Entidades de zonas rurales y urbanas se articularon para construir un informe de organizaciones de la sociedad civil (OSC), que expone la situación en la región de Los Ríos con mirada descentralizadora y denunciando las graves violaciones a los DDHH en la zona. En el informe, se exponen desde los casos de desplazamiento forzado en dictadura hasta asesinatos a defensoras/res territoriales.

Ariel Ríos

En la región de Los Ríos se unieron trece organizaciones defensoras de los derechos humanos para exponer la situación en un informe desde las experiencias de cada organización. Previamente, se capacitaron representantes de las entidades a través de talleres que ofreció la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para aprender los parámetros básicos del EPU y su función, y también las indicaciones técnicas para la elaboración de los documentos.

El Examen Periódico Universal se realiza cada cuatro años al Estado de Chile, es un mecanismo que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de revisar de manera periódica la situación en la que se encuentran los Derechos Humanos en todos los Estados de la Organización de las Naciones Unidas. Las OSC, pueden presentar informes propios para exponer y denunciar las prácticas de vulneración de los DDHH desde sus propias exigencias y realizando recomendaciones. El plazo máximo para enviar el documento fue hasta el 11 de octubre de este año.

Entre los principales problemas mencionados se indicó la situación de las personas desplazadas forzadamente en dictadura de los fundos cordilleranos que componían el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP); los asesinatos a defensoras/res del territorio en la comuna de Panguipulli y el avance de iniciativas extractivas como las parcelaciones de terreno; la situación de los derechos de grupos de especial interés como las mujeres, migrantes y personas privadas de libertad; las recientes legislaciones y proyectos de ley que atentan contra los derechos humanos y convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Chile.

La dirigenta de la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, Antonia López Mendoza, quien representa a miles de personas desplazadas durante la dictadura, manifestó sobre la importancia del informe, "esperamos que en otros países se pueda conocer lo que ocurrió durante la dictadura civil militar, lo que significó el desplazamiento para todas las familias. Que en Chile no haya reconocimiento, es algo que nos duele, muchas personas murieron sin poder volver a construir una casa donde vivir".

Por otra parte, Camila Reyes Huentequeo, abogada de la ONG Defensoría Comunitaria, mencionó al respecto, "creemos que el informe nos sirve para poder reafirmar las recomendaciones que se le han hecho ya a Chile en reiteradas ocasiones en EPUs anteriores, buscamos con esto que se velen las medidas adoptadas en el marco de la política migratoria y que se garantice la protección de los derechos básicos de las personas migrantes en relación a los compromisos internacionales".

Las organizaciones participantes fueron desde la comuna de Panguipulli, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, Corporación Entre Lagos y Montañas Fundos Puñir Releco, Corporación Raíces de Toledo, Futa Koyagtun Koz Koz Mapu – Parlamento Mapuche de Koz Koz, Corporación Fundo Pirihueico, Corporación Remeco Unidos, Corporación Hijos de Chan Chan; de la comuna de Los Lagos, Organización Raíces Ancestrales de Enco y Agrupación Social y Cultural de Antiguos Vecinos de Mae; en Futrono la Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono; representando a Valdivia, Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), ONG Defensoría Comunitaria, Corporación Colectivo Sur Memoria y Dignidad.

Cabe mencionar, que esta iniciativa desde la sociedad civil se desarrolla por segunda vez en la región de Los Ríos, el primero se presentó en 2018, dejando un precedente descentralizado y con enfoque regional sobre la materia.