Por Jaime Soto Acuña
La crisis de la pandemia COVID-19 en menos de tres meses hará colapsar los servicios sanitarios y buena parte de la economía caracterizada por un sobreendeudamiento en el sistema financiero de los consumidores, el empleo precario y una débil legislación laboral. Un sistema económico que se funda en la usura y un régimen contención social que se muestra comunicacionalmente como de "protección social" (AFP, Mejor Sistema de Salud del Planeta, etc.) no tienen ninguna capacidad de soportar contingencias como ésta. Es por ello que frente al hambre el Gobierno responde con entrega de cajas de alimentos, las que conocíamos como canastas familiares, que se usan en emergencias como incendios, inundaciones, etc. También lo hacen algunos políticos que ponen su foto en la caja que es otra estrategia comunicacional, miserable por cierto.
La manera de enfrentar el hambre en las familias que han perdido sus medios de vida que les permiten asegurar la subsistencia a través de canastas es paliativa -con toda seguridad deberá repetirse cada 30 días por lo menos- y aún falta el desenlace de la pandemia que tiene a Chile, al día de hoy, en el ranking N°16 con más contagiados de un total de 188 países, por las equivocadas y erráticas políticas gubernamentales que pusieron los intereses políticos, económicos primero y de salud pública después.
Las cajas de alimentos anunciadas por el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sr. Sichel, se focalizarán en los mayores de 80 años y que pertenezcan al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. Para el Gran Concepción se estiman no más de 5.000 cajas de alimentos que no está claro si serán repartidas por el gobierno, municipios o FFAA, muy probablemente sean estas últimas.
La expectativa creada comunicacionalmente no se condice con lo que se entregará ni tampoco está a la altura de lo necesario. Sólo para ejemplificar, Concepción, la capital regional que concentra la mayor población, no superará las 3.000 cajas de alimentos que se entregarán a semana próxima.
Los municipios han usado su stock de ayuda social (canastas familiares) sin ninguna ofensiva comunicacional, entregando a quienes lo solicitan de acuerdo a los criterios del Registro Social de Hogares. Sin embargo, esa ayuda ya se entregó y seguramente se deberá volver a hacer.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia no comprende que la falta de comida en los hogares debe suplirse diariamente y requiere respuestas audaces y decididas de la autoridad. Para el terremoto del 27/F el primer gobierno del Sr. Piñera destinó el 18% del PIB para la reconstrucción, activando el rubro de la construcción, entregando gift cards para algunas grandes tiendas, etc.
Lo razonable es esperar medidas de protección del empleo, fijar precios de los alimentos y bienes de primera necesidad, asegurar el acceso a los servicios básicos y evitar el cobro por promedios de los últimos meses, no abrir las grandes tiendas y malls y dar todas las facilidades para que el comercio de menor tamaño, subsidiar a lo pequeños negocios, dar facilidades para que opere el trueque, etc.