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Organizaciones sociales rechazan Ley de Migración promulgada por Piñera

[resumen.cl] Tras más de siete años desde su ingreso el domingo recién pasado se promulgó la Ley de Migración y Extranjería que vendría a reemplazar la legislación heredada de la dictadura. Sin embargo, lejos de contar con el apoyo de la población, las críticas son múltiples desde las organizaciones sociales, quienes acusan una nula participación de las comunidades en su elaboración como también la presencia de racismo institucional. 

Después de años de tramitación, el proyecto de ley sobre migración y extranjería que se arrastra desde la administración anterior del actual presidente en funciones fue aceptada por el Congreso y promulgada por Piñera.

En un acto realizado el domingo en Iquique, el representante del Ejecutivo indicó que la nueva legislación permitirá «poner orden en nuestra casa, a través de una política ordenada, segura y regular, permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal».

En este sentido, Piñera enfatizó en que la ley apuntaría a hacer frente al «crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes», además del ingreso por pasos no habilitados al país. No obstante, durante más de siete años que la iniciativa ha sido rechazada por organizaciones sociales.

La nula consideración de las comunidades migrantes en su construcción, sumado a una mirada punitiva de los procesos migratorios, dieron paso a una legislación con un débil respaldo social y sin abordar de forma multidimensional la situación.

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Así lo han dado a conocer distintos espacios que trabajan la temática. Tal fue el caso del Movimiento Acción Migrante, donde su secretario ejecutivo, Eduardo Cardoza, señaló que «hay una dimensión enorme que es de una continuidad respecto del enfoque de seguridad nacional que tenía el decreto de ley de Pinochet».

Y es que la legislación, teóricamente, viene a reemplazar la normativa heredada de la dictadura a mediados de la década de los setenta. Sin embargo, la nueva institucionalidad generaría un nuevo sistema de entrega de visas que deberá gestionarse en los países de origen de la población que migre, además de que «a partir de la promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse», indicó Cardoza.

Asimismo, desde la Red Nacional De Organizaciones Migrantes Y Promigrantes En Chile señalaron en un comunicado público que «si se pretende influir en los flujos migratorios, no es a través de la práctica del castigo, de miedo o de la amenaza al sometimiento, sino de la información clara, precisa, accesible por diversos medios de comunicación, en los países de originen, tránsito que les permitan a las personas actuar informados y no confundidos o engañados».

De esta forma, la vulneración de los derechos de las y los migrantes -sumado a no comprender la migración como un derecho humano- ha sido objeto de dura crítica por la población. Ejemplo de aquello es la reciente declaración de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, donde afirman la existencia de un racismo institucional que «construye la ficción que se supone como verdad y actúa como racismo cotidiano», en relación a los dichos de Piñera el pasado domingo.

En estos momentos se está a la espera que la Ley de Migración y Extranjería sea publicada en el Diario Oficial, entrando en vigencia una vez se disponga del Reglamento de Migraciones que elaborará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para lo cual contará con un año de plazo.

Fotografía principal: Johan Berna

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