La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por las defensas de los condenados y confirmó la sentencia que condenó a 22 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los secuestros calificados de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones y los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce, perpetrados en el marco de la denominada "Operación Cóndor"; delitos cometidos tanto en Chile como en el extranjero entre los años 1974 y 1977.

Darío Núñez

En fallo unánime (causa rol 147.560-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Haroldo Brito, Jorge Dahm, María Teresa Letelier, Juan Manuel Muñoz y Eliana Quezada- acogió el recurso de casación en el fondo presentado por la viuda de Alexei Jaccard Siegler y, en sentencia de reemplazo, le ordenó al Estado de Chile ejecutar una serie de medidas y de diversos actos de reparación en su memoria y de las demás víctimas del operativo de represión transnacional.

En el ámbito penal, la Segunda Sala confirmó las condenas de los ex oficiales de Ejército y jerarcas de la DINA Cristoph Georg Willike Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann que deberán cumplir 20 años de presidio como autores de los secuestros calificados de  Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones, más 20 años de presidio como autores de los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

El ex oficial de Ejército Juan Hernán Morales Salgado fue condenado a una pena de  20 años de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones, más 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

En tanto, el ex oficial de Ejército y jerarca de la DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo deberá purgar una pena de 20 años de presidio por los secuestros calificados de Julio Valladares Caroca, Manuel Tamayo Martínez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

Los ex oficiales de Ejército, Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda y Miguel René Riveros Valderrama cumplirán una pena de 18 años de presidio por los secuestros de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más 18 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

La ex empleada civil del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño fue sancionada con una pena de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más 15 años y 1 día de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

En tanto los ex agentes José Alfonso Ojeda Obando y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme cumplirán una pena de 5 años y 1 día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más 10 años y 1 día de presidio por los homicidios calificados de  Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

Miguel Krasnoff Martchenko

El ex oficial de Ejército Miguel Krasnoff Martchenko y el ex oficial de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García cumplirán 15 años y 1 día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

El ex agente Hermon Helec Alfaro Mundaca deberá purgar 10 años de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón. A la misma pena de 10 años de presidio y por el mismo delito de secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón fueron sentenciados el ex oficial de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez y los ex agentes José Enrique Fuentes Torres, José Abel Aravena Ruiz, Luis René Torres Méndez, María Gabriela "rdenes Montecinos, Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo y Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, quienes habían sido absueltos en el fallo de primera instancia.

Finalmente Jerónimo del Carmen Neira Méndez y Manuel de la Cruz Rivas Díaz deberán cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

Es de señalar que los criminales Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, condenados en otras causas diversas por delitos de lesa humanidad, se encuentran en condición de prófugos de la justicia, sin comenzar aún a cumplir condena en esas otras sentencias.

Otros cinco criminales (los ex jerarcas DINA Carlos José Leonardo López Tapia, Ciro Ernesto Torré Sáez, y los ex agentes Orlando Manzo Durán, Juan Ángel Urbina Cáceres y Héctor Raúl Valdebenito Araya) condenados en el fallo de primera instancia de septiembre de 2018, fallecieron en el curso del proceso.

La denominada "Operación Cóndor" fue una acción coordinada de organismos represivos de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, desatada en la década de los 70, época en que campearon las dictaduras militares y regímenes represivos en los países del cono sur de América Latina. La figura específica de coordinación represiva fue impulsada por la dictadura militar chilena, en reunión secreta convocada y efectuada con ese propósito el 25 de noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago. Con ello se dio forma "legal" a una operación que ya se había fraguado en acciones concretas entre los países involucrados, esto es, seguimientos, detenciones, interrogatorios bajo tortura, traslado entre países, desaparición o ejecución de personas contrarias a los regímenes de facto; esta operación estuvo destinada a reprimir y eliminar a los grupos de izquierda y opositores a las dictaduras, en los hechos, decenas de militantes populares fueron detenidos desaparecidos y otras decenas fueron asesinados por el accionar de estos grupos criminales.

Los hechos

En la etapa de investigación quedó establecida la secuencia de detenciones y delitos criminales cometidos contra las víctimas.

El día 17 de mayo de 1975, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, de 28 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuera detenido en la República de Paraguay, en la localidad de Enramada, y luego trasladado a la ciudad de Asunción, donde le mantuvieron prisionero hasta el 23 de septiembre de 1975, cuando es trasladado a Chile en forma clandestina vía aérea por agentes de la DINA. Una vez en el país le conducen a los recintos secretos de encierro y tortura "Cuatro Álamos" y Villa Grimaldi. En este último lugar, es donde Fuentes Alarcón permaneció más tiempo secuestrado y recibió un trato cruel de parte de sus captores, se le interroga bajo tortura y se le mantiene en condiciones inhumanas, hasta probablemente el 17 de enero de 1976, cuando otros prisioneros le ven por última vez, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.

Villa Grimaldi

El día 2 de julio de 1976, en la ciudad de La Paz, Bolivia, fue detenido por la Dirección de Orden Político, organismo de seguridad de ese país en esa época, el ciudadano chileno Julio del Tránsito Valladares Caroca, de 28 años de edad, militante del Partido Socialista. En esa condición permaneció detenido hasta el 13 de noviembre de 1976, fecha en que fue entregado a agentes de la DINA, en la localidad fronteriza de Charaña. Le llevaron al centro clandestino de prisioneros «Cuatro Álamos», que se encontraba ubicado en la calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, quedando bajo la custodia de sus agentes, lugar en el cual, de acuerdo a testigos, permaneció encerrado e incomunicado, y donde se le ve con vida por última vez a fines de noviembre de 1976.

El día 3 de abril de 1976, en la ciudad de Mendoza, Argentina, son detenidos tres ciudadanos chilenos: Juan Humberto Hernández Zazpe (23 años), Manuel Jesús Tamayo Martínez (24 años) y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez (27 años), militantes socialistas, los cuales fueron trasladados de manera clandestina vía terrestre a Chile y entregados a agentes de la DINA, quienes le llevaron al campo clandestino de prisión y tortura Cuartel Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 en Santiago. En ese lugar fueron encerrados, interrogados y torturados, y se les vio por última vez con vida a fines de abril de 1976, desconociéndose desde entonces su paradero.

Por último, en un episodio ocurrido el año 1977, la dirección orgánica exterior del Partido Comunista había decidido canalizar ayuda financiera externa al Partido en Chile; en razón de ello, le pide a su militante Alexei Vladimir Jaccar Siegler (25 años), viajar desde Suiza a Chile, previa escala en Buenos Aires, para encontrarse con otro militante, Ricardo Ignacio Ramírez Herrera (40 años), quien debía viajar desde Rusia. Ambos debían contactarse, además, con el militante Héctor Heraldo Velásquez Mardones (33 años), que residía en esa ciudad. Este encuentro no pudo realizarse porque el día 16 de mayo de 1977 los tres son detenidos por la Policía Federal Argentina, para ser entregados a los agentes de la DINA quienes les trasladan a Santiago, donde los encierran en el Cuartel Simón Bolívar, ubicado en la calle del mismo nombre, N° 8.630. Allí son interrogados bajo tortura y en fecha indeterminada desaparecen.

Hasta ahora no ha sido posible encontrar a las víctimas Jaccard Siegler y Velásquez Mardones, pero sí se ha encontrado parte de los restos de su compañero de infortunio, Ricardo Ramírez Herrera, en Chile, en el sector denominado Cuesta Barriga, al igual que los restos pertenecientes al matrimonio formado por Jacobo Stoulman Bortnik (43 años) y Matilde Pessa Mois (42 años), quienes viajaron a Buenos Aires a concretar el despacho del dinero a nuestro país, pero antes fueron detenidos -el 29 de mayo de 1977- en el Aeropuerto de Ezeiza, en momentos en que bajaban del avión provenientes de Chile, perdiéndose desde ese momento todo rastro de ellos, hasta la señalada evidencia cierta de haber sido ambos inhumados ilegalmente en la Cuesta Barriga.

En este episodio del dinero exterior, participan a su vez, militantes del Partido Comunista que se encontraban en Chile, que servían de enlace en esta operación, pero cuando se descubre la artimaña fueron ejecutados por los agentes de la DINA, Hernán Soto Gálvez (52 años) en fecha indeterminada, entre el día 7 de junio y el 10 de noviembre de 1977, y Ruiter Enrique Correa Arce (61 años), el día 28 de mayo de ese mismo año.

Reparación y memoria

Respecto de las medidas reparatorias el máximo tribunal ordenó la ejecución de las siguientes medidas:

"a) El Estado de Chile destinará los recursos necesarios, para conocer el destino final de la víctima Alexei Jaccard Siegler, localizar sus restos y que estos sean entregados a su familia.

b) Se publicará en un diario de circulación nacional, a costa del Fisco de Chile, un extracto de la sentencia condenatoria con indicación precisa de los hechos, de las víctimas y de los condenados; así como de las sanciones penales y las medidas de reparación impuestas en la sentencia.

c) Las Subsecretarías de Derechos Humanos y Justicia, del Ministerio de Justicia organizarán, coordinarán y financiarán medidas y acciones de homenaje a Alexei Jaccard Siegler, en su calidad de víctima de la Operación Cóndor y de Simón Bolívar, consistentes en:

i. El mejoramiento de una plaza pública existente, en la comuna de Chiguayante, la referida plaza deberá llevar el nombre de Alexei Jaccard y una placa o monolito recordatorio y explicativo.

ii.- Se condena al demandado Fisco de Chile, a destinar la suma de $50.000.000 (cincuenta millones) para que a través del Ministerio de Educación, se adquieran libros sobre la temática de los Derechos Humanos, que deberán entregarse equitativamente a todas las escuelas públicas de la comuna de Chiguayante y se instale en un lugar visible de las bibliotecas de cada una de ellas una placa en que se informe el hecho de existir tales libros y que fueron entregados en memoria de Alexei Jaccard Siegler, víctima de violación a los Derechos Humanos por agentes del Estado.

iii. Asimismo, se condena al demandado Fisco de Chile a entregar $75.000.000 a la Universidad de Concepción para que esta instituya el premio 'Alexei Jaccard Siegler', que deberá otorgarse anualmente a un estudiante regular de esa casa de estudios que desarrolle una investigación acerca de la temática de los Derechos Humanos, en el contexto de sus estudios en la Universidad de Concepción, y que ascenderá al equivalente en pesos a 100 Unidades de Fomento, debiendo la misma Universidad reglamentar las exigencias, requisitos y condiciones del trabajo".