSU como el SIMCE.

Mientras sigan saliendo leyes alejadas de la discusión social estas estarán destinadas al fracaso y en fortalecer la burocracia.