Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

Este domingo y por segunda vez consecutiva, Michelle Bachelet entregó la presidencia de la República a Sebastián Piñera, tras cuatro años como primera mandataria. A pesar de su salida, Bachelet volvió a hacer noticia durante la última semana de su gobierno. La guinda de la torta no fue el cierre de Punta Peuco, sino la firma del TPP11 por parte de su gobierno. El pasado jueves, 8 de marzo, el ahora ex Ministro Heraldo Muñoz, protagonizó la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, acuerdo que pretende instalar una hegemonía económica en el cono sur, otorgándole un poder incontrastable a las transnacionales, incluso por sobre las jurisdicciones de los países que componen dicho acuerdo.

Tras la salida de EEUU, impulsor e inversor mayoritario del TPP, en enero de 2017, los gobiernos que sí firmaron este jueves dicho acuerdo fueron: Australia, Canadá, Japón, México, Perú, Nueva Zelandia, Vietnam, Singapur, Brunei, Malasia y Chile. El TPP11 (por los once países que lo componen) otorgará a las multinacionales, entre otras garantías, un marco jurídico completamente beneficioso, ya que estas empresas podrán demandar a los estados ante cortes internacionales, si por ejemplo, estos están en desacuerdo con la legislación o regulación de sus negocios al interior de los territorios nacionales.

Distintos movimientos sociales en Chile han criticado y revelado el nocivo impacto que tendrá el TPP11 en todo el país. Sin duda, el secretismo con que los gobiernos impulsaron este tratado ha sido el mayor cuestionamiento. Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), este pacto económico se hizo de una manera sumamente cuestionable "aparte de los problemas de procedimiento, no se informó a la comunidad, no se informó al parlamento y se comprometió cuestiones que debieran ser parte de una decisión soberana del país. Estas no son solo decisiones políticas particulares o meramente económicas".

Cuenca explico que el TPP11, como tratado de nueva generación, incorpora cláusulas que comprometen la soberanía de nuestro país, para decidir sobre cuestiones que son estratégicas. "Por ejemplo; respecto a los recursos, respecto de la posibilidad de que en Chile se pudieran mejorar las legislaciones, se mejore el cumplimiento de los derechos sociales, entre otros. Todo lo anterior queda comprometido a los mecanismos que están amarrados en el TPP11, o sea, cuestiones soberanas de nuestro país que van a quedar en manos directa o indirectamente de las transnacionales."

Cuenca fustiga la obediencia que deberán tener los gobiernos a los fallos de tribunales internacionales que dirimirán en conflictos entre las multinacionales y los estados. "Esta parte del tratado nos subordina como país.» indica. Y agrega que «las empresas tienen un papel protagónico en la conformación de estos paneles arbitrales, este es un mecanismo donde solo pueden reclamar las empresas, no los estados contra ellas. El argumento establecido en el TPP11 que fundamenta un posible reclamo, es que se vean afectadas las expectativas de las empresas, en cuanto a sus ganancias, o sea es un concepto muy ambiguo, un argumento extremadamente amplio".

Uno de los ejemplos que propone el director del Olca es un contexto en el cual suba el sueldo mínimo en el país, "en esta situación y como ha ocurrido en otros países, se puede considerar por parte de las empresas una afectación a su patrimonio, una afectación a sus expectativas de ganancia y eso puede ser llevado a un panel arbitral internacional y puede poner en jaque la posibilidad de mejorar las remuneraciones en nuestros países".

Otro gran impacto que generará la firma del tratado -el que tiene dos años para ser ratificado o desaprobado en los parlamentos de los países firmantes- es su repercusión en la soberanía alimenticia de todo el territorio nacional debido, principalmente, a que los países subscriptores deben plegarse al convenio UPOV91. Este convenio, impulsado en primera instancia por EEUU y ratificado por los 11 países que firmaron este jueves dicho tratado, implica que se privatizará la semilla en Chile, criminalizando su libre intercambio y reproducción. El proyecto debió ser retirado del poder legislativo pòr Bachelet debido a la presión social, sin embargo, la firma y aprobación del TPP11 implica su aprobación, debido a que está incorporado a sus cláusulas.

Sobre las desastrosas consecuencias que tendrá para Chile la validación del convenio UPOV91, Cuenca explica que "esta parte del tratado actualiza las obligaciones de los Estados, relacionado con el respeto de la propiedad intelectual, la patentación y el registro de las especies vegetales. La ley que hace un tiempo Chile aprobó y ratificó, tenía que ver con estas directrices, pero fue congelada debido a la movilización social contra la privatización de la semilla y debido a esto, la ex presidenta tuvo que retirar el proyecto. Con esta ratificación del TPP11 se nos obliga como país a que este tratado vuelva a tener vigencia."

Enfatiza en que esta es una maniobra indirecta, por parte del gobierno de la Nueva Mayoría, de volver a implantar el convenio UPOV91 a espaldas de la ciudadanía, "El gobierno chileno está obligado a promulgar una ley incluyendo el UPOV91, si no va a sufrir castigos por parte de los mecanismos del TPP11. Este ya no es un compromiso relativo, porque en el tratado de libre comercio con EEUU esta cláusula estaba pendiente, ahora se incorpora como una obligación. Incluso los demás países pueden reclamar si Chile no se pone al día en esta materia".

Esta medida implica una serie de obligaciones respecto al registro y patentación de especies vegetales y su protección como propiedad intelectual de las empresas "permitir este convenio y su patentación es permitir que Monsanto haga usufructo comercial de una semilla y por lo tanto limitará su uso por parte de los campesinos y se les exigirá el pago anual los derechos por el uso de esas semillas. Todo esto incorpora con mucha más claridad el UPOV91 y por su parte, los gobiernos se comprometen a montar una especie de policía que sancione a los agricultores que no respeten la propiedad de las empresas; quienes además serán llevados a los tribunales, recibiendo sanciones con multas o cárcel, por utilizar una semilla por la cual no pagó" afirma el vocero.

Consultado las iniciativas que llevará a cabo todo el movimiento social en contra del TPP11 "Chile mejor sin TPP", Cuenca comentó que seguirán denunciando la firma del tratado y que se está intentando sensibilizar e incorporar a más sectores al pronunciamiento y al trabajo en contra del TPP11, pues hay un periodo en que el tratado debe ser aprobado o rechazado por el parlamento. «La responsabilidad del movimiento social en los próximos meses es informar, presionar y generar movimiento para que esto no sea ratificado. Sabemos que los parlamentos chilenos son buzones para las aprobaciones de los TLC, de los cuales Chile ya suma, al menos, 25 acuerdos económicos" finaliza Cuenca.

Foto: El diario.es