Organizaciones de la sociedad civil que velan por la prevención de la violencia digital, acoso, amenazas y difusión de imágenes intimas, se unieron junto a parlamentarias/os de diferentes coaliciones políticas para sancionar la violencia en los espacios digitales con un proyecto llamado «#NoMásViolenciaDigital», el cual busca educar, sancionar, prevenir estas situaciones.

Por Valentina Luza Carrión

La cuarentena y el aumento de la vida en el espacio digital ha puesto en el debate público la urgencia de regularizar la violencia que se vive en internet, con el propósito que este sea un espacio seguro para todos, todas y todes.

Es por ello que hace unos días se presentó el proyecto #NoMásViolenciaDigital, el que busca sancionar estas acciones amparadas por una ley que especifique las conductas y/o los pasos que se deben seguir. También, este será determinado de una forma integral, puesto que los fondos recaudados -producto de las multas que establece el mismo- serán destinados para prevenir, generar mecanismos de reparación para las víctimas y resocializar a victimarios.

Las acciones que se determinan como violencia digital son el Cyberstalking (acoso digital) que se usa para hostigar de forma reiterada, afectando la vida e integridad de una persona, mientras que la suplantación de identidad de forma no consentida con el objetivo de intimidarla, hostigarla y/o humillarla, también entra entre las clasificaciones.

Asimismo, la difusión de contenido íntimo no consentido, por cualquier medio, ya sea imagen, registro audiovisual, real o simulado de desnudo total, etc., busca estar especificado en esta ley, como también el Doxing o exhibición de datos personales en el espacio virtual que te permite ser identificable, ya sea como tu número celular, correo eléctrico, entre otros.

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El proyecto también contempla el Cyberflashing, el envío privado o exhibición pública de material no solicitado, cuyo contenido es violento o con una connotación sexual y es considerado un acto de violencia. También los discursos de odio contra mujeres y disidencias sexuales, los cuales se busca que sean erradicados y multados, siendo considerados expresiones de odio graves, que deben ser controlado por entes gubernamentales.

Al respecto, la diputada Maite Orsini expresó a los medios que «en las redes sociales, que no son sino una extensión del espacio público, también ocurren violencias típicas del espacio físico, como el acoso, las amenazas o la vulneración a la privacidad". Por su parte, la diputada Maya Fernández enfatizó en que esta violencia digital afecta con mayor determinación a mujeres y disidencias, según lo estudiado por las organizaciones que respaldan el proyecto.

Asimismo, desde las organizaciones civiles que acompañan y reciben distintos relatos de estas violencias, entre ellas Amaranta ONG con Proyecto Aurora de Concepción, y que participaron en la elaboración del insumo que respaldará esta ley, comentaron que "consideramos que internet tiene que ser un espacio libre, donde podamos expresarnos abiertamente sin temor a sufrir violencia", agregando que confían que a través de la comunidad abordar estas violencias en forma conjunta es un gran paso para avanzar.

Erika Montecinos, de agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, indica al respecto que los discursos de odio no pueden ser considerados libertad de expresión y que la tramitación de esta ley significará un gran paso para regularizar un espacio aún inseguro para las disidencias.

Un estudio preliminar lanzando por Proyecto Aurora, colectiva que realiza activismo contra la violencia digital a mujeres y disidencias,  realizó una encuesta a 531 personas de diferentes regiones, donde un 73,8 % de ellas declaró haber sido víctima de violencia de género en línea. Asimismo, una encuesta de Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) declaró que 8 de cada 10 mujeres entre 18 a 26 años han sufrido alguna situación de ciberacoso sexual durante su vida.

En los próximos días se conocerán más detalles respecto al proyecto, el que está siendo puesto en marca por las diputadas y diputados Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (CS), Marisela Santibáñez (PC), Maya Fernández (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Jorge Alessandri (UDI), Marcelo Díaz (Unir) y Miguel Ángel Calisto (DC).

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil involucradas son  Abofem, ONG Amaranta, Observatorio contra el Acoso Chile, Proyecto Aurora, Hablemos de Ciberacoso, Ley Pack Ahora y la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Fotografía principal: ladobe.com.mx