Como Asosiación de Abogadas Feministas del Biobío, velando por el respeto irrestricto de los DDHH de todos los individuos/as de nuestro país, no podemos hacer caso omiso a  las vulneraciones graves y sistemáticas que sufren niños, niñas y adolescentes (N.N.A) al interior de las residencias estatales que forman parte del sistema proteccional chileno y que dependen directamente del servicio nacional de menores (SENAME) o de aquellas que reciben financiamiento estatal y que son consideradas como organismos colaboradores (OCAS),  cuya obligación es justamente resguardar la integridad física y psicológica de quienes están por mandato internacional a su especial cuidado. N.N.A.

El pasado jueves 3 de septiembre, el Servicio Nacional de Menores regional Biobío, solicitó la renuncia de varios trabajadores del hogar "Carlos Macera de Talcahuano", todo ello, tras tomar conocimiento de un hecho que revestía características de delito, más específicamente nos referimos a un presunto abuso sexual cometido por una educadora de la residencia, en contra de un adolescente de 15 años. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se presentaron querellas criminales por parte de la defensoría de la niñez y también por parte del Servicio Nacional de Menores. En este mismo recinto la tarde del día 31 de agosto, un grupo de N.N.A dieron inicio a un motín dentro de las dependencias de la residencia, con la finalidad de manifestarse en contra de diversas irregularidades que tienen cabida en el hogar ya mencionado.

Queremos ser enfáticas al señalar: el Estado de Chile sigue invisibilizando los delitos y graves vulneraciones a la niñez y adolescencia, cometidos dentro de las residencias que conforman parte del sistema proteccional estatal. Las herramientas jurídico-normativas con las que contamos actualmente son absolutamente insuficientes para poder otorgar debida protección y cuidado a cada uno de los miles de N.N.A que se encuentran siendo vulnerados en alguna de las esferas de sus vidas.

Denunciamos una vez más la deuda histórica que mantiene el Estado de Chile en materia proteccional de los Derechos de la infancia y adolescencia. Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera, bajo el eslogan "Los niños primero", se comprometió a dar prioridad a las temáticas que tuvieran relación con N.N.A.

Evidencia de lo anterior es que el pasado 9 de julio, Sebastián Piñera ejerció su facultad de veto presidencial en contra del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia, organismo que tiene por finalidad terminar con el SENAME, el cual cumpliendo ordinariamente con todos sus trámites legislativos y habiendo sido aprobado y despachado por mayoría en el Congreso luego de años de discusión, fue coartado de  la posibilidad de convertirse en ley.

Cómo abogadas feministas nos resulta inadmisible que Chile, tras 30 años de haber ratificado la Convención de los Derechos del niño, hoy, sea el único país de Latinoamérica que no cuenta con una Ley de Garantías de los Derechos de la niñez y Adolescencia o con un sistema integral normativo en temáticas de infancia, normativa ausente en nuestra legislación nacional y que es de suma urgencia incorporar, para ajustarnos de una vez por todas a los estándares mínimos que reconoce el derecho internacional y a los cuales estamos obligados en virtud de nuestra ratificación cómo Estado parte. Entendemos también que las problemáticas de infancia vulnerada tienen una correlación histórica y no menos relevante, con las problemáticas de violencia de género, la desvalorización del trabajo de cuidados que históricamente han sido las mujeres, niñas y adolescentes quienes obligatoriamente ejercen ese rol, además de la maternidad obligatoria, que finalmente tiene como consecuencia la exposición de miles de menores a un sistema proteccional ineficiente.

Cualquier reforma al SENAME que no siga estos lineamientos serán sólo mejoras cosméticas y no permitirán poner término de raíz a las graves vulneraciones, abusos y delitos que tienen lugar dentro de sus dependencias o programas del mismo. Los organismos colaboradores del SENAME, no cuentan en la actualidad con los estándares mínimos reconocidos en materias como la fiscalización, publicidad, inhabilidades y régimen de sanciones adecuados. Prueba de ello son las constantes denuncias que se dan, como es los hechos que motivan esta declaración.

Creemos firmemente que la creación de un nuevo Servicio de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia, debe necesariamente someterse a la orgánica de una ley marco que señala de forma expresa los derechos, garantías y principios de los infantes y adolescentes de todo nuestro territorio.