[resumen.cl] Más de 40 organizaciones de derechos humanos entregaron una carta en la Moneda, donde piden a la presidenta Michelle Bachelet, un pronunciamiento explícito sobre los beneficios carcelarios y la liberación de perpetradores de crímenes de lesa humanidad, actualmente confinados en el penal de Punta Peuco.

"Nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestro rotundo rechazo a las medidas que pretenden poner en libertad a los genocidas y violadores de derechos humanos recluidos en la cárcel de Punta Peuco y demandamos a usted, el uso de las atribuciones y facultades que le son privativas, para obtener un pronunciamiento explícito en función de su autoridad, que a los criminales de lesa humanidad no les asiste la prescripción, la amnistía, ni el indulto así como ninguna otra medida administrativa, legal o política que favorezca su libertad e impunidad" señala la carta..

En la misiva las organizaciones exigen también el cierre del recinto y el traslado de los reos a cárceles comunes, terminando con sus privilegios. Respecto al otorgamiento del beneficio de la libertad provisional, los firmantes exigen que el Estado de Chile solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además se presente un proyecto de ley que explícitamente impida el otorgamiento de beneficios a los violadores de derechos humanos.

Además señalan: "Como organizaciones defensoras de los derechos humanos vemos como hoy se reactiva institucionalmente una operación de impunidad de larga data, que aparenta beneficiar a un inexistente universo de reos comunes de avanzada edad, encubriendo el propósito de liberar a criminales de lesa humanidad que gozan de privilegios carcelarios. Hemos visto como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como las fuerzas armadas y algunos personeros eclesiásticos no han cesado en su propósito de consagrar la impunidad a la que hemos resistido ética y moralmente como pueblo".

La presentación de la carta fue acompaña por representantes de las organizaciones firmantes, quienes portaban una pancarta con la frase: "En derechos humanos... no se cumple el programa", aludiendo al programa de la Nueva Mayoría, donde se comprometió a impulsar "medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la prescripción en materia de responsabilidades civiles".

Alicia Lira, presidenta de AFEP, manifestó: "Para nosotros es impresentable el silencio del gobierno frente a esta campaña articulada por la derecha, sectores de la Nueva Mayoría y algunos personeros de la iglesia católica. Hoy día estamos resistiendo la campaña mediática. Tenemos la convicción de que estamos en lo justo y lo correcto. No pueden haber beneficios para victimarios a quienes se intenta ahora convertir en víctimas, a pesar que no muestren arrepentimiento y se han negado a colaborar en las causas judiciales".

Lira mencionó además, que la presidenta Bachelet tiene el poder de cerrar Punta Peuco, tal como antes lo hizo Sebastián Piñera, quien en uso de sus facultades terminó con el penal resort Cordillera.

En tanto, la Corporación Villa Grimaldi, por intermedio de su presidente, Higinio Espergue, manifestó preocupación por lo que estima señales graves de retroceso en materia de derechos humanos. "Pareciera que en vez de avanzar en materia de verdad y justicia, estamos avanzando en impunidad, lo cual afectará gravemente la convivencia nacional y la profundización de la democracia. Como sitio de memoria estamos comprometidos en fomentar una educación y una cultura de respeto a los derechos humanos, lo que implica luchar decididamente contra la impunidad. Esta es una tarea de todas las organizaciones de familiares, sitios de memoria y colectivos de derechos humanos".

Por su parte Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, ratificó que ha habido un silencio y una indolencia inaceptable del poder ejecutivo respecto a la lucha contra la impunidad. "No es que no hayan incumplido el programa, es que no han hecho nada, lo que es peor", aseguró Pizarro. "Se ha mantenido un silencio al respecto y se ha permitido que algunos sectores avancen a nuevas formas de impunidad. Tenemos claro que las libertades las entrega el Poder Judicial, pero el silencio de la presidenta ha permitido que se levante una maniobra que encabeza el diario El Mercurio, con el fin de victimizar a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esta lógica es muy perversa para cualquier sociedad, porque se victimiza a los criminales y a quienes demandamos justicia se busca transformarnos en enemigos de los derechos humanos" culminó la presidenta de la AFDD.