Este sábado organizaciones habitacionales de allegados, deudores habitacionales y damnificados  agrupados en la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) celebraron el día del Hábitat. La actividad se desarrolló en el centro de Concepción, en el lugar los vecinos organizados denunciaron cómo el Estado a través de sus políticas públicas ha entregado el derecho a la vivienda y la ciudad a los empresarios de las constructoras e inmobiliarias.

 Primero denunciaron que el Estado no posee una política de gestión de suelo para dar soluciones habitacionales a las familias trabajadoras, pues las soluciones habitacionales quedan en manos del mercado sin planificación urbana social expulsando a los trabajadores de las ciudades. Con respecto a esto, exigen la compra inmediata de terrenos bien ubicados y el uso de terrenos pertenecientes al Estado para soluciones sociales en las comunas de origen de las familias inscritas en los prgramas regulares y también para damnificados por el terremoto.

 Asimismo denuncian que la cantidad de subisidios sociales propuestos por el Estado no son suficientes para la alta demanda de viviendas. Por lo tanto exigen el aumento de estos.

 Igualmente los allegados agrupados en la organización Movimiento de pobladores en Lucha (MPL) evidencian que el nuevo decreto DS-49 que viene a regular el fondo solidario de vivienda busca desarticular y desorganizar los comités de allegados, ya que esta normativa abre paso a las inmobiliarias y constructoras para que sean las que se hagan cargo de la organización, gestión y desarrollo de los proyectos habitacionales de carácter social, desvinculando la decisión de los pobladores en esto y obligándolos a permanecer en la pasividad mientras otros deciden por ellos. También este decreto establece arbitrariamente exigencias para constitución y vida de los comités de allegados, afirmando que este una vez que ha conseguido sus objetivos: viviendas para sus miembros, deja de existir, esto atenta contra la ley 19.418; en esta misma línea este decreto impone requisitos respecto a los representantes legales de los comités de allegados, sin considerar la acción libre y democrática de sus miembros de elegir sus representantes.

 Los deudores habitacionales, agrupados en ANDHA Chile Democrático, por su parte, exigen la condonación total de la deuda de las familias deudoras, que llevan años pagando un dividendo que se materializa en promedio en el pago de 3 casas; también exigen la integración del segmento denominado «emergentes» al sistema regular de todas las familias de menores ingresos.

 Los damnificados del terremoto del 2010, manifiestan que aun en la zona las soluciones habitacionales son insuficientes, lentas, burocráticas y muy precarias. Declaran que las inmobiliarias y empresas constructoras no cumplen con lo definido, asimismo se desconoce la participación de los damnificados en las decisiones que se toman. Por lo anterior exigen que las soluciones habitacionales sean inmediatas, sólidas y transparentes.

 Por último, una demanda generalizada es la eliminación de la Ficha de Protección Social cuyo objetivo solamente ha sido esconder la realidad del país y convertir el derecho a la vivienda en un lucrativo negocio. Exigen, en relación a este punto, un instrumento que no ponga como techo de medición social a la clase media sino más bien la clase más acaudalada del país en la búsqueda de soluciones con mayor igualdad en la distribución de los ingresos.