La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) quiere que la ampliación de la edad de jubilación en el Estado español vaya incluso más allá de los 67 años anunciados por Zapatero, al que propone otras medidas como que para el cálculo de la cuantía de las pensiones se tome en consideración toda la vida laboral, o que haya que trabajar más de 35 años para tener derecho a la pensión completa. También pide nuevos recortes y medidas fiscales.

El sistema de pensiones en el Estado español es «demasiado generoso». Esta es la principal conclusión de un informe en el que la OCDE insta al Gobierno de Rodríguez Zapatero a que acometa fuertes reformas en esta materia, que vayan más allá, incluso, de la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años. De hecho, a juicio de este organismo el límite legal para acceder a una pensión debería superar esa edad en función de la evolución de la esperanza de vida en los próximos años, pudiendo llegar hasta los 70 años.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) saluda las reformas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo español en el sistema público de pensiones, pero le insta a tomar otras medidas, como que el cálculo de los derechos de pensión tome en cuenta toda la vida laboral de los trabajadores, y no sólo una parte.

Asimismo, en su informe, difundido por Efe, la OCDE defiende la disminución, o incluso la supresión, de los subsidios específicos para los parados de mayor edad, así como aumentar el número de años necesarios para cobrar la pensión completa, que ahora es de 35.

«Medidas suplementarias»

El conocido como «Club de los países ricos» señala que para que la economía española recupere la confianza de los mercados le resulta necesario «lograr una mejora permanente en el equilibrio presupuestario», lo que pasaría, en primer lugar, por aplicar «estrictamente» los recortes anunciados para 2012 y 2013. En cualquier caso, estos recortes podrían no ser suficientes, por lo que la OCDE considera que el Gobierno del PSOE «tiene que estar preparado para tomar medidas suplementarias si fuera necesario».

En esta sentido, le insta a tener identificados los ámbitos en los que se pueden producir recortes del empleo público sin que la calidad del servicio se resienta de forma extrema.

En materia fiscal, el organismo que preside Ángel Gurría apunta que la presión en el Estado español es relativamente más baja respecto a otras economías europeas, de modo que al ajuste presupuestario le podrían acompañar subidas de impuestos, y cita expresamente la posibilidad de ampliar el tipo superior del IVA a nuevos tipos de productos, una medida que afectaría sobre todo a las rentas más bajas. Por contra, aboga por bajar impuestos a las empresas.

La OCDE también se pronuncia por un mayor control del gasto público de las comunidades autónomas del Estado, de forma que en periodos favorables para la actividad económica se les exija un mayor superávit en todos los niveles.

Reforma laboral

Por otra parte, la recién aprobada reforma laboral es criticada en el informe, porque «deja mucho espacio a la interpretación judicial», y avisa de que si fracasa en su propósito de facilitar los despidos para las empresas, «pueden ser necesarios» nuevos cambios en la ley. Así, los responsables de la OCDE se quejan de que las indemnizaciones por despido en algunos contratos fijos son «excesivamente amplias» lo que, asegura, hace que las empresas sean remisas a transformar los contratos temporales en permanentes.

A este respecto, apuesta por «un contrato único con una indemnización que es inicialmente baja, pero que se incrementa gradualmente con la antigüedad», aunque también aboga por no restringir la firma de contratos temporales.

Madrid prevé elevar a 25 años el periodo para fijar la pensión

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, defendió ayer ampliar a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones, frente a los 15 actuales, aunque tampoco descartó la posibilidad de situarlo, poco a poco, en 25 años. En declaraciones a la Cadena Ser, Gómez también abogó por ampliar la edad real de jubilación a los 67 años, «porque también es una forma de alargar la edad real», aunque apuntó que ese alargamiento de la edad de jubilación tendría excepciones, que el Gobierno tiene «bien construidas».

A este respecto, Gómez, que en la huelga general convocada por CCOO y UGT en setiembre desfiló con estas dos centrales por las calles de Madrid, explicó que entre esas excepciones estarían aquellas personas con un historial «suficientemente largo de cotización de 36 ó 37 años, o las que tengan un oficio penoso, que viven menos y gastan menos en pensión».

En la misma dirección, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afirmó que la propuesta del Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años es «muy prudente», si se tiene en cuenta que la esperanza de vida será en 2030 de 83 años, a lo que añadió que esta conclusión «debería resultar obvia» para todo el mundo. En un desayuno informativo organizado por el diario económico «Cinco Días», Campa dejó claro que el Ejecutivo no piensa dar marcha atrás en esta reforma y que la incluirá en el proyecto de Ley que se presentará el 28 de enero, pese a que sigue generando confrontación en el Pacto de Toledo. GARA