Nuevamente Gendarmería es cuestionada por su competencia técnica en materia intercultural, específicamente en la cárcel de Temuco,  donde su trabajo psicosocial y de acceso a beneficios carcelarios para con el comunero mapuche Facundo Jones Huala fue motivo de un pronunciamiento judicial contra la institución, el segundo en menos de una semana.

Por Juan Contreras Jara

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó a Gendarmería, por segunda vez en esta semana, incorporar profesionales realmente capacitados en el área intercultural, acorde a las disposiciones internacionales en materia de Derechos Humanos. La audiencia se debe a las constantes irregularidades en el acceso a beneficios carcelarios del preso político mapuche Facundo Jones Huala.

El primer pronunciamiento de la corte contra Gendarmería fue este lunes, en el contexto de la situación de los primos Tralcal y de las constantes anomalías en las que la institución incurrió cuando los comuneros intentaron solicitar beneficios carcelarios.

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La abogada Karina Riquelme, defensora de Jones Huala, explicó que la medida se toma en función de «cautelar las garantías que se vienen vulnerando desde las intervenciones psicosociales y los programas de reinserción que se ofrecen en el penal y que no tienen ninguna pertinencia cultural. Hay un incumplimiento de Gendarmería y del ministerio de Justicia de la aplicación del Convenio 169 de la OIT».

Hay que destacar que luego de la extensa huelga de hambre realizada por el machi Celestino Córdova, Gendarmería, a través de la resolución exenta N°3925, aprobó disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria referidas a pertenencia cultural, normativa que en el caso de los Tralcal y de Jones Huala se estaría incumpliendo.

Con esta orden por parte del Juzgado de Garantía de Temuco, «se reconoce que todos los informes que han nacido y en definitiva tienen como consecuencia la negación de benéficos carcelarios a Facundo, como ha sido la negación constante de la libertad condicional, nace de una infracción de Gendarmería de no contar con profesionales con pertenencia técnica para evaluar acorde al origen de quien es evaluado».

Al igual que en la audiencia de cautelares de garantía de los primos Tralcal, desarrollada este lunes, el abogado de la familia Luchsinger Mackay y de la delegación presidencial intentaron participar de la audiencia, incluso pidiendo la inhabilitación de la jueza a cargo. Al igual que a inicios de semana, los dos abogados intentaron formar parte de la instancia sabiendo que en la ejecución de la pena solo puede intervenir en la defensa, Gendarmería y el ministerio Público.

Otra de las irregularidades por parte de Gendarmería con Facundo Jones Huala tendría que ver con castigos no informados al preso político mapuche ni a su defensa, situación de la que solo se percataron, «cuando postula en este segundo semestre a la comisión de libertad condicional. La sanción es de un hecho que jamás fue notificado, por lo que vulnera la normativa establecida en el decreto 518 de Gendarmería  respecto a la aplicación de sanciones  y también de la ley de bases generales de administración del Estado», acotó la defensora.

La sanción contra el preso político mapuche fue dictada en mayo de este año y su defensa tuvo conocimiento recién en octubre de ella, por este motivo, la jueza también decretó la nulidad de dicho castigo por no cumplir con los procedimientos que establece la ley.