Una arista del Caso Monsalve significó que un subsecretario de Estado, teniendo a la PDI en su bolsillo, orquestara diligencias que podrían catalogarse como obstrucción a la investigación. En esta columna, se plantea la importancia de desatar este nudo sobre el rol de la inteligencia policial.

Por Marcos Mardones Silva

El terremoto político que azota a La Moneda a partir del llamado Caso Monsalve siguió abriendo flancos esta semana cual efecto dominó. Entre estos, un punto esencial que se ha abierto guarda relación con el rol de las policías y su probidad.

Tras hacerse públicos detalles de la reunión que sostuvo el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con la jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, lo cual significó la salida de esta última de la institución, las esquirlas del caso ahora no solo salpican a la clase política chilena, sino también a los estamentos de inteligencia que tanto se han dado golpecitos de aprobación en la espalda durante las últimas décadas.

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En este sentido, el golpe ha sacudido a un sector que históricamente se ha vinculado al seguimiento, persecución y desarticulación de agrupaciones, organizaciones y movimientos sociales que cuestionan los límites de la democracia postdictatorial. Hoy, la misma clase política para la cual la inteligencia policial ha rendido cuentas es la que la coloca en el centro de la crítica y la discusión respecto a su rol y su servicio.

Y es que no es algo meramente superficial. Acorde a lo revelado por Ciper, tras la reunión entre Monsalve y Vilches, casi tres semanas después de transcurridos los hechos por los que el ex militante del Partido Socialista fue denunciado por violación, la PDI desarrolló diligencias que hoy pueden entrar en la categoría de obstrucción a la investigación. Es decir, los operativos de inteligencia en el bolsillo de Monsalve.

Pero no solo eso. Pese a la gravedad del asunto, el gobierno ha continuado respaldando el actuar negligente de la Policía de Investigaciones. Luis Cordero, quien asumió como subsecretario del Interior, planteó que "no hay ningún antecedente que dé cuenta que la PDI o sus funcionarios hubiesen infringido la ley", dando cuenta de una lectura superficial de los hechos y entregando una defensa corporativa -como lo es clásicamente- a la policía.

Se esperaría, como mínimo, que no se pierda en la fórmula el rol que ha cumplido la inteligencia policial y que se potencie la discusión estructural respecto a su enfoque y disposición. Mal que mal, queda en evidencia que mientras gastan millones en criminalizar a la población que busca transformar la realidad, ni una coma han utilizado para prevenir ni investigar lo que ocurre al interior de la clase política.