El régimen de Bush tuvo una política expresa de intentar aislar a Venezuela de sus vecinos, pero en lugar de eso la estrategia resultó en el aislamiento de Washington

El presidente Obama, en su primera reunión con líderes del continente en Trinidad en 2009, prometió un nuevo comienzo. Pero hoy su gobierno se encuentra aún más aislado que el de su antecesor, y en gran parte por las mismas razones.

Un ejemplo claro de esto fue la votación no muy pareja en la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con Venezuela el 7 de marzo. Veintinueve de 32 países no solamente rechazaron el intento de Washington de hacer que la OEA interviniera en Venezuela, sino que también, por si fuera poco, aprobaron una resolución en la que expresaron su solidaridad con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es difícil imaginar una derrota diplomática más rotunda que esta en una institución en la que el gobierno estadunidense aún tiene un alto y desproporcionado grado de influencia.

El gobierno de Obama, de manera surrealista, parece no tener idea de que este es un continente muy diferente al que era hace 15 años. Los gobiernos que representan la mayoría de Latinoamérica son actualmente de izquierda, incluidos Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela en Sudamérica, y El Salvador y Nicaragua en Centroamérica. Estos gobiernos rechazan enfáticamente la representación hecha por Washington de los recientes sucesos en Venezuela como la de un gobierno que está intentando «reprimir a manifestantes pacíficos». Si consideramos las declaraciones de estos gobiernos e instituciones, como el bloque comercial sudamericano Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas, éstos comparten el punto de vista de Maduro sobre las manifestaciones. Las ven como un intento por derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Incluso la presidenta Michelle Bachelet de Chile, quien es renuente a criticar a Washington, al igual que muchos de los otros, utilizó la palabra «desestabilización» al describir las manifestaciones. Además, ven que Washington una vez más está utilizando su poder para apoyar ese esfuerzo.

Es una película que ya han visto anteriormente. En el año 2002, el gobierno de Bush «proporcionó entrenamiento, desarrollo institucional y otros tipos de apoyo a individuos y organizaciones a quienes se les considera haber estado involucrados activamente en el golpe militar» que derrocó brevemente al entonces presidente Hugo Chávez, según el Departamento de Estado. Tras el fracaso del golpe, Washington aumentó el nivel de financiamiento a grupos de oposición, lo cual ha continuado hasta el día de hoy.

Estos líderes respetan a Maduro y tienen razones de sobra para creer en él cuando dice que está tratando de prevenir la violencia. El gobierno ha arrestado a por lo menos 21 agentes de seguridad hasta el momento. A pesar de los crímenes cometidos individualmente por agentes de seguridad, no hay evidencia de que el gobierno de Maduro haya tenido la intención de recurrir a la violencia para reprimir la disidencia. Desde que se iniciaron las manifestaciones, la mayoría de muertes a raíz de éstas han sido a manos de manifestantes, no de las fuerzas de seguridad.

Ecuador y Bolivia también enfrentaron manifestaciones violentas cuando fuerzas derechistas similares a las que lideran la oposición en Venezuela intentaron derrocar a sus gobiernos en 2008 y 2010, respectivamente. Sudamérica, liderada por Brasil, se movilizó a favor de su causa en esas ocasiones. Hicieron lo mismo por Venezuela en abril, cuando varias personas fueron asesinadas (en esa ocasión, casi todas chavistas) en manifestaciones en contra de la victoria electoral de Maduro. En ese entonces, también vieron que Washington estaba en el lado equivocado, echándole leña al fuego al rehusarse a reconocer los resultados de unas elecciones democráticas cuyos resultados fueron completamente seguros. La presidenta brasileña Dilma Rousseff y su antecesor, el aún muy amado Lula da Silva, denunciaron la «interferencia» estadunidense.

La manipulación de la OEA por parte del gobierno de Obama tras el golpe militar de 2009 en Honduras -para ayudar a legitimar la dictadura- provocó que el resto de la región formara una nueva organización continental, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Como era de esperar, fueron solamente Estados Unidos y Canadá, a quienes se unió el gobierno derechista de Panamá, los que se opusieron a la resolución del 7 de marzo.

El resto del continente se opondrá a cualquier intento de Estados Unidos por poner a un número relativamente bajo de manifestantes liderados por políticos derechistas al mismo nivel de un gobierno democráticamente elegido, de manera similar a lo que Washington hizo cuando organizó la «mediación» entre la dictadura hondureña y el gobierno democráticamente elegido al que derrocó en 2009. La región ve a Washington como alguien que intenta restarle legitimidad al gobierno de Venezuela, fomentando así la violencia y la desestabilización.

Si el gobierno de Obama desea mejorar sus relaciones con la región, podría comenzar por unirse al resto del continente en aceptar los resultados de las elecciones democráticas.

The Boston Globe