La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al Gobierno de Colombia a investigar todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército y la Policía y a poner fin a cualquier intento de socavar, mediante amenazas o encubrimientos, el desarrollo de estas investigaciones.

Durante la presentación del informe anual sobre la situación en el país sudamericano, la Oficina de Navi Pillay ha advertido de que el Gobierno colombiano debe hacer comprender «que se han cometido y se están cometiendo violaciones de los derechos humanos» y que, si bien son diferentes a los abusos de hace unos años, requieren las debidas respuestas legales e institucionales.

El documento destaca que, entre enero y octubre de 2012, la Oficina en Colombia continuó recibiendo denuncias por violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por parte de los militares.

Como ejemplo, cita un caso registrado el pasado 7 de octubre, cuando varios efectivos del Ejército irrumpieron en el centro de una aldea en Patía, Cauca (suroeste), abrieron fuego contra una tienda y causaron la muerte de una niña de 13 años y de tres presuntos guerrilleros, además de herir a dos civiles.

El documento, presentado la semana pasada, denuncia que, en algunos casos, los militares involucrados han intentado encubrir ejecuciones extrajudiciales con el argumento de que habían sido los guerrilleros los primeros en abrir fuego, «menoscabando así la verdad y la rendición de cuentas».

Con respecto a la Policía Nacional, el informe de la ONU indica que su Oficina en Colombia ha recibido denuncias de atropellos al derecho a la vida y otros abusos, incluso contra menores de edad, como fue el caso de un niño de la calle que murió después de que la Policía incendiara el colchón en que se encontraba en febrero del año pasado.

Paramilitares

Asimismo, la Alta Comisionada ha expresado su preocupación por la tendencia de algunos altos responsables del Estado a aceptar las versiones «que menoscaban las investigaciones penales, pese a las evidencias de violaciones de derechos humanos».

Aparte, la ONU también ha instado al Gobierno a adoptar «medidas integrales y eficaces» contra los grupos armados ilegales surgidos tras la desmovilización de organizaciones paramilitares, así como a investigar los orígenes políticos y económicos de estos grupos y sus «vínculos con agentes del Estado».