Hasta ahora, se encuentran detenidos y formalizados por cohecho y lavado de dinero el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz Corvalán; el ex rector y dueño de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), Angel Maulén y el ex dueño y rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga. Otros investigados, a quienes se les confiscaron algunos de sus computadores, son José Enrique Schroder, ex rector de la Universidad SEK; Jorge Segovia, propietario de la SEK y ejecutivo del fútbol -quien permanece en España y se resiste a volver-; Rolando Kelly, ex rector de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) y, Jorge Selume, presidente de la Región Andina de Laureate, el holding de educación superior más grande de Chile, propietario de las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar, además del instituto profesional AIEP.

El trabajo de los fiscales y sus repercusiones en la prensa provocaron, además, la salida del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, controlador junto a su familia de la Universidad Autónoma y del instituto Incacea, por mantener sospechosos nexos con Díaz Corvalán, los que podrían haber beneficiado los negocios educacionales del ex secretario de Estado. La remoción de Ribera provocó, a su vez, la renuncia del senador Carlos Larraín a la presidencia de Renovación Nacional.

Las principales acusaciones de los fiscales han recaído en el abogado Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, a quien se le ha comprobado -por el momento- la recepción de más de 300 millones de pesos por supuestas asesorías a varias universidades privadas que tramitaban acreditaciones. Díaz, hoy de 69 años, fue uno de los fundadores de la Izquierda Cristiana a mediados de 1971, junto a Bosco Parra, Luis Maira, Pedro Felipe Ramírez, Rafael Agustín Gumucio, Luis Badilla, Alberto Jerez, Julio Silva Solar, Jacques Chonchol y Sergio Aguiló, entre otros. Tras el golpe militar, Díaz -según el diario La Tercera – asumió la dirección clandestina interna de la IC utilizando la chapa de Ignacio Cienfuegos.

EN MANOS DE LA CNI

Al llegar el invierno de 1981 los dirigentes de la IC decidieron convocar a una reunión para analizar nuevas alianzas y la agitada coyuntura política. Un asistente grabó el intercambio de opiniones para enviarlo a miembros de la dirección en el exterior, pero la cinta fue interceptada por la CNI. Los efectos de aquella interferencia sólo se vislumbraron al finalizar el año, cuando los agentes de seguridad arremetieron contra ese partido. El primer blanco fue Jorge Leiva, ex regidor por Santiago, y luego se apuntó hacia las principales figuras del conglomerado político. EI 28 de noviembre fueron arrestados Ramón Piña y Raúl Reyes Susarte. Una semana después, en la esquina de Alameda con San Martín fue detenido cuando viajaba en un taxi, el economista Sergio Aguiló Melo, secretario general de la IC, y trasladado al cuartel Borgoño donde lo esperaban el jefe de la Brigada Antisubversiva, el mayor Alvaro Corbalán. El dirigente de la IC estuvo diez días sometido a feroces apremios en los subterráneos de la casona de Borgoño. Lo amenazaron con matar a su hija de dos años y lo filmaron con un fusil AKA en las manos para vincularlo al MIR que empleaba ese tipo de armas.

EI 10 de diciembre, los hombres de la Brigada Café prosiguieron con la embestida contra la IC e irrumpieron en la sede del Centro de Estudios Económicos Vector, en busca de Pedro Felipe Ramírez, ex ministro de la UP, quien semana tras semana anunciaba el deterioro de la situación económica. Ese mismo día los agentes de la CNI llegaron hasta la ONG Ceneca y se llevaron a su director ejecutivo, el abogado Luis Eugenio Díaz, quien además era miembro del Grupo de Estudios Constitucionales. Poco más tarde, a las 21 horas, fueron aprehendidos Germán Molina Valdivieso y Pablo Fuenzalida Zegers, secretario de asuntos nacionales y jefe del departamento de regiones de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, respectivamente.

Todos fueron conducidos con los ojos vendados al cuartel de Borgoño. Allí los obligaron a ponerse overoles y zapatillas y tras un breve examen médico se iniciaron los interrogatorios. Los colocaron desnudos, atados de pies y manos, con los ojos vendados en una especie de cama metálica. Les pusieron cintas metálicas en el estómago, en el pecho, entre los testículos y en la planta del pie. Uno de los interrogadores giró una manivela. Se escuchó un zumbido y una violenta descarga eléctrica sacudió cada uno de los cuerpos.

Díaz Corvalán y varios de sus camaradas de la IC estuvieron cinco meses en la Cárcel Pública acusados de asociación ilícita. Tras recuperar la libertad, Díaz se vinculó al mundo laboral y asesoró a la Corporación de Investigación y Asesoría Sindical, (Clasi), donde conoció a Enrique Correa, Ricardo Solari, Eduardo Loyola y Jorge Donoso, entre otros dirigentes que ayudaban a la reorganización de los trabajadores. Más tarde, Díaz se vinculó al Comando Nacional de Trabajadores y colaboró en la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En 1988, Díaz se incorporó al naciente Partido por la Democracia (PPD), asumiendo labores de dirigencia. Luego, con la Concertación en el gobierno, se abocó a todo tipo de asesorías en diversas instancias de la administración pública: Corfo, Cancillería, Sernam, SAG, Indap, Obras Públicas y múltiples otros servicios pagaron generosamente sus sugerencias. A mediados de la década pasada, finalmente, Díaz derivo hacia el ámbito educacional. En 2006 fue subdirector de la Escuela de Derecho de la Uniacc, cuyo propietario entonces, Andrés Guiloff, le propuso ser uno de los dos representantes de las universidades privadas en la recién creada CNA. Díaz supo entonces que el esperado momento de "arreglar" sus años de jubilación había llegado.

TALENTOS BAJO SOSPECHA

Otro de los ahora caídos en desgracia es el ingeniero Angel Maulén, exitoso empresario de los rubros educación, inmobiliario y hotelero; ex gerente de producción de TVN bajo la administración de Jorge Navarrete, en los inicios del gobierno de Patricio Aylwin; ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, entre 1991 y 1994; ex subsecretario de Economía, cuando el titular era el PPD Alvaro García, entre 1995 y 1996 y ex presidente de la Fundación EuroChile, en los últimos años del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Angel Maulén pagó a Díaz lo que parecen millonarias coimas para conseguir la acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, proyecto que inició en 2006 sobre la base del exitoso Preuniversitario Pedro de Valdivia, donde controla el 35% de la propiedad y que en la actualidad tiene más de 25 mil alumnos y 25 sedes en todo Chile. Desde fines de los años 80, Maulén incursionó también con éxito en la construcción de hoteles y proyectos inmobiliarios, lo que le permitió efectuar importantes aportes financieros a las campañas políticas de varios de sus camaradas del Partido Demócrata Cristiano, tienda en la que milita desde 1974.

Un tercer afectado importante en este escándalo es el ingeniero comercial Jorge Selume Zaror, gran aliado histórico de Alvaro Saieh, la cabeza de uno de los grupos emergentes más importantes de las últimas dos décadas: propietario de Copesa, Corpbanca, la cadena Unimark, la clínica Indisa y vastos otros intereses.

Jorge Selume fue entusiasta colaborador de la dictadura militar, primero en Odeplan y luego, en la Universidad de Chicago y desde el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Participó en diversos directorios de empresas del Estado: en Chilectra, entre 1983 y 1984, antes de la privatización; en Entel, entre 1981 y 1985; y en la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), entre 1983 y 1985, año en que, recomendado por Hernán Büchi, asumió la Dirección del Presupuesto. Al término de la dictadura, Selume participó en la campaña presidencial de Hernán Büchi y diseñó casi toda la estructura económica para su eventual gobierno. Hasta hoy sigue siendo muy cercano a la UDI y activo colaborador en Libertad y Desarrollo.

En 1989, invitado por Alvaro Saieh, puso un millón de dólares, junto con otros diez inversionistas, para adquirir el intervenido Banco Osorno, que más tarde fue vendido al Banco Santander en casi 500 millones de dólares.

Selume, junto con Alvaro Saieh, Juan Antonio Guzmán, Miguel Angel Poduje, Luis Cordero y Andrés Navarro, entre otros, levantaron la Universidad Andrés Bello, que vendieron en 2003 a Laureate Educations. Desde entonces, Selume preside el grupo estadounidense en Chile y en la región andina, que incluye inversiones educacionales en Colombia, Ecuador y Perú. Laureate además tiene en Centroamérica unos 180 mil alumnos, universidades en España, Francia y Suiza, etc.

Selume, además, es dueño de la empresa Opina, que hace encuestas de opinión pública, entre ellas, las que publica El Mercurio .

INTERESES VARIOS

El cuarto connotado en la mira de los fiscales Gajardo y Norambuena es el español Jorge Segovia, dueño de la Universidad SEK, miembro de una transnacional de la educación con intereses en ocho países, presidente del directorio del canal de televisión del fútbol -CDF- y controlador del club Unión Española. Segovia es el mismo que encabezó públicamente a fines de 2010 la soterrada operación para sacar a Marcelo Bielsa de la dirección técnica de la selección chilena. Segovia viajó a España poco antes de que estallaran en su cara las esquirlas de la conducción de Díaz en la CNA; y se niega a volver a Chile.

Jorge Selume confesó que conoció a Luis Eugenio Díaz en las tribunas del estadio Monumental, donde compartían asientos para gritar por Colo Colo. Segovia también frecuentaba las canchas, al igual que muchos de los empresarios de la educación. La mayoría se confabuló para vengar lo que consideraban la afrenta que hizo Bielsa al presidente Sebastián Piñera cuando se negó a estrecharle la mano en La Moneda. El entrenador trasandino, más cercano a la Izquierda que a los domicilios ideológicos de los dueños de las universidades privadas, fue sacrificado sin contemplaciones para congraciarse con el gobierno y con las principales autoridades del deporte criollo. En esa tarea, además, removieron a Harold Mayne-Nicholls, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el último oponente que tenían para controlar completamente el futbol profesional.

Jorge Segovia también mantenía fluida relación con el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett Said, y el club Real Madrid de España. En junio de 2003 nació la Fundación Real Madrid de La Florida, mediante la cual la institución hispana apoyaba a niños de escasos recursos. A fines del año 2008 la Fundación se retiró de La Florida y se radicó en el municipio de Santiago, donde se formó una alianza estratégica entre Unión Española, Universidad Internacional SEK, Colegio SEK y el Real Madrid, cuyo ex presidente, Florentino Pérez, tiene también otros intereses en Chile.

El principal asesor de Florentino Pérez era en ese momento el abogado Darío Calderón -considerado uno de los principales lobbistas del país- quien monitorea los intereses comerciales del ejecutivo madrilista, presidente y dueño del 10% de la empresa hispana Actividades de Construcción y Servicios, (ACS) que, a través de Rutas del Pacífico y la empresa Abertis, es la operadora de la Ruta 68, entre Santiago y Valparaíso. En 2003, ACS adquirió el 24% de la empresa constructora Dragados, de capitales ibéricos, por lo que indirectamente controla las concesiones de la Autopista Central -junto a Skansa y las empresas chilenas Belfi y Brotec- además de Vespucio Norte Express (46,5%) y Túnel San Cristóbal (50%). Otro de los negocios del ex timonel del Real Madrid es el Aeropuerto de Santiago, donde participa con 14,77% de la propiedad. También, a través de la filial Saba, gestiona cerca de 15 proyectos de estacionamientos subterráneos en Santiago, Valparaíso y Concepción, entre ellos el ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio de La Moneda.

Muchos de los problemas de la educación superior chilena se siguen discutiendo en las tribunas de los estadios. Allí, también, se preparan pingües negocios en ese y otros variados rubros.

Publicado en "Punto Final", edición Nº 773, 21 de diciembre, 2012

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