[resumen.cl] Un sumario administrativo e investigaciones judiciales por el presunto delito de fraude al fisco se están desarrollando al interior de la Intendencia de Coquimbo luego que el Gobierno Regional, liderado por Lucía Pinto (UDI), gastara $9.800 millones sin la toma de razón de Contraloría en la adquisición de terrenos, cuestión que es obligatoria al momento de invertir con recursos públicos.
Un nuevo caso que implica presuntos delitos relacionados con el gasto público ha sido destapado durante esta jornada.
La información, publicada por Radio Bío-Bío, da cuenta de una investigación que está siendo llevada a cabo por la Fiscal Regional de Valparaíso Claudia Perivancich.
En esta, se apunta al presunto fraude al fisco vivido al interior de la Intendencia de Coquimbo, liderada por la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Lucía Pinto, donde se procedió a la adquisición de un terreno por la suma de $9.800 millones pese a que su valoración superaba poco más de $4.000 millones, procedimiento habría sido irregular debido a que la adquisición se llevó a cabo sin que Contraloría tomara razón del trámite, lo cual es obligatorio al momento de utilizarse recursos públicos.
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Según antecedentes entregados por el medio, la adquisición del terreno se llevó a cabo a fines de 2019 y fue pagado íntegramente el 28 de julio de 2020.
Sin embargo, la adquisición promovida por el Gobierno Regional -donde se contemplaban cuatro contratos- fueron rechazados por Contraloría, razón por la cual la compra realizada, cuyo gasto es cercano a los $10.000 millones, ha dado comienzo a un sumario administrativo que contempla tanto a Pinto como también, eventualmente, a funcionarios/as de la institución.
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Además de un gasto notoriamente mayor a la tasación de los terrenos adquiridos, Contraloría dio a conocer que las escrituras designan que estos contemplan 50.000 metros cuadrados, pero que el gasto del GORE considera 60.000 metros cuadrados.
La finalidad de la adquisición de los terrenos habría sido con la intención de compensar a la Municipalidad de La Serena para establecer un nuevo centro deportivo a partir de la oferta presentada por sociedades inmobiliarias.