Por Darío Núñez

La creciente ofensiva de los sectores fachos y pro dictadura por tratar de instalar la impunidad para los criminales condenados, procesados o involucrados en delitos de lesa humanidad, en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, ha cobrado nuevos bríos en las semanas recientes.

Esta ofensiva, lanzada en brazos de los candidatos y precandidatos de derecha a la próxima elección presidencial, ha ido acompañada de presiones por lograr aún mayores beneficios carcelarios para los condenados, de presionar a los tribunales para que apliquen penas simbólicas, y de mover sus influencias y financistas para obtener la liberación de los criminales. Se hace necesario hacer esfuerzos para impedir que estas campañas rindan efecto en la permeada, amoral y corrupta clase política; la gobernante y la de derecha que son financiadas por los dueños del país y por los dueños de los fuerzas armadas del país.

Causa una preocupación no menor que aún no se materialice la promesa de gobierno de la presidenta Bachellet de cerrar el Penal de Punta Peuco como una forma de terminar con tan sólo uno de los privilegios de que gozan los criminales condenados. Peor aún. Al ser preguntada al respecto en un reciente programa de televisión, no tuvo una respuesta clara y categórica de cumplir con esta promesa en particular. Esta ambigüedad presidencial hay que tomarla como un signo más de la ya tradicional condescendencia concertacionista con los miembros de las fuerzas armadas, uniformados y civiles, implicados en delitos de lesa humanidad contra el pueblo chileno.

La misma ambigüedad ha mostrado la gobernante, y sus funcionarios subalternos relacionados con estas materias, cuando han sido requeridos por las organizaciones de familiares de las víctimas y por organizaciones de derechos humanos a pronunciarse y poner fin a los abusos, beneficios y privilegios de que gozan estos sujetos.

El botón más reciente en esta campaña pro defensa de criminales, lo puso el actual comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, quién pretende que se tenga consideración y que se debe ser condescendiente (mano blanda) con aquellos criminales de poco rango al momento de cometer el delito. Curiosa forma de entender la justicia tiene este jefe del ejército. Curiosa por decir lo menos. Pretende invocar el manido concepto de "obediencia debida" que ya ha sido desestimado por las convenciones internacionales en este tipo de delitos, que ha debido ser desestimado por las cortes chilenas, y donde ya se ha sentado absoluta jurisprudencia al respecto. Pero el señor comandante en jefe del ejército igual lo vuelve a poner en la mesa porque sabe que se le presenta una relación de poder favorable sobre una clase política dócil y desmedrada. El señor Oviedo quiere imponer sus conceptos a un eventual gobierno de derecha que la vez anterior fue electo por el voto de los uniformados a quienes ofreció impunidad; oferta que le quedó pendiente a la derecha y que ahora, de ser gobierno, se proponen cumplir. Además, el señor Oviedo sabe que a la cobarde y pusilánime actual coalición gobernante le puede exigir lo que se le plazca.

Curioso que el señor Oviedo justo salga con su propuesta de perdón para "subtenientes, cabos y soldados" que cometieron delitos precisamente cuando la señora presidenta vuelve a tener esas opiniones ambiguas. El señor Oviedo habla de los de bajo rango como si hubiesen sido obligados a cometer los crímenes, como si no hubiesen tenido más opción que hacerlo, ¿o será que sólo le preocupa su hermano también general de ejército, pero que a la época era subteniente, procesado en Temuco por los crímenes del caso Polvorín? ¿O será que alude a los condenados prófugos de la justicia pero que siguen recibiendo sus rentas del ejército?

¿O alude el señor Oviedo a las centenas de subtenientes, suboficiales, clases y soldados que hicieron carrera en los aparatos represivos de la dictadura? ¿Se refiere a que sujetos que secuestraron, torturaron, mataron, hicieron desaparecer personas durante años lo hicieron porque estaban obligados? ¿No será que vivían de eso? ¿No será que los hombres de bajo rango hicieron carrera y construyeron sus vidas con el crimen? ¿Pretende que esos tipos estuvieron obligados a convertirse en criminales? ¿Pretende que porque empezaron en una baja graduación merecen condescendencia, no importa que en algunos casos permanecieran cometiendo delitos de lesa humanidad durante toda la dictadura?

Las aberrantes y desvergonzadas declaraciones del señor Oviedo solo son posibles porque estos estamentos uniformados siguen sintiéndose por sobre la ley, por sobre el poder político, por sobre la población chilena. Solo son posibles porque el poder político sigue siendo un mero instrumento de los poderosos y se olvida que están en posiciones de poder para servir a la población, a la ciudadanía, y no a los poderes fácticos, por más que estos tengan la plata, tengan las armas y veraneen juntos.

De modo que sería hora que la señora presidenta se deje de cuentos y sonrisas grises y termine de una vez con Punta Peuco y otras situaciones de privilegios indignantes. Pero la señora presidenta y su cohorte de asesores grises deben tener presente que cuando se reclama el término de este recinto penal, estamos diciendo que los condenados que cumplen allí sus condenas deben ser trasladados a recintos penitenciarios comunes del sistema penal chileno, y no que con cualquier pretexto falaz los manden para la casa. Las maniobras de impunidad, de prolongación de privilegios, la mantención de beneficios a criminales de lesa humanidad, seguirán encontrándose y tendrán siempre el duro escollo de la lucha de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sociales chilenas y de la comunidad internacional ocupada de los derechos humanos.